Un curioso documento fue elaborado por el presidente del pulpo agropecuario Los Grobo, el dirigente del Movimiento Evita y un emisario del Papa.

Gustavo Grobocopatel, Fernando “Chino” Navarro y Enrique Palmeyro (director de Scholas Ocurrentes) firmaron un texto común en el marco de los encuentros promocionados por el programa nacional “Argentina armónica”, a cargo de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias que preside Navarro. El objetivo de ese programa es avanzar en una suerte de superación de “la grieta”, para lo cual reúne en conferencias a grandes empresarios, rectores de universidades, funcionarios y hasta burócratas sindicales.

El documento en cuestión pretende “armonizar”, como es evidente por sus firmantes, a los pooles de siembra y los pulpos de los agronegocios con la llamada agricultura familiar, en un desarrollo de la agroindustria basada en los progresos técnicos de la denominada economía del conocimiento. De esta manera, afirman, podría incrementar en 30.000 millones de dólares las exportaciones agropecuarias y agroindustriales y generar miles de nuevos puestos de trabajo, e incluso hasta duplicar el PBI argentino en una década. En momentos en que todo se desploma, tamaño optimismo llama la atención.

Resumiendo, el texto señala que ninguna de las formas de organización social pudo hasta ahora “compatibilizar adecuadamente el progreso individual con el colectivo”, y concluye señalando que “nos planteamos juntos si la economía popular y su permanente evolución puede ser un factor decisivo para la transformación que anhelamos”. Entre las escasas definiciones sostiene que se debe “recrear un modo de financiación del sector productivo”, porque “sea cual sea la evaluación del capitalismo hay que incentivar la competencia, una mayor participación de los usuarios y, por supuesto, un Estado inteligente para poner límites a los monopolios” (Clarín, 7/6).

Con la intervención estatal sobre Vicentin el asunto suma mayor atracción, porque se puso a este “sector estratégico” de la economía en el centro del debate. La alusión sirve, además, porque detrás de la inexplicable quiebra de una de las mayores exportadoras de oleaginosas del país como Vicentin, le sigue de cerca la crisis de Los Grobo. El grupo hace cuatro años que arroja balances negativos por el peso de su deuda dolarizada, y debió afrontar entre fines 2019 y principios del 2020 una pérdida de 300 millones de pesos. La caída de los precios internacionales pone al “Rey de la Soja” en la cuerda floja, antes que en posición de capitanear una disputa por una mejor inserción en el mercado mundial.

El cuadro del sector es más grave si se considera el cierre del mercado estadounidense de biocombustibles por las restricciones fijadas por Trump y la contracción de la demanda europea por la cuarentena, lo que derivará en una caída de un cuarto de la producción nacional (Comercio y Justicia, 8/6). Agreguemos de paso que otro gigante como Molinos Cañuelas tiene una deuda en dólares mayor que la llevó a la quiebra de Vicentin.

En este escenario, el nivel de inversiones en todo el sector está por el suelo y lo que prima es la retención de las cosechas a la espera de una fuerte devaluación del peso. Lo dicho muestra que la ilusión en que el gran capital nacional motorice un desarrollo agroindustrial que beneficie a la agricultura familiar y al país en general es una “utopía reaccionaria”, porque esconde que los empresarios criollos se benefician como socios menores de un régimen de saqueo del país por el imperialismo -en crisis con la guerra comercial y la depresión mundial-, y porque coloca a los pequeños productores como furgón de cola de los reclamos de la gran patronal agraria –como un tipo de cambio “más competitivo”.

Lo demuestra, sin ir más lejos, que el propio Gustavo Grobocopatel defendió el año pasado el principio de acuerdo Mercosur–Unión Europea sosteniendo que “hay que permitir que algunos sectores desaparezcan”, sumándose al lobby de la reforma laboral, en aras de “mejorar la competitividad”. De eso hablan los Grobo cuando reclaman “incentivos a la competencia”, lo que para los trabajadores del campo y la ciudad solo puede ser más desocupación y flexibilidad laboral.

El proyecto de un desarrollo “armónico” del país finge desconocer que la sociedad argentina (como a nivel mundial) está divida en clases sociales con intereses antagónicos. El carácter conservador de este planteo se desprende del hecho de que pretende encubrir que la mentada burguesía nacional fracasó en abrir paso a un desarrollo autónomo del país. Los empresarios del sector agropecuario, en particular, son el mayor ejemplo de la posición subordinada de la economía nacional frente al capital imperialista, que caracteriza toda la infraestructura productiva desde que Argentina es Argentina.

El hecho de que la intervención sobre Vicentin por el gobierno de Alberto Fernández dé paso a una sociedad entre el Estado argentino y el gigante suizo Glencore, en una reversión agraria del pacto YPF–Chevron, evidencia que no se trata de una cuestión de “presencia” estatal. El reciente intento del Ministerio de Agricultura Familiar de Misiones de poner a todos los productores a depender de la provisión de semillas de la multinacional Syngenta -y por ende de todo su paquete de insumos agrícolas-, es otra muestra de que no es el Estado el que “pone límites a los monopolios” si no al revés. La movilización de las familias productoras, que hizo retroceder al gobierno provincial, es una muestra de que la lucha contra la superexplotación de los productores rurales es una pelea contra el Estado, que sostiene el dominio de los Deryfus y Cargill.

Bajo el rótulo de agricultura familiar, por otra parte, se encuadra un espectro muy heterogéneo de productores, la mayoría en los grandes cordones frutihortícolas. Un sector, propietario de las tierras que explota y de mayor capitalización, contrasta con un amplio número de familias arrendatarias que trabaja de sol a sol sin convenio colectivo ni tener garantizados sus ingresos, víctimas de los pulpos que controlan la logística y la comercialización de la producción. El planteo pequeñoburgués de elevar la agricultura familiar al rango de modelo agrícola “alternativo” es utilizado no para una pelea contra los pooles de siembra y las exportadoras en pos de mejorar la posición de las familias trabajadoras, sino para justificar la integración al Estado y la asociación con los Grobocopatel -que son quienes hacen jugosos negocios en base a la venta de semillas, agroquímicos, fertilizantes y agroinsumos a… los pequeños productores. Este derrotero es un testimonio de los límites de clase de quienes reivindican como “economía popular” la precarización laboral y la informalidad a la que son condenados millones de trabajadores.

El acuerdo que está tejiendo el gobierno de Alberto Fernández con los bonistas y el FMI para el rescate de la deuda externa no mejorará sustancialmente las posibilidades de acceso las empresas argentinas al crédito internacional, pero menos aún permitirá “recrear la financiación del sector productivo” porque agudiza la dependencia del país a los dictados de capital financiero. La impotencia del gobierno en evitar la corrida al dólar y la fuga de capitales lo ejemplifican. En definitiva, los únicos roces que el gobierno tiene con la patria sojera son en función de la captación de una parte de las divisas para garantizar el repago de la deuda, no para la reinversión en un desarrollo productivo que mejore la posición de Argentina en el mercado mundial.

La única salida ventajosa para el país solo puede partir de la nacionalización del comercio exterior y la apertura de los libros de toda la cadena de producción y comercialización agropecuaria para terminar con la especulación de precios que afecta a los pequeños productores y encarece el costo de vida de las familias trabajadoras. Un comercio exterior nacionalizado y bajo control obrero permitiría invertir la riqueza del país en un desarrollo de la infraestructura productiva que abarate los costos, y en un desarrollo de la agroindustria que no sea a costa de los pequeños productores. Un plan de créditos a bajo costo para invertir en mejorar la producción de las pequeñas explotaciones exige la nacionalización y centralización de la banca, bajo control obrero. La ejecución de un plan integral de desarrollo agroindustrial requiere, además, de la expropiación de la gran propiedad terrateniente y de las tierras ociosas, para ponerlas a disposición de un plan económico debatido y dirigido por los trabajadores.

Para “compatibilizar el progreso individual con el colectivo” hay que quebrar el dominio del capital y su Estado. La “armonía” de la conciliación de clases, como muestra ahora el Movimiento Evita, termina en la subordinación a la clase explotadora.