En octubre de 2001, Jorge Altamira presentó en la Legislatura el proyecto de ley para restituir la jornada de seis horas diarias y treinta seis horas semanales para todos los trabajadores del subte. El proyecto establecía la prohibición de las horas extras, y que la reducción dispuesta en la jornada laboral no afectaría el salario. También se disponía la creación de una Comisión Obrera de Seguridad, Higiene y Salubridad, es decir el control obrero sobre las condiciones de trabajo. Finalmente, prohibía cualquier alteración de las tripulaciones mínimas, así como toda forma de flexibilidad laboral que pretendiera compensar, con una mayor intensidad de la jornada laboral, la reducción horaria dispuesta.

El proyecto de Altamira, discutido con el cuerpo de delegados de Metrovías, planteaba la restitución de una conquista que sus trabajadores habían logrado en 1946, y que les fue sustraída durante las dictaduras militares de Onganía y Videla. Luego, la privatización menemista del subte volvió a despojar a los trabajadores de su jornada reducida, a partir de la coacción impuesta por los despidos masivos y la pasividad de la burocracia de la Uta.

“Quítenselo de la cabeza”

Luego de varios meses de deliberado “cajoneo” en la Comisión de Legislación General, entonces presidida por el actual jefe de Gabinete, Alberto Fernández, los trabajadores del subte votaron un plan de acción dirigido a exigir el tratamiento del proyecto de Altamira. La primera reunión de asesores de la Comisión para tratar el proyecto fue inolvidable: sólo concurrimos dos asesores, la directora de la Comisión y dos funcionarios del área de “Protección del Trabajo” del Gobierno de la Ciudad. “Quítenselo de la cabeza: no existe la menor posibilidad de aprobar esta ley”: así inició la reunión el funcionario del Ejecutivo porteño. Luego, desplegó una gigantesca planilla que daba cuenta del “riguroso cumplimiento” de la patronal de Metrovías a todas las “observaciones” formuladas por su área. Estos son los mismos funcionarios que, un año y medio después, acaban de reconocer que “el 83% de los trabajadores del subte tienen problemas auditivos”.

En ese lapso, se desplegó una batalla en todos los órdenes. Entre mayo y agosto de 2002 fuimos derribando todos los bloqueos y chicanas que pretendieron esgrimirse para frenar el proyecto de las seis horas. El Gobierno sostenía que “una ley no podía declarar insalubre a una actividad”. Pero se negaba sistemáticamente a avanzar en los estudios de insalubridad. Los legisladores patronales sostenían también que “una legislatura provincial no puede legislar sobre cuestiones laborales”, es decir que la autonomía porteña, tan cacareada por ellos, podía servir para la transferencia – sin fondos – de la educación o de la salud, pero no para asegurar conquistas a quienes trabajan o viven en la ciudad. En reuniones legislativas donde participaban decenas de trabajadores, Altamira liquidó, uno por uno, los planteos de los representantes de la burguesía. El 22 de agosto, en medio de una movilización general de los trabajadores de Metrovías, la Legislatura votó por abrumadora mayoría la ley de las seis horas. “Hoy es una jornada histórica”, señaló Altamira en su intervención. “Porque estamos produciendo un viraje en la tendencia política a destruir los derechos de los trabajadores, restablecemos una conquista y ponemos un freno a la voracidad patronal (…). Esta es una de las primeras manifestaciones positivas de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre pasado”.

El veto, el paro

Para vetar la ley de las seis horas, Ibarra no inventó nada nuevo: recurrió al arsenal de todas las objeciones que el PO había rebatido durante la lucha legislativa previa. Pero el origen del veto no fueron los “argumentos”, sino la brutal presión del Grupo Roggio. El lobby patronal, por un lado, y la continuidad de la lucha obrera, por el otro, terminaron desatando la mayor crisis política que enfrentó el gobierno de Ibarra. El día 10 de septiembre de 2002, una sesión convocada para debatir la “insistencia” de la ley (rechazo del veto) fue boicoteada tanto por la Ucr como por los frepasistas. Por primera vez en mucho tiempo, funcionó en el oficialismo la disciplina de bloque. “La Alianza – señaló Altamira en la sesión – había sido quebra da por el pueblo los días 19 y 20 de diciembre pasados. Aquí, en la Legislatura, ya no existía más. Pero anoche, en las dependencias de la Jefatura de Gobierno, el señor Ibarra la reconstruyó por un día. Han desenterrado el cadáver putrefacto de la Alianza, y lo hacen vivir un día, nada más que para atacar y derrotar las reivindicaciones del movimiento obrero”. La noche anterior, el “Coti” Nosiglia, histórico lobbista de los monopolios contratistas dentro del radicalismo, había intervenido para disciplinar al bloque radical y asegurar el voto de sus diputados a favor del veto ibarrista.

La sesión que ratificó el veto fue una radiografía de la bancarrota del progresismo porteño: dentro de la Legislatura, su vicepresidente, Caram, emitió una “resolución” declarando “restringido” el acceso del público a las sesiones. Es decir que para hacer pasar el veto, tuvieron que delatar a la cámara de “representantes del pueblo” como lo que es, es decir, un antro de conspiración contra los derechos de los trabajadores. Pero puertas afuera de la Legislatura, estallaba una movilización imponente contra el veto, que el gobierno reprimió brutalmente. Luego, el paro que en esa tarde paralizó el subte constituyó mucho más que un simple repudio: anunció que los trabajadores de Metrovías continuarían batallando por las seis horas.

Esta lucha fue una inmensa escuela política para quienes participaron en ella. Desnudó la dependencia feroz de todas las fracciones políticas de la burguesía – de derecha a izquierda – con la política de liquidación de las conquistas obreras. Y mostró, también, la importancia de una acción obrera integral, desde la tribuna parlamentaria hasta la acción directa. Una unidad de programa y organización que fue enhebrada por el Partido Obrero.