Un reciente informe de la UCA dio a conocer los números de un salto en la pobreza y la indigencia que ya se palpita en las calles: se estima que para enero del 2024 el 57,4% de la población del país es pobre, unas 27 millones de personas, de los cuales 7 millones (15% de la población) son indigentes. Devaluación, liberación de precios y ajuste en salarios, jubilaciones e ingresos populares son las principales causas de algo que se ha convertido en una política de Estado.

Se trata del informe “Estimación de los efectos del Impacto Inflacionario postdevaluación. Escenario a diciembre 2023 y enero 2024”, elaborado por el Observatorio Social de la UCA (Universidad Católica Argentina), que da cuenta de un fuerte crecimiento en los indicadores de pobreza e indigencia en los meses de diciembre y enero pasados.

Según la UCA la pobreza pasó del 44,7% en el tercer trimestre de 2023 a 49,5% en diciembre y 57,4% en enero; mientras que la indigencia saltó del 9,6% al 14,2% y se ubicó en el 15% en enero.

Entre las principales causas de este deterioro social se encuentran las consecuencias de la devaluación abrupta ni bien asumido el gobierno de Javier Milei –en línea con la devaluación precedente de Sergio Massa y el frente de Todos-, junto a la liberalización de los precios y un fuerte aumento en los valores de los bienes de consumo masivo que integran la canasta alimentaria y la canasta básica.

El 57.4% de la población es pobre y el gobierno suspende la entrega de comida y congela el salario mínimo. Nos gobiernan unos criminales.

— Gabriel Solano (@Solanopo) February 19, 2024

Como contraposición a estos números tenemos un cuasi congelamiento de los ingresos salariales –con cuotas paritarias muy por detrás de la inflación de diciembre y enero- y con una pérdida considerable en el poder adquisitivo de los trabajadores, con una pérdida salarial promedio del 13,7% para el mes de diciembre. Y un estancamiento total de las jubilaciones (en niveles de ultraindigencia), el salario mínimo y los programas sociales.

Es lo que el presidente Javier Milei supo denominar una política de “licuación” de los salarios e ingresos populares, lo que implica una transferencia descomunal de recursos hacia los capitalistas.

Con estos indicadores de pobreza el país se acerca a los indicadores sociales de la crisis social del 2001, superando el 54%de pobres del 2004, cuando el propio presidente de la Nación reconoce que lo peor aún está por venir.

La proyección de la UCA se realiza en base a los datos publicados por el Indec respecto a la Canasta Básica Alimentaria y Canasta Básica Total, calculando la incidencia de los aumentos paritarios previstos para los asalariados registrados y los aumentos y/o actualizaciones previstas para el resto de los ingresos, tanto jubilatorios como asistenciales.

Un dato que revela las características criminales del actual ajuste es lo referente a las estadísticas de los hogares dependientes de la asistencia social, donde la indigencia pasó del tercer trimestre del 2023 en 19,7% a 28,8% en diciembre, bajando levemente a 23,8 en enero (por los aumentos insuficiente en la AUH y Tarjeta Alimentar). Para el caso de los indicadores de pobreza en estos sectores, se pasó de un 76,5% al 85,5% en enero.

En este marco donde las familia obreras no acceden a cubrir una canasta básica de alimentos y/o de bienes esenciales para la supervivencia (sin integrar otros ítems como alquileres o vivienda) el gobierno ha optado por suprimir la entrega de alimentos a los miles de comedores populares y merenderos que en todo el país atienden a millones de trabajadores y sus familias que no llegan a fin de mes.

Este gobierno es un gobierno del hambre, el ajuste y la miseria, profundizando la línea y el curso de acción emprendido por sus predecesores, con el cumplimiento de las metas trazadas por el FMI y las demandas de las patronales y capitalistas que buscan aceitar sus negocios al costo de la miseria de la mayor parte de la sociedad.

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