Durante seis días, el Consejo Provincial de Educación estuvo ocupado por los docentes, quienes reclaman ante los descuentos indiscriminados efectuados por los días de huelga y como respuesta a la amenaza de procesar penalmente a los directivos y supervisores que adhieren al paro.

 

La ocupación del CPE fue una respuesta desesperada de la docencia en un conflicto interminable. Lo que se busca es el diálogo con las autoridades para la devolución de los días de paro, el fin de los aprietes y el establecimiento de una pauta salarial para este año, que hasta ahora es de 0 (cero) por ciento.

 

La toma fue pacífica. Se permitió la salida de todos los empleados y funcionarios del CPE, no obstante lo cual su presidenta, María Cecilia Velázquez, su vice, Ismael Enrique, y un par de funcionarios más decidieron quedarse en el lugar para establecer una “pulseada” con los docentes ocupantes. La asamblea docente resolvió entonces permitir que permanezca en el edificio una guardia policial, agregada a la seguridad habitual, a modo de garantía de que ningún funcionario sería agredido u hostilizado.

 

A partir de ese momento, estos funcionarios permanecieron en sus oficinas, victimizándose como si fueran “rehenes”, cuando lo cierto es que se encontraban allí por propia decisión y podían abandonar el edificio cuando lo desearan, con el agregado de la protección policial ya mencionada.

En estas condiciones, sin embargo, el vicepresidente del CPE, Enrique, ha comparado su situación en el edificio con las detenciones ilegales y las “mesas de tortura” de la dictadura, en una acusación que asimila a los docentes y al Partido Obrero como sus carceleros y “torturadores”. 

 

Muchos docentes –y también muchos militantes del PO– fueron torturados de verdad en aquellos tiempos y no merecen semejante afrenta. En aras de rodear de una supuesta épica la aplicación de un ajuste brutal en la provincia, los funcionarios kirchneristas caen en el ridículo. Parece que no alcanzó la comparación de Boudou con San Martín realizada por Fernanda Vallejos, la compañera de fórmula de Cristina, que ahora estos funcionarios de cuarta pretenden equipararse a las víctimas del terrorismo de Estado y comparar a los docentes que protestan con los genocidas. 

 

Desde el Partido Obrero desmentimos todas y cada una de las acusaciones que se realizaron en nuestra contra y en contra de la ADOSAC por parte de las autoridades educativas de Santa Cruz y las consideramos a ésta una provocación destinada a profundizar el conflicto que lleva cuatro meses largos sin clases. 

 

La confrontación para imponer el ajuste y congelar los salarios es kirchnerismo en estado puro, como corresponde a su versión santacruceña, siempre más parecida que otras versiones a la original de los años 90.