Los regímenes provinciales de jubilación que no han sido asimilados a la Anses con la reforma previsional en los ’90, bajo el gobierno de Carlos Menem, están en la mira de todos los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales; son aquellos que aún existen para trabajadores del Estado de trece provincias (fundamentalmente docentes, empleados públicos y municipales) y que se rigen por leyes propias y cajas de jubilación específicas. En general, difieren en aspectos clave con el régimen que se maneja a través de la Anses y que abarca a la inmensa mayoría de los jubilados.

La eliminación de esos regímenes y su armonización con el régimen nacional es parte de la reforma del conjunto del sistema previsional del país, una condición irrenunciable que pusieron tanto el FMI como los bonistas para llegar a un acuerdo en la negociación de la deuda. Se inscribe en la eliminación de los “regímenes especiales”, que refieren a aquellas actividades que, por sus particularidades (fundamentalmente sobre la salud e integridad de los trabajadores), no siguen la ley nacional. También en la eliminación de la movilidad jubilatoria.

Los aspectos donde no hay concordancia entre los regímenes provinciales y el nacional son fundamentalmente: la edad para jubilarse, los años de aporte y, sobre todo, el modo de cálculo del haber inicial (82%) y luego su actualización (movilidad). Desde hace 25 años aproximadamente se viene desarrollando un sostenido ataque y presión por adaptar los provinciales que quedan en pie al nacional, el cual a su vez cada vez viene empeorando en detrimento de los actuales y futuros jubilados, como dato ilustrativo alcanza con señalar que la jubilación mínima que cobra más del 50% de los jubilados llega (con la última actualización) a 16.800 pesos -es decir, en la línea de la indigencia.

Armonización: la destrucción de los regímenes provinciales

Este proceso de liquidación de los regímenes provinciales para su asimilación al sistema nacional se llama armonización y hacia eso avanza el conjunto de provincias que aún maneja sus propias cajas. El ritmo de este ataque está condicionado por la resistencia y lucha de los trabajadores.

Las provincias que aún mantienen sus propios regímenes son: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. El sostenimiento de las cajas en la órbita de las provincias sobrevivió a la transferencia de las cajas jubilatorias a la Nación, a partir de 1994, en medio de la privatización previsional menemista. Los gobernadores que rechazaron la integración tuvieron en cuenta el conflicto que les provocaba con sus propios trabajadores, pero también la posibilidad de manejar discrecionalmente los fondos de las cajas provinciales, por eso, todas ellas, al igual que la Anses, están intervenidas por el Estado en detrimento de los jubilados y activos que debieran estar al frente de las mismas, según establecen las cartas orgánicas de las mismas.

A partir de 1994 se aprobaron “rectificaciones” que fueron condicionando lo fundamental de esos regímenes y se fueron dando pasos hacia la armonización plena con el argumento, falaz, de que todas ellas tienen un déficit creciente, un rojo del cual se hace cargo parcialmente el Estado nacional a fuerza de girar fondos a las provincias.

Pero lo cierto es que esas cajas fueron vaciadas por varios lados y que siendo superavitarias pasaron a ser deficitarias. Un caso emblemático es el del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires (IPS). En 2008, bajo el gobierno de Daniel Scioli, el IPS tenía un superávit de 250 millones de dólares, ¿cómo se llegó a los 40.000 millones de pesos de déficit que denuncian tanto desde el Instituto como desde el gobierno de Kicillof?

Scioli recurrió en 2009 a una maniobra, que luego se convirtió en un “hábito” repetido año a año hasta la actualidad, que constituyó en incorporar en el Presupuesto 2009 al IPS como una dependencia más de la administración provincial, de manera tal que el superávit era embolsado por el gobierno a cambio de Letras Previsionales del Tesoro. La apropiación de los fondos excedentes pasó entonces a realizarse mediante operaciones que no rinden intereses (transferencias a cuenta de crédito de la provincia o letras sin interés), lo cual significó una desvalorización mayúscula del patrimonio del IPS. Lo mismo que se hace con el Fondo de Sustentabilidad de la Anses.

En Córdoba se siguió un camino similar. La Caja de Jubilaciones está en la órbita del Ministerio de Finanzas bajo el control de Osvaldo Giordano, que pasó de interventor de la misma a ministro con Caja incluida. Desde 2008 hay un reclamo sin contestar sobre el destino de 2.000 millones de pesos de ese entonces, que eran parte de un fondo compensador (formado por un mayor aporte de los trabajadores y del gobierno) para sostener la diferencia que permitiera alcanzar el 82% del bruto que marcaba la ley 8.024 (una de las más progresistas que existían).

Cabe señalar que, al igual que sucede con la Anses, las cajas provinciales en su mayoría están intervenidas por los poderes ejecutivos, violando sus propias cartas orgánicas y dándole a los gobiernos libertad para hacer un uso discrecional de los fondos que acumulan los trabajadores con sus aportes. La devolución de las cajas (y de la Anses) a sus legítimos dueños, que son los trabajadores que aportan y los jubilados, es un planteo de primer orden para terminar con el proceso de vaciamiento.

Además del uso de los fondos para financiar a los propios Estados, lo cierto es que una parte de los trabajadores que actúan en la órbita del Estado lo hacen a través de tercerizadas o como monotributistas y terminan aportando a la Anses. Es decir que suman a la precarización laboral de la cual se nutre el propio Estado una quita de aportes (patronales y personales) a las cajas provinciales. Por otro lado, el salario de docentes y empleados públicos (provinciales y municipales) vienen deteriorándose, se han producido las llamadas jubilaciones anticipadas para bajar el número de empleados del Estado por exigencia de las negociaciones con los organismos internacionales (FMI) y, a su vez, no se cumple el alta por baja para suplantar a aquellos trabajadores que se jubilan o renuncian. Esto ha golpeado sobre todo a la salud pública y a áreas vitales de las prestaciones del Estado.

Organizar la lucha contra la reforma jubilatoria del FMI, Fernández y los gobernadores

La presión por la armonización ha tenido desde Menem a la actualidad a todos los gobiernos nacionales como grandes protagonistas. El reclamo de recursos a la Nación para financiar las desfinanciadas cajas provinciales fue usado para presionar en la liquidación de los principales derechos (que un momento eran patrimonio común a todos los jubilados): eliminación del 82%, desenganche de la jubilación del salario en actividad, sometiendo la actualización a índices determinados por los gobiernos, variación en el cálculo del haber inicial para bajar considerablemente el porcentaje del salario en actividad, aumento de la edad para jubilarse y de los años de servicio.

Los gobernadores de todos los colores políticos se pusieron a la cabeza de una cruzada dictada por los organismos internacionales dominados por el imperialismo. El único obstáculo que recibieron fue la resistencia de los trabajadores, que protagonizaron grandes y enormes batallas; la complicidad de la burocracia de los sindicatos afectados impidió que esas batallas terminaran en una derrota de la política de armonización (liquidación) de los regímenes provinciales.

Este capítulo no está cerrado, ni para los trabajadores ni para los gobiernos. La lucha contra la reforma previsional (de conjunto) y la defensa de las cajas provinciales y, por lo tanto, contra la armonización, estáen el orden del día. La organización de activos y jubilados para derrotarla es parte de la lucha para que la crisis no la paguemos los trabajadores.