El convenio que habilita la transferencia de 6.000 millones de pesos de la Anses al Estado bonaerense, firmado a pedido de Kicillof, debe ser interpretado como la señal de largada de un nuevo robo a los jubilados, y en particular de un nuevo intento para avanzar en la llamada “armonización” del Instituto de Previsión Social de la provincia con el sistema previsional nacional.

El gobernador encuadró el reclamo de esos fondos en el marco del Pacto Fiscal que firmaron en noviembre de 2017 Macri y los gobernadores, el cual establece que la Anses debe financiar los déficits de los regímenes jubilatorios provinciales, en dirección a su traspaso y unificación con el régimen nacional. La condición para solicitar los fondos es que, como el cálculo del déficit lo realiza la propia Anses, la provincia debe girarle al organismo toda la información relativa a la historia laboral de los jubilados y de los aportes de los activos -lo que Kicillof se comprometió a completar hacia marzo de 2021. De esta manera se da un paso previo sustancial para proceder luego a la armonización, o dicho en otras palabras la liquidación del IPS -al cual aportan más de 800.000 trabajadores y del cual cobran casi 300.000 jubilados.

Uno de los puntos del convenio es la “búsqueda de un sistema de equilibrios” de los regímenes jubilatorios de la provincia, en base de comparar explícitamente con lo “que estaría asumiendo la Anses si el sistema previsional de que se trata hubiese sido transferido a la Nación”. De hecho, en la carta con que el gobernador pidió en abril este rescate de 6.000 millones reivindica como una de las tareas realizadas por la provincia “tendiente a un sistema previsional equilibrado y sustentable en el tiempo” la sanción de la ley 15.008, impulsada por la exgobernadora Vidal, que barrió con la jubilación de los trabajadores del Banco Provincia.

¿Qué implicaría la armonización? Una igualación a la baja de los regímenes jubilatorios. En primer lugar, liquidaría la movilidad que hoy en día gozan los jubilados del IPS, por la cual los aumentos salariales de los activos automáticamente se aplican a los pasivos. En segundo término, la pretendida “sustentabilidad” apunta a un aumento de la edad de retiro y a una reducción en el cálculo de los haberes (por ejemplo, al tomar como base el promedio de los sueldos de los últimos diez años de actividad en lugar del mejor cargo desempeñado por tres años consecutivos o cinco alternados).

Del saqueo al déficit

Kicillof se escuda en que la gestión de Vidal dejó un desfalco en el IPS, porque forzó 80.000 jubilaciones de oficio y mantuvo congelada la planta de trabajadores del Estado valiéndose de contratos temporales que no aportan a la caja jubilatoria. De esta manera, según los voceros oficiales, el déficit sería de 3.000 millones de pesos por mes. Sin embargo, esa afirmación esconde dos imposturas: en lugar de pasarlos a planta, Kicillof despidió a una parte de los contratados (lo que generó luchas en Educación y Vialidad), mientras tampoco cubre los cargos docentes; y, sobre todo, el robo al IPS viene de mucho más atrás.

Un convenio similar al de ahora, por el cual el organismo nacional cubre el déficit del IPS, fue firmado en 2004 por el entonces gobernador y actual canciller Felipe Solá con Néstor Kirchner, el entonces vicepresidente y posterior gobernador Daniel Scioli, y el entonces titular de la Anses y actual presidente de Diputados Sergio Massa. Como en esa época el IPS era superavitario, el gobierno provincial recibía todos los años fondos de la Nación que buscaron utilizar para otros gastos. En los siguientes tres años, se giraron aproximadamente unos 500 millones de dólares (al tipo de cambio del momento).

En 2008, cuando el superávit anual del IPS alcanzó unos 250 millones de dólares (también al cambio de entonces), el ya gobernador Scioli abandonó el “relato” sobre el déficit previsional (aunque siguió recibiendo los fondos del Anses) e inició una ofensiva para apropiarse del “excedente” que surgía de los aportes de los trabajadores del Estado y el pago de las jubilaciones. Intentó para ello sancionar una Ley de Ordenamiento Previsional, que fue rechazada por la movilización de docentes y los estatales. Eran los tiempos en que el gobierno nacional de Cristina Kirchner estatizaba las Afjp para valerse de la caja de la Anses para el pago de la deuda y los subsidios a los capitalistas –como se sigue haciendo hasta el día de hoy.

El actual embajador argentino en Brasil recurrió entonces a una maniobra que fue repetida año a año hasta la actualidad, que constituyó en incorporar en el Presupuesto 2009 al IPS como una dependencia más de la administración provincial –violando la autonomía que le concede la Constitución bonaerense-, de manera tal que el superávit era embolsado por el gobierno a cambio de Letras Previsionales del Tesoro.

