Nadie le prestó atención a la columna de La Nación del pasado 27 de febrero en la que Morales Solá, el vocero oficioso más importante de la embajada norteamericana, escribió: “El contrato básico de su gobierno (el de Kirchner) con Washington consiste precisamente en que la administración del actual presidente (Kirchner) sería implacable aquí con el terrorismo… (sic). Y una de las famas de Kirchner es la de insobornable cumplidor de pactos (!!!)… Debería, por lo tanto, movilizar al Congreso”. Es precisamente en el Parlamento donde se encuentran “dos convenios internacionales de lucha contra el terrorismo, ambos reclamados por Washington”, insistía La Nación dos semanas más tarde.

 

Hasta donde llega el conocimiento de la opinión pública, el único episodio que conoció la Argentina fue una acción de terrorismo de Estado contra la embajada sionista y la sede de la comunidad judía, que hasta el día de hoy las instituciones estatales, así como los servicios de espionaje de Estados Unidos e Israel, han encubierto metódicamente. Los convenios en cuestión no se proponen, sin embargo, combatir ese terrorismo de Estado sino, al revés, otorgarle un estatuto legal, pues anula importantes derechos ciudadanos y entroniza el derecho del Estado a imponer medidas de excepción.

 

La esencia de la cruzada del imperialismo yanqui contra el terrorismo consiste en convertir en delito cualquier forma de resistencia contra un régimen de opresión e incluso de oposición política consecuente que adquiera un carácter de masas. Los funcionarios norteamericanos, por ejemplo, han reclamado sistemáticamente la penalización de las movilizaciones piqueteras. Tanto los gobiernos de Estados Unidos como de Gran Bretaña han establecido medidas de excepción contra los derechos ciudadanos que fueron declarados inconstitucionales en las cortes de Justicia. El inglés Blair, sin embargo, acaba de imponer en el Parlamento una ley de excepción que fue criticada incluso por la Cámara de los Lores. Bajo la definición de terrorismo y, más aún, de la necesidad de prevenirlo, la nueva ley británica permite arrestar a cualquier sospechoso, por medio de “órdenes de control”, que deben ser confirmadas por la Justicia con posterioridad. De este modo, el gobierno se convierte en órgano judicial, o sea que se autoriza la liquidación de derechos políticos. La agenda contra el terrorismo, como acaba de ser consagrada en una reunión internacional en Madrid hace pocos días, establece una colaboración obligada entre servicios de inteligencia que no puede ser otra cosa que la dominación del servicio del Estado más poderoso sobre el del más débil, es decir una sujeción colonial. La firma de estos convenios a consideración del Congreso modifica la naturaleza del régimen político argentino y convierte al kirchnerismo en sinónimo de cipayaje. La Nación dice que la visita del embajador norteamericano a Aníbal Fernández y, decimos nosotros, el próximo desembarco de Rumsfeld, jefe del Pentágono, son el “trasfondo (que) sirve para explicar el extremo interés que en los últimos días evidenció el Gobierno para que ambos convenios se aprueben en el Congreso y así enviar una señal concreta a los Estados Unidos” (7/3).

 

Un especialista acaba de destacar en Clarín (7/3) “el nivel de sofisticación y de realismo de la nueva agenda del nuevo comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Bantz Craddock”. “Craddock focalizó su atención en los ‘Estados débiles’… y consideró que la… inestabilidad política y el populismo radical representan amenazas significativas a la seguridad”. Estas caracterizaciones convierten a Hugo Chávez y a Evo Morales, así como a cualquier piquetero o a quien ocupa una empresa, en un terrorista. O sea, en el blanco potencial de los convenios que está por ratificar el Congreso argentino.

 

El convenio convierte en terrorista a cualquiera que lance una bomba molotov, no importa si lo hace en represalia por los disparos o gases lacrimógenos de la guardia de seguridad privada de Coto. Lo mismo para quien secuestra un medio de transporte, por ejemplo trasladando el vehículo de trabajo a una manifestación sindical o popular. En estos casos, según el convenio, la acción no sería tipificada de política o gremial ni por lo tanto amparada como una defensa de derechos económicos o políticos colectivos. Las colectas de solidaridad con otros pueblos, por ejemplo la Intifada palestina o la resistencia iraquí, serían actos terroristas, no así las contribuciones norteamericanas al Estado o colonos sionistas ni el bombardeo de Irak o Libia. El convenio suprime el derecho de asilo y el refugio político a toda persona sobre la que, aunque no sea terrorista, existan “motivos fundados” que puedan revestir esa condición, definida a su vez en términos de resistencia o como expresión de ‘populismo radical’. La Nación informa que “El canciller Bielsa se reunió con el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, para apurar la sanción de los convenios; y que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, también le había advertido sobre las serias consecuencias (!!) que sufriría nuestro país si no cumple con el Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional”. Para integrar esta institución es necesario establecer una legislación de excepción a las normas constitucionales, con la justificación de la lucha contra el terrorismo.

 

El imperialismo mundial pretende instaurar el gobierno de los servicios de inteligencia y convertir a las constituciones en hojas de parra, en mayor medida de lo que ya son. Pero lo que importa para la Argentina y América Latina es que el establecimiento del estado de sitio con ropaje constitucional lo llevan adelante gobiernos nacionales y populares e incluso socialistas e izquierdistas. Es decir que comportan la asociación del progresismo, de la capa superior de la pequeña burguesía de izquierda y de la burocracia sindical en el establecimiento de una suerte de terrorismo de Estado que es justificado por la necesidad de combatir el terrorismo. El establecimiento de un Estado de excepción destruye cualquier posibilidad de mejoramiento social o de alguna tentativa de redistribución del ingreso, porque ella requiere autonomía del estado, aunque sea mínima, respecto al imperialismo.

 

Abajo el Estado policial. El 24 de marzo, movilicémonos contra el intento de instaurar la guerra de Bush en la Argentina.