El 25 y 26 de febrero se reunió la Asamblea parlamentaria del PO, con la presencia de 30 compañeros que representan bancas en el Congreso, legislaturas provinciales y concejos municipales de ocho provincias del país. El primer punto que se abordó fue la apertura de sesiones, donde se refrendó la posición partidaria de no concurrir a las sesiones inaugurales de todos los parlamentos. De esa forma, expresamos el rechazo al acuerdo con los fondos buitre, que constituirá una nueva hipoteca para el país, así como al brutal ajuste implementado por el oficialismo y la oposición de las provincias. La posición ha sido un éxito, porque nos colocó a la cabeza de la denuncia del pacto buitre y del papel de las fuerzas de Estado del Congreso.

 

De entrada, los parlamentarios del PO en el Frente de Izquierda se pronunciaron contra la domiciliaria de Pedraza y resolvieron movilizarse con toda la militancia partidaria a los Tribunales, en rechazo a la resolución judicial.

 

La Asamblea deliberó sobre la crisis política y resolvió una agenda de intervención que tendrá como punto central el rechazo al ajuste y el rescate de los capitalistas, con la finalidad de contribuir a la agitación política nacional del PO frente a la crisis. Denunciamos los pactos que se están gestando en el Congreso para convertir al parlamento en una escribanía del capital financiero, toda vez que los bloques mayoritarios se aprestan a consumar el acuerdo con los buitres, con los mecanismos leoninos ya utilizados por Kicillof con Repsol y el Club de París.

 

Provincias

 

Un punto de debate fue la profunda crisis que atraviesan las provincias, producto de décadas de vaciamiento a favor de los pulpos mineros, sojeros y petroleros. Ahora, el pacto con los buitres alienta a los gobernadores, de todo pelaje político, a tramitar un nuevo endeudamiento para refinanciar las deudas provinciales. En el interior, los gobernadores buscan alinear a todos los bloques políticos y sindicatos en pos de la exigencia de fondos. Detrás de esa unidad, buscan luego el consentimiento de opositores y de la burocracia sindical con la política de ajustes. Los parlamentarios del PO denunciamos el ajuste nacional, que exprime a las provincias a cuenta del capital financiero, pero también la extorsión de los gobiernos locales que vaciaron la salud pública, la educación y mantuvieron jubilaciones de miseria a favor de los pulpos empresariales. Nos oponemos al ajuste, a un nuevo endeudamiento. Las deudas provinciales deben ser investigadas. Reclamamos la apertura de los contratos de la obra pública. Planteamos un régimen impositivo basado en impuestos progresivos al capital minero, petrolero, del agro y a la renta financiera, donde el presupuesto de gastos asegure las urgentes demandas sociales.

 

Agenda

 

Nuestras bancas servirán como una plataforma de agitación política para desarrollar una salida obrera a la crisis. Un punto importante será la lucha por la abolición del impuesto al salario, como punta de lanza para la preparación de un nuevo paro nacional, frente al fraude de los cambios realizados por el macrismo. Nuestro proyecto de abolición del impuesto a las ganancias, sobre todo salario de convenio, será una herramienta para contribuir a la deliberación en el movimiento obrero. Nuestros parlamentarios organizarán reuniones con comisiones internas, cuerpos de delegados y activistas, promoviendo el debate y recogiendo pronunciamientos. Otros temas de la agenda serán la prohibición de despidos y suspensiones, un salario mínimo igual a la canasta familiar, el 82% móvil, los derechos de las mujeres trabajadoras, una campaña nacional contra la megaminería contaminante y por la nacionalización integral de nuestros recursos naturales, donde contamos con un proyecto cuya autora es Soledad Sosa, quien recorrerá las provincias mineras impulsando reuniones abiertas con trabajadores mineros y movimientos ambientalistas. La campaña por la derrota del Protocolo y contra las políticas represivas será un punto nodal de nuestra intervención y agitación parlamentaria. Ya realizamos una exitosa audiencia con organizaciones obreras y de derechos humanos contra el protocolo y otra que reunió a 70 luchadores ambientales de todo el país, con centro en la lucha contra la minera Agua Rica.

 

La Asamblea resolvió reforzar la coordinación nacional del trabajo parlamentario, de cara a los grandes desafíos planteados.