Escudándose en el pronunciamiento de una “comisión de técnicos” del radicalismo y el Frepaso, la Alianza ha dado su apoyo a la ‘reforma laboral’ que está siendo pactada entre la CGT y el gobierno menemista. Una comisión integrada por Alfredo Allende (UCR), Guillermo Estévez Boero (PSP) y Julio Godio, vocero laboral del Frepaso, acordó un planteo que tiene extraordinaria similitud con el ‘acta’ negrera firmada entre la CGT y el gobierno el 9 de mayo último.

El acuerdo de la Alianza propone:

* La negociación de “un convenio colectivo marco” (cantidad de horas semanales, vacaciones) … a cargo de “los gremios nacionales” y la vía libre a los “acuerdos por empresa” (La Nación, 15/11). El convenio “marco” es el ardid con el que la burocracia y las patronales encubren la destrucción del convenio por industria, que es reemplazado por un conjunto de disposiciones supergenerales que luego pueden ser ‘ajustadas’ a las necesidades antilaborales de cada empresa, a través del convenio a ese nivel.

* “La reducción de las indemnizaciones durante el primer año de vigencia de la ley”, lo que está en línea con el acuerdo CGT – gobierno, que disponía su rebaja en un 30%, y en tres años, su reemplazo por un fondo de retiro administrado por las AFJPs. Julio Godio advirtió, precisamente, que “el propósito de la Alianza es atenuar el impacto sobre las empresas de los costos de indemnización” (Crónica, 2/11)

* La habilitación de los contratos temporarios “como excepción para las pequeñas y medianas empresas” (La Nación, 15/11), lo que lejos de suponer la anunciada “eliminación de los contratos denominados ‘basura’…”, los incorpora a los convenios de trabajo.

* La caída de la “ultraactividad” (renovación automática de los convenios colectivos de trabajo si no hay acuerdo para su modificación) y el arbitraje del Estado (ídem), si no hay renovación del convenio.

¿Quién hace el trabajo sucio?

La Alianza no ha decidido si convierte al pronunciamiento de esta “comisión técnica” en un proyecto de ley, pero “por lo pronto, los legisladores de la oposición no obstaculizarán una discusión (de la reforma laboral) en el Congreso” (ídem), que es lo que hoy está ocurriendo. Cuando el Chacho proclamó, días atrás, que no votaría ninguna reforma laboral, no estaba proponiendo su rechazo, sino una negociación.

En el reciente encuentro empresarial de Bariloche, Humberto Roggero, jefe del bloque de diputados del PJ, dijo que “sospecha” que los empresarios”acordaron con la Alianza dejar que el PJ apruebe la versión más dura de ese paquete de leyes y que los aliancistas den quórum y, sin votarlo, pronuncien arengas opositoras”. La Nación pone en boca de un “ejecutivo industrial”, confidente de Chacho Alvarez, el dictado de la estrategia de la Alianza: “ustedes tienen que sacarse el problema de encima, para no pagar el costo si son gobierno en 1999” (La Nación, 15/11).

El acta antilaboral firmada por la burocracia y el gobierno tuvo dos apoyos de peso al momento de nacer. El Banco Mundial, que reivindicó la baja del “costo laboral”, y la Iglesia, que la exaltó como “un elemento que colabora a la solución de los problemas sociales que vive el país” (Pastoral Social). Ahora ha sumado, entre bambalinas, a la Alianza.

Días atrás, en un acto en Rosario, en el que volvieron a pedir la renuncia del consejo directivo de la CGT, Juan Manuel Palacios (UTA) y Hugo Moyano (Camioneros) reclamaron a la Alianza “un pronunciamiento claro contra la flexibilización laboral” (La Capital, 4/11).

La Alianza ya ha sido meridianamente clara.