En el acto realizado el martes 31 para exigir la inmediata reconstrucción del hospital Álvarez -que a seis meses del incendio opera a un 40% de su capacidad- se resolvió convocar a una nueva movilización para el 10 de agosto e impulsar para ese día un paro general. Organizado por los trabajadores autoconvocados del hospital y por la interhospitalaria, el acto fue una verdadera asamblea popular: más de la mitad de los casi 300 presentes eran vecinos que se atienden allí. Sutecba, la Asociación de Médicos Municipales y la Asociación de Profesionales actuaron contra la movilización; de ese modo, reeditaron el pacto con la administración PRO, que se extiende mucho más allá de sus filas. Finalmente, el acta que dispone la amputación del hospital Borda para erigir el Centro Cívico -otro de los escenarios del vaciamiento- lleva cuatro firmas que evidencian una "política de Estado": la de Amadeo Genta, secretario general del Sutecba; la de Andrés Rodríguez, secretario general de la Upcn; la de Jorge Girardi, titular de la AMM, y la de la vice jefa del gobierno PRO. ¿Pero acaso no fue Juan Cabandié, diputado de La Cámpora en la Legislatura, quien se pronunció públicamente en apoyo al proyecto del Centro Cívico y al traslado de pacientes en nombre de la "desmanicomialización"?

Se frenó "la cajita feliz"

También convocado por la interhospitalaria y por las organizaciones recuperadas del hospital de Niños, se realizó otro acto 48 horas después, contra la afectación de su espacio para construir una casa McDonald’s para reposo de familiares… ¡a cambio de 20 años de publicidad gratis! Cuando estaba en discusión un pronunciamiento a ser firmado masivamente contra el intento, el fallo de una jueza lo frenó momentáneamente. En paralelo, luego del paro y de la movilización en el hospital Fernández, el gobierno prometió el ingreso de 300 enfermeros. Se trata de victorias contra el proceso de vaciamiento que sigue presente en el cierre de servicios en el Muñiz, en el cierre de la terapia intensiva pediátrica por falta de personal en el Durand, en el funcionamiento al 40% del Lagleyze, en la continuidad del desmantelamiento del Borda y del Moyano o en la "dictadura de los módulos" en la Maternidad Sardá. En una o en otra de estas actividades han estado presentes legisladores del Frente para la Victoria y de Proyecto Sur -Jorge Selser preside la Comisión de Salud desde hace muchos años. Utilizaron la tribuna a pesar de no haber jugado papel alguno en la organización de esta acción o de otras. Varios de ellos han sido testigos en silencio del desvío de las partidas del presupuesto de salud, que se ha efectivizado en un 10% de su monto mientras se produce el desmantelamiento de los hospitales. Una banca que represente los intereses de los trabajadores debería exigir una ley contra el vaciamiento -inspirada en la presentada por la banca del Partido Obrero en la Legislatura en 2002-, que no sólo plantee la reconstrucción integral -infraestructura, ingresos de personal, insumos-, sino que ordene la elección de una comisión de defensa de la salud y de los hospitales, con representantes electos por los trabajadores y por delegados de base de los sindicatos, que se haga cargo del presupuesto y de esa reconstrucción. Tribuna de Salud propone convocar una gran asamblea de representantes del movimiento de lucha en los hospitales para organizar una marcha blanca a las sedes de los responsables del vaciamiento, para exigir la reapertura de las paritarias, la reconstrucción de los hospitales y la elección de comisiones de emergencia. Elena Florín