La bancarrota del estado delasotista

La aparición de un «arrepentido», que denunció la compra de un diputado del Frepaso por el PJ para asegurarse la aprobación de la Ley de Reforma (privatizaciones) del Estado, ha desatado una crisis política. Detrás de ella, planea la bancarrota del Estado delasotista y la creciente parálisis del aparato