Si bien Vidal mantuvo ese artilugio ilegal, debió cambiar de estrategia una vez que el empapelamiento del IPS con las mencionadas Letras llegó a fines de 2016 a cerca de 14.500 millones de pesos, que acumulaban importantes intereses. Desde entonces se abocó a la cancelación fraudulenta de las Letras Previsionales en base a maniobras contables en los presupuestos anuales asignados al organismo –cuando la liquidación de esos títulos debiera haber ingresado en forma directa a la caja previsional, como un ingreso por sobre la recaudación regular de los aportes.

La apropiación de los fondos excedentes pasó entonces a realizarse mediante operaciones que no rinden intereses (transferencias a cuenta de crédito de la provincia, o letras sin interés), lo cual significó una desvalorización mayúscula del patrimonio del IPS, e ilegal porque viola lo dispuesto por el decreto-ley 9650/80 que establece que las Letras adjudicadas a la caja previsional deben tener un interés equivalente a la tasa que paga por los depósitos el Banco Central o el BaPro, la que sea mayor. El saqueo terminó de consumarse con el hecho de que los créditos contra la provincia fueron cancelados sin haber sido saldados, al igual que fueron condonadas de hecho las deudas por aportes no devengados de parte de los municipios y escuelas privadas, y los aportes liquidados pero no transferidos por la Tesorería de la provincia. Contando todos estos mecanismos, la defraudación de esos años rondó los 30.000 millones de pesos.

Lo que viene

Todo lo reseñado fue configurando el déficit actual del IPS. Como se ve, no se trata de jubilados privilegiados si no de años de vaciamiento de la caja previsional por los sucesivos gobiernos. Kicillof y el titular del organismo, Eduardo Santín, acusan a Vidal por esta “herencia recibida”, pero convalidan el desmanejo de la caja previsional en lugar de investigarlo.

Además, hay que tener en cuenta que los 6.000 millones que gira la Anses no constituyen una transferencia al organismo previsional bonaerense sino que ingresan a la arcas del Estado provincial. Este hecho pone de relieve lo fundamental: a Kicillof no le preocupa que cobren los jubilados, sino hacerse de caja. Es además una garantía clave a los bonistas cuando se negocian los términos del repago de la deuda, porque significa que el Tesoro ya no responderá en caso de déficit del sistema jubilatorio.

Mientras tanto, los intendentes de Cambiemos reclaman que les exima del pago de los aportes jubilatorios de los trabajadores municipales, para compensar la caída de la recaudación por la cuarentena. En definitiva, es la orientación del gobierno nacional de Alberto Fernández, que libera a las patronales del pago de aportes y usa los fondos de la Anses para subsidiar a los grandes pulpos empresarios del país, mientras le roba a los jubilados. Para confirmar que se trata de una política de Estado, Juan Schiaretti viene de consumar otro ataque al régimen jubilatorio de los cordobeses. Finalmente, son las condiciones del nuevo pacto buitre con los bonitas y el FMI.

Por un IPS en manos de los trabajadores

Si el sistema previsional de la provincia sigue existiendo, contra semejantes ataques, es gracias a las férreas luchas de los trabajadores, desde la histórica huelga indefinida de la docencia en 1958 hasta las movilizaciones que derrotaron la ley de Scioli en 2009 o el abrazo de 5.000 estatales y docentes que en aquel caliente diciembre de 2017 hizo recular al gobierno de Vidal en su intento de reforma del IPS. Traicionando a esta orgullosa tradición de lucha, las conducciones de los sindicatos estatales, desde UPCN y Fegepba hasta ATE y Suteba, hoy se callan la boca para no confrontar con el “gobernador amigo”. La burocracia sindical, en definitiva, se autoencubre por su complicidad en el saqueo, ya que cuenta con representantes en el directorio del organismo que avaló el desfalco.

Al más de millón de trabajadores activos y pasivos afiliados al Instituto de Previsión Social, el Partido Obrero ofrece un programa de salida, que fue plasmado en un proyecto de ley presentado por la banca del FIT en la Legislatura bonaerense. Allí, partimos de establecer un directorio electo y revocable por los propios trabajadores de cada sector (docentes, estatales, municipales, salud y judiciales), y una comisión investigadora que determine el monto de la reparación de la provincia a la caja previsional para compensar, con los intereses correspondiente, todas las deudas no pagadas en favor del IPS (incluso la nunca cuantificada de los años 1968-1980, y los giros de la Nación de los últimos 15 años que se usaron para otros fines). Una investigación independiente permitirá además pelear por terminar con la impunidad de que gozan los funcionarios responsables de esta defraudación.

Este planteo es indisociable del reclamo por un sueldo básico de 40.000 pesos, el blanqueo de todas las sumas en negro y la actualización por inflación; por el pase a planta permanente de todos los precarizados del Estado y la recontratación de los despedidos, además de la cobertura de todos los cargos docentes. Es decir, para terminar con este robo es necesario derrotar toda la política de confiscación a los trabajadores en función del rescate de la deuda. Vamos por eso.

https://www.prensaobrera.com/politicas/a-organizarnos-contra-el-nuevo-zarpazo-a-los-jubilados