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Sergio Schoklender advierte la posibilidad de que el escándalo abierto termine muy mal para él y delata: “Yo era un gestor, pero las decisiones las tomaba Hebe (Bonafini)”.

Es una amenaza explícita: inculpar a la titular de la Asociación lleva por sí al manejo punteril y corrompido de fondos públicos en la construcción de viviendas “sociales”; por lo tanto, al gobierno nacional y al de la Ciudad de Buenos Aires y, en definitiva, al asalto mafioso de los dineros estatales que se usan para la cooptación política.

Todo indica, sin embargo, que Schoklender se encamina al fracaso. “Que pague el que se equivocó”, señaló apurado Aníbal Fernández antes de añadir: “Hebe no tiene nada que ver” (¿él cómo sabe, si la investigación no hace más que empezar?). El jefe de gabinete explica así la línea oficial: Schoklender pagará los platos rotos de todos ellos para salvar a la banda. Al “gestor” nadie le reconocerá el mérito, por ejemplo, de haber sido el ideólogo de la represión en el Parque Indoamericano, el autor de la denuncia que abrió las puertas a la represión y al asesinato de tres vecinos.

Bonafini-Schoklender SA

La Fundación Madres de Plaza de Mayo se ha transformado, desde su cooptación por el gobierno, en una de las empresas constructoras más poderosas del país. Su plan Sueños Compartidos lleva construidas, entre otras cosas, casi 5 mil viviendas y ha manejado hasta el momento fondos públicos por unos 300 millones de dólares. La administración de esa masa de dinero, provista por el Ministerio de Planificación que comanda Julio de Vido, hiede por todos sus costados.

Muchas de las obras se hicieron sin licitación, otras mediante concursos irregulares y en unas cuantas faltan los certificados de obra. La contratista única de la Fundación es la empresa Meldorek, que tiene el mismo domicilio fiscal que Schoklender y es la propietaria de los dos aviones que suelen utilizar el “gestor” y Hebe de Bonafini. Las viviendas, dicho sea al pasar, se construyen a un precio considerablemente mayor que el de mercado: 1.000 dólares el metro cuadrado.

Esas irregularidades y esos sobreprecios asombrosos señalan desde el principio la responsabilidad política del gobierno nacional, que provee fondos sin control -eso, por supuesto, si pecamos de ingenuos- y de dos gestiones del gobierno de la Ciudad: la de Jorge Telerman, bajo la cual comenzó el gran negociado de Bonafini-Schoklender SA, y el de Mauricio Macri, que siguió el festival mediante la Corporación del Sur. La construcción de viviendas por la Fundación era financiada por la Corporación y las licitaciones fueron ganadas por Schoklender y Bonafini.

El sistema de financiamiento de obras con fondos nacionales exige la presentación de certificados de obra para proceder a nuevos giros. Ése fue el primer descontrol. Dicho sin vueltas: se robaron la plata. El presidente del Instituto de la Vivienda porteño en tiempos de Telerman, Claudio Freidin, es ahora asesor del subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala. Ésa es la oficina que maneja directamente el plan Sueños Compartidos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Como se ve, tiene enormes razones políticas Aníbal Fernández para hacerse el tonto y decir “que pague el que cometió el error” ¿Qué error? Son una banda mafiosa…

Los buchones

¿Cómo saltó este escándalo? Otra vez, por un circuito de delaciones entre delincuentes. Punteros barriales de Villa Lugano y Villa Soldati, vinculados con Hugo Moyano, fueron estafados por Schoklender. Enojados, le hicieron llegar al capo de la CGT algunas carpetas con informes sobre las revolcadas en la lata de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El otro, en su pugna con el gobierno, dejó que la cosa se filtrara o, por lo menos, una parte de ella.

Ahora, todos intentan salvar la ropa y acusan a sus propios compinches. Schoklender señala a Bonafini y Mauricio Macri dice que el gobierno nacional “lo presionaba” para pagar las obras…

Schoklender, mientras tanto, intenta defenderse desde una mansión de 19 habitaciones, con piscina y canchas de tenis, que se compró con el sello de una empresa fantasma, “Antártida Argentina”, que él maneja. O paseará en el yate de 420 mil dólares que adquirió en mayo del año pasado.

La cooptación, la integración al Estado de organizaciones que en el pasado tuvieron un lugar importante en la lucha democrática, convierte en basura todo lo que toca.