12/10/2000 | 684

La banca del PO denunció al régimen de las ART

El pasado lunes 2 de octubre, tres obreros de la construcción murieron en una obra de la Capital. El montacargas de la obra, un «megaedificio» de 25 pisos en pleno centro, se desplomó con los tres trabajadores adentro. Todas las evidencias indican que las razones del accidente están lejos de la mera «adversidad»: «la obra estuvo paralizada cinco años después de haber sido clausurada por otro accidente fatal» (Página/12, 3/10). Por otra parte, «el 7 de marzo (pasado) murió allí otro obrero» (ídem).


Según relataron trabajadores de la obra, «cada vez que había fallas (en el montacarga) venía una empresa, pero el mantenimiento lo hacía uno de los ascensoristas». Es decir que existía el más estricto «ahorro de costos» en materia de seguridad. En el mismo día del accidente, los delegados de la obra «plantearon que era demasiado el riesgo que corrían por la velocidad del viento». Aunque «unos 35 trabajadores se fueron, el resto *unos 150 trabajadores* continuó con la faena», evidentemente como resultado de la presión patronal.


Al día siguiente, el Partido Obrero presentó un pedido de informes sobre el accidente fatal, dirigido al Gobierno de la Ciudad. En ese pedido, y en la intervención de Jorge Altamira durante la sesión plenaria del jueves 5, se denunciaron tres cuestiones centrales. En primer lugar, que la escalada de accidentes fatales es una consecuencia directa de la privatización del régimen de accidentes del trabajo, que «impide a los trabajadores reclamar ante la justicia civil por daños que hubieran sufrido y condena a los familiares a recibir indemnizaciones de miseria. Por eso *destaca el PO en los fundamentos de su pedido* a las patronales les resulta más barato incumplir con las normas de seguridad laboral que pagar los resarcimientos legales». Altamira denunció que en, su lucha por capturar clientes, las ART compiten en materia de laxitud en las normas de seguridad exigidas a sus potenciales asegurados. La privatización del riesgo de trabajo es, por lo tanto, incompatible con la seguridad laboral.


En segundo lugar, Altamira destacó que los accidentes delatan «las condiciones laborales que rigen en la ciudad, donde la mitad de los trabajadores es empleada en negro, un 40% de la fuerza laboral activa realiza jornadas laborales que superan las 40 horas semanales y la miseria salarial se combina con los incentivos al presentismo, que fuerza a la concurrencia al trabajo aún cuando el trabajador no reúna condiciones para hacerlo». Finalmente, el PO denunció la colusión patronal-sindical, a través de la cual *y como se ha denunciado públicamente* la patronal ha ‘comprado’ la pasividad de la burocracia de la Uocra en irregularidades en materia de seguridad en las obras. En la sesión plenaria, Altamira levantó dos planteos de salida a la escala de accidentes fatales: «Reivindicar el derecho de los trabajadores a recurrir a la vía civil, contra la discriminación que, respecto de cualquier particular, tiene un trabajador en términos de riesgos laborales». En segundo lugar, «el control obrero de las condiciones de seguridad, a través de comités de trabajadores electos en cada obra o lugar de trabajo».


Otros diputados *particularmente los del bloque cavallo-belicista* presentaron pedidos de informes sobre el mismo tema, que se centraban en los controles técnicos de la Municipalidad sobre las obras, o en la actividad y dotación del cuerpo de inspectores del trabajo en la Ciudad. El PO inquirió, en cambio, sobre las inspecciones realizadas por las ART, así como por la cantidad de siniestros registrados «antes y después de la implantación del régimen de las ART». Finalmente, el PO inquirió sobre el «grado de organización gremial en las obras, o de comités de seguridad e higiene electos por los trabajadores». En estos términos, la Legislatura aprobó el pedido de informes al Ejecutivo de la Ciudad.

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