En el día de ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el subsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunieron con empresarios de las alimenticias y de las cadenas de supermercados para discutir sobre los aumentos de precios. Como resultado de la misma, Kulfas dio una conferencia de prensa por la tarde en la que “instó” a las empresas a retrotraer los precios a los valores del 10 de marzo y a “dar explicaciones” sobre las subas de entonces a esta parte, que alcanzan hasta un 20% y consagran un 4,6% de inflación solo en lo que va de marzo en los alimentos sumándose al 12% acumulado del año. El gobierno vende espejitos de colores, pero las alimenticias y los supermercadistas siguen subiendo los precios sin tener que demostrar nada.

Aunque el gobierno se quiera mostrar amenazante, el punto es que ni piensa en violar el secreto comercial capitalista. Para peor aún, el propio discurso oficial atribuye la suba de precios a la guerra en Ucrania y su impacto en las commodities, pero eso deja en evidencia a un gobierno con la cabeza gacha ante los dueños del complejo agroexportador que hace grandes negocios en el mercado internacional con los alimentos desde un país hambriento.

Ayer nomás le dieron a las empresas “24 horas” para argumentar las subas en los precios. Según Kulfas, “hubo momentos de tensión” en la reunión, porque todos los empresarios le echaban las culpas o señalaban como responsables a otros sectores de la cadena de valor. Una vez más, las evasivas son posibles gracias a la predominancia del secretismo de los costes y los márgenes de ganancia, desde el campo a las góndolas.

Alberto Fernández aseveró que “si el diálogo no funciona, no le va a temblar el pulso para defender los sueldos”. Esto es lisa y llanamente una tomada de pelo, cuando fijó un incremento del salario mínimo del 45% en cómodas cuotas hasta diciembre: lo mantiene en niveles de indigencia. Los funcionarios volvieron a insistir con que aplicarían la Ley de Abastecimiento, pero eso solo confirma que las empresas continúan retaceando productos en las góndolas, y, por lo tanto, que todos los programas oficiales son un fracaso. En este sentido, está en pleno debate la renovación de Precios Cuidados a partir del 7 de abril con una “autorización” a la suba del 3% de los productos contemplados y la posibilidad de que abarque a otros nuevos, pero es francamente testimonial.

En una nueva reunión en el día de hoy los representantes de la cámara alimenticia (Copal) acercaron la sugerencia al gobierno que se reduzca el IVA (La Nación, 21/3). Esto expone que el gobierno mantiene un enorme gravamen al consumo popular, que se beneficia del encarecimiento de los bienes indispensables para la población trabajadora. Comprobamos que tras estos tironeos ni los empresarios ni quienes nos gobiernan tienen interés genuino en resolver el problema de la inflación; más bien esta es una vía para intentar cumplir con las metas fiscales del Fondo.

Al momento de escribirse estas líneas el gobierno anunció que se acordó con las empresas alimenticias la regresión de los precios hacia los valores del 10 de marzo. Es directamente un anuncio publicitario para simular una batalla en el marco de su “guerra contra la inflación”, y que en los hechos no tiene el menor efecto real, mucho menos hacia adelante, si consideramos que solamente en los primeros dos meses del año los alimentos aumentaron un 12% (y pudiendo llegar hasta un 14% en almacenes y comercios barriales, que comprenden hasta el 70% de la venta minorista).

Para “combatir a los especuladores” hay que empezar por abrir los libros de toda la cadena de valor al control obrero, corroborando los costos reales de producción y los márgenes de ganancia, y seguir por nacionalizarla de punta a punta; también bajo control de los trabajadores. La “mesa de los argentinos” no va a ser cuidada si quienes proveen el pan son los pulpos que especulan con los precios del mercado internacional o quienes remarcan los precios semana a semana arbitrariamente. En el mismo sentido entonces es que hay que avanzar a nacionalizar, también bajo directiva obrera, el comercio exterior del país.

Luego, la inflación que ya se consagró sobre los precios solo puede ser superada con una verdadera recomposición del salario y los ingresos, que sea acorde a la canasta básica familiar, mientras que el gobierno se empecina en festejar como toda una conquista que se siga garantizando un mínimo ahogado por la línea de indigencia, o intenta fijar paritarias con un techo del 40% para el año en curso mientras analistas propios y ajenos anticipan una inflación no menor al 55%.

Estas medidas son parte de un programa que deben dirigir quienes viven de su trabajo en defensa de sus condiciones de vida, y que ni los empresarios, ni el gobierno ni cualquiera de los bloques de todo el arco del régimen político patronal están dispuestos a llevar. Su telón de fondo es una orientación económica dirigida por el FMI, que a su vez vaticina nuevos saltos devaluatorios y la consolidación de un sistema de saqueo que solamente echa más leña al fuego de la inflación. Hay que romper con este régimen fondomonetarista y avanzar en esta dirección o seguiremos siendo devorados por el encarecimiento sistemático.