A pesar de la “discreción” y “mesura” con que fue tratado en todos los medios, el sobreseimiento a Anibal Ibarra constituye un verdadero escándalo jurídico. En un expediente judicial que lleva ya más de un año y medio, la jueza Crotto nunca citó a Ibarra a declaración indagatoria. En esas condiciones, desconoció las numerosas evidencias respecto de las “alertas” recibidas por el propio Ibarra, durante meses y años, sobre el funcionamiento ilegal de los boliches en la Ciudad. La jueza alegó que “las competencias específicas correspondían a cada área”, es decir, que sobreseyó a Ibarra en nombre de la “descentralización” del aparato administrativo de la Ciudad. Toda la investigación legislativa, sin embargo, ha demostrado lo contrario: es decir, que Ibarra y su camarilla centralizaron al extremo la relación con los boliches, al punto de armar un acuerdo con la cámara empresaria respectiva para que “los propietarios se autocontrolen”.

Aunque el gobierno de Kirchner se “llamó a silencio” frente al fallo, nadie puede llamarse a engaño. José Iglesias, familiar de Cromañón, denunció que Ibarra participará de la lista kirchnerista que llevará en Capital a Miguel Bonasso como candidato a diputado y, seguramente, a Scioli como candidato jefe de Gobierno. Ibarra ha sido sobreseído por una Justicia borocotizada.

El fallo sirvió, también, para mostrar la pusilanimidad de toda la oposición porteña, particularmente de aquellos que — bajo la presión popular — terminaron votando la destitución de Ibarra. “Una cosa es la responsabilidad penal y otra la responsabilidad política”, dijeron en supuesta defensa del juicio de la Legislatura. El fallo de Crotto, sin embargo, cuestiona los propios argumentos del juicio político, ya que sostiene que “en 2004 hubo más inspecciones y clausuras que en el año anterior”, sin importarle, por supuesto, que dichas “inspecciones” se realizaban con previa “consulta” con el Ejecutivo municipal. Lo cierto es que el fallo judicial cuestiona al juicio legislativo, y que Ibarra lo utilizará para reforzar su presentación ante la corte porteña en favor de su restitución. Es que el principio de la “descentralización de responsabilidades” sirve para encubrir todas las corruptelas de la burocracia del Estado capitalista: por eso, todos ellos fueron “solidarios” con la jueza Crotto.