Distintas organizaciones sociales oficialistas convocaron para este jueves desde las 11 horas a una movilización desde el Obelisco al Congreso, para impulsar el tratamiento urgente de una serie de proyectos “progresistas”. De habilitarse las sesiones de emergencia, el gobierno tendría quórum para votar el paquete de ajuste dictado por el FMI: no hay agenda “progresista” que sea compatible con tamaña claudicación ante el imperialismo.

De la medida participaron distintas organizaciones nucleadas en la Utep, con excepción del Movimiento Evita, las cuales reclaman el tratamiento urgente de seis proyectos de leyes impulsados por estos sectores: la Ley de Envase, Ley de Acceso a la Tierra, Ley para Personas en Situación de Calle y Familias Sin Techo, el proyecto Tierra, Techo y Trabajo, la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160 y la Ley Bety Quispe, para el establecimiento de “promotoras y promotores territoriales de género y diversidad”.

La puja para que se incorporen estos proyectos a las sesiones extraordinarias tiene implícita la apertura del Congreso al tratamiento del paquete de leyes ajustadoras por el que bregan el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán.

¿Coexistencia pacífica con el ajuste?

Entre las leyes que pretende aprobar el gobierno se encuentra el Presupuesto 2022, con un alto componente de ajuste del gasto público y una proyección inflacionarias más que dudosa; la Ley Automotriz, Ley de Agroindustria y la prórroga de la Ley de Régimen de Incentivo a la Construcción, con beneficios extraordinarios y exenciones para los capitalistas; la derogación de la Ley de Alquileres, para adaptar el régimen a las presiones de las inmobiliarias y los especuladores; y por último –o primero- el Plan Plurianual de ajuste, a imagen y semejanza de los requerimientos del FMI.

Ante esto, Juan Grabois, uno de los dirigentes que apoyó la movilización, destacó que “Frente a un plan plurianual de garantías para el Fondo Monetario Internacional, tiene que haber un plan plurianual para el pueblo que incluya el salario básico universal para nueve millones que no tienen un ingreso formal que no superan la línea de indigencia”.

Esta declaración esconde una contradicción irresoluble, que salta a la vista de cualquier observador: no puede haber políticas “populares” en el marco de un ajuste sin precedentes contra el pueblo trabajador. Tratar el asunto como si consistiera en una “puja” de proyectos sectoriales es un despropósito.

O los trabajadores, o el FMI

La mayoría de los proyectos de ley por los cuales las organizaciones sociales oficialistas bregan por su tratamiento no pasan de iniciativas moderadas, propositivas e incluso contradictorias con otras leyes impulsadas por el propio gobierno, como el caso de la Ley de Acceso a la Tierra y la Emergencia Territorial Indígena en contraste con la Ley de Agroindustria; o las “iniciativas” por techo y vivienda contra la derogación de la Ley de Alquileres y la continuidad de los negocios de la especulación inmobiliaria con los incentivos a la construcción privada… de megatorres suntuosas.

Incluso esta agenda “progresista moderada” requiere de un presupuesto y un gasto público que se enfrenta con el ajuste fiscal del ministro Guzmán, Alberto Fernández y el FMI. No sería la primera vez que se votan leyes que terminan siendo una cáscara vacía, con meras enunciaciones propositivas, como lo es el caso de la urbanización de los 4.400 barrios populares relevados por el Renabap, los cuales carecen de presupuesto.

La situación se cae de maduro, la vía para la realización de un programa de salida de los trabajadores y los sectores populares es la lucha contra el ajuste del FMI y el gobierno nacional. Eso hoy se expresa en la única convocatoria vigente para enfrentar el pacto colonial con el imperialismo, el próximo 11 de diciembre a Plaza de Mayo, promovida por el Frente de Izquierda Unidad y distintas organizaciones sociales, piqueteras, sindicales y políticas. Cualquier otra configuración que omita esta cuestión trascendental sirve a distraer al movimiento obrero de la inmensa tarea que tiene por delante -derrotar esta ofensiva- y/o generar falsas expectativas de compatibilidad del ajuste fondomonetarista con una “agenda social positiva”.