Jorge Casaretto es obispo de San Isidro y titular de Cáritas (la entidad de la Iglesia dedicada a la ayuda social) y fue representante del clero en la Mesa de Diálogo Argentino que parió el Plan Jefes y Jefas de Hogar junto a Duhalde y el Banco Mundial. En un violento ataque a la “cultura de la vagancia” reclamó “que los titulares de los subsidios realicen una contraprestación laboral” y exigió “despolitizar” los planes sociales.

Kirchner salió a apoyarlo de inmediato, punto por punto.

Antes de estos planteos, los patrones de la Cámara Argentina de la Construcción (Cac) habían “denunciado”: “En lo que es mano de obra no calificada, ahí gana la filosofía de no trabajar y tener la seguridad de cobrar los 150 pesos” (La Nación, 13/11).

Los datos de la infamia

Pero ¿cuánto percibe, contante y sonante, un peón de la construcción por jornadas que rondan las 12 horas diarias? Trescientos ochenta pesos por un trabajo que registra la mayor proporción de accidentes mortales.

El desocupado que pudiera trabajar en la construcción se quedaría sin el plan Jefes y Jefas una vez finalizado su contrato. El mismo vicepresidente de la Cac lo admite: los desocupados “temen que cuando se termine la obra no se les vuelva a pagar el subsidio” (Ambito, 13/11).

Con estos datos a la vista se puede apreciar toda la infamia. Se quiere hacer aparecer a los desocupados como “vagos”, siendo que las patronales ofrecen un salario infame por un trabajo en condiciones de flexibilidad laboral, sin siquiera la garantía de seguir cobrando el plan Jefes y Jefas una vez que vuelvan a quedar desempleados.

Techo y despido

El gobierno de Duhalde cedió en su momento el control de los planes sociales al Banco Mundial, quien impuso la “contraprestación laboral” de “al menos dos tercios” de los beneficiarios y determinó el techo de los 150 pesos.

Se trazó de este modo una política de desplazamiento de mano de obra de carácter permanente. El ajuste en las provincias y comunas sólo puede concebirse con este método.

El plan para subsidiar el empleo “genuino” del que se benefician las empresas agrupadas en la Cac (150 pesos pagados por el Estado y la diferencia, hasta completar el salario de convenio, por el empresario) prevé que los capitalistas sólo realicen aportes a la seguridad social por el monto del salario que les toca pagar y que puedan despedir al trabajador sin indemnización tres o cuatro meses más tarde. Las declaraciones de los patrone s de la Cac preparan el terreno para sacarle el plan Jefes y Jefas a quien se niegue a trabajar en una empresa que solicite personal (Clarín, 22/11).

Objetivo estratégico

El debate en torno a la “cultura del trabajo” encubre estos intentos. Por esta razón, el Bloque Piquetero convocó a la Marcha por el Trabajo y contra la Infamia para reclamar a la Cámara de la Construcción:

• Puestos genuinos de trabajo en las obras públicas en base al padrón de trabajadores desocupados de las propias organizaciones, empleados bajo convenio y a través de una Bolsa de Trabajo permanente bajo control de esas organizaciones.

• Garantía de continuidad del plan Jefes y Jefas para cuando termine la obra.

• Reducción de las horas de trabajo para crear uno o dos turnos adicionales y emplear toda la mano de obra disponible.

• Reapertura de fábricas y defensa de las fábricas recuperadas por los trabajadores a través de la expropiación de edificios y maquinarias, la gestión obrera colectiva y la compra de bienes producidos a cargo del Estado.