Las cifras positivas del índice con que el Indec mide la actividad económica en el país expresaría según los voceros oficiales que estamos ante un repunte sostenido y un rumbo de salida de la crisis. Es, en realidad, una foto recortada para montar una coartada estadística de la situación crítica que sufrimos los trabajadores, con una política económica tan subordinada al acuerdo con el Fondo como empantanada.

El Estimador Mensual de Actividad Económica de septiembre muestra una mejora del 1,2% respecto de agosto y del 11,6% en la comparación con el mismo mes del año pasado, cuando todavía regían las restricciones sanitarias. La serie desestacionalizada arroja mejoras en relación incluso a la prepandemia. Los papers del Ministerio de Desarrollo Productivo hablan de una homogeneización de la recuperación en la mayoría de las actividades.

Lo que hay que destacar, sin embargo, es que el índice en cuestión demuestra antes que nada el declive de la economía nacional, porque la base de comparación es un retroceso sostenido año a año: -2,6% en 2018, -2% en 2019 y -9,9% en 2020. En efecto, la tan festejada “recuperación” no sale del estancamiento que caracteriza la actividad económica de los últimos años.

Vale tener en cuenta que el informe del Indec registra el mayor salto interanual en la categoría “otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales”, donde presumiblemente la informalidad laboral es la regla.

En lo que hace a la industria, si bien desde ya se ubica por encima de los niveles del año pasado, la idea de un despegue no se condice con la realidad general (salvando ciertos rubros como el acero o la farmacéutica, por lo demás fuertemente concentrados): el CEP XXI del Ministerio de Desarrollo Productivo advierte que en octubre el consumo de energía desestacionalizado fue 0,9% menor que en septiembre. La utilización de la capacidad industrial instalada hace años que no supera el 65%, y la inversión sigue por debajo de los niveles ya bajísimos de 2018 (en torno a 15 puntos del PBI).

Lo más palpable de esta imagen distorsionada por el discurso oficial es, por supuesto, la situación de los trabajadores. El mencionado centro de estudios ministerial celebra que la cantidad de puestos de trabajo asalariados formales industriales habría superado en septiembre las cifras de 2019, cuando sus registros muestran unos 65.000 menos que los que había en enero de 2018.

Otros índices del Indec reflejan además que en el segundo trimestre de 2021 los puestos total eran 800.000 menos que en el último año del mandato macrista, pero además que con casi 200.000 empleos menos que en el tercer trimestre de 2020 se trabajaron unas 350 millones de horas más. Esta intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo es lo que explica que en la participación de los salarios en el valor agregado se haya derrumbado a mínimos históricos (en torno al 40%).

La conclusión es que asistimos a una reactivación económica, pero que no sale de los marcos de la deprimida economía argentina ni expresa una reversión de la huelga de inversiones que sostienen los capitalistas. Es sobre las espaldas de una clase obrera más pauperizada que se carga la mayor actividad, y es precisamente para consagrar esta sobreexplotación que las cámaras patronales y el gobierno intentan imponer una reforma laboral, con la colaboración abierta de la burocracia sindical como sucedió en Toyota con el Smata.

Para dar un rumbo de industrialización y crecimiento a la Argentina es necesario un volantazo de 180 grados, empezando por la ruptura con el FMI y el cese del pago de la deuda, para invertir las riquezas en el desarrollo nacional. Es una perspectiva que exige que el asiento del conductor sea ocupado por la clase obrera.

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