La denuncia de Kirchner contra la Cámara de Casación por el “atraso deliberado” en el enjuiciamiento de los represores de la dictadura es, antes que nada, una nueva muestra de la hipocresía oficial.

 

La Corte de Casación tiene paradas las causas de la Esma y del Primer Cuerpo (la represión en Buenos Aires) desde octubre de 2003. Gracias a esta demora, cientos de represores fueron liberados porque se venció el plazo de su prisión preventiva; de los casi 300 procesados, sólo cinco han sido condenados. Durante todos estos años, mientras Casación cajoneaba los juicios, el gobierno de Kirchner no abrió la boca sobre el tema, a pesar de las reiteradas denuncias formuladas por organismos de derechos humanos. Tampoco lo hizo el Consejo de la Magistratura (de mayoría oficial), que tiene la potestad de dictar el juicio político a los camaristas. Es decir que durante estos tres años el gobierno nacional fue cómplice del “retraso deliberado” de los juicios a los represores por parte de la Cámara de Casación.

 

El gobierno es casi un “autor intelectual” de los “atrasos deliberados”. En agosto de 2003, impulsó la anulación de las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” con el objetivo, al menos principal, de impedir la extradición de los represores que reclamaban varios tribunales europeos. “Ahora serán juzgados por la Justicia argentina”, declaró entonces el oficialismo. Todo esto explica que algunos de los detenidos en el extranjero, como el represor Cavallo, hayan solicitado su “extradición” a Argentina… Apenas unas semanas después, las causas de la represión comenzaron a llegar a la Corte de Casación. El gobierno era plenamente consciente de que la Cámara de Casación era una traba para los juicios, por los antecedentes de sus miembros.

 

Su presidente, Alfredo Bisordi, se había negado en 1984 a actuar en el equipo de fiscales que juzgó a los comandantes de las Juntas. Estuvo al frente de la “investigación” del atentado en la Embajada de Israel, que se estancó enseguida. En 1993, cuando fue designado en la recién creada Cámara de Casación, “la Asociación de Abogados, la más progresista de las entidades forenses, cuestionó su designación” (La Nación, 27/3). En un escrito calificó como “delincuente terrorista” a Graciela Daleo, sobreviviente de la Esma.

 

Como fiscales de este tribunal actúan Raúl Plee y Juan Martín Romero Victorica, dos hombres considerados como de “extrema derecha” en medios judiciales (Página/12, 27/11/05). Plee pidió al juez Larrambere la prisión preventiva del Comité Nacional del Partido Obrero en mayo de 1989. En el acto de asunción de Romero Victorica como fiscal de Casación participó José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de los genocidas, que se abrazó con el fiscal inmediatamente después de su juramento.

 

La Cámara de Casación es una cueva de amigos políticos de los represores y genocidas. Todo esto era perfectamente conocido.

 

El ataque de Kirchner contra la Cámara de Casación es una expresión del completo fracaso de su política de “derechos humanos”. Incluso, hasta es posible que el “affaire” Casación sea una simple pantalla de razones menos “heroicas”: según informa Clarín (26/3), “el gobierno ‘está preocupado’ porque en los próximos días llegaría a Casación un incidente colateral del ‘caso Skanska’, una causa por presunto pago de coimas” que involucra a varios funcionarios del gobierno, entre ellos el “cajero” De Vido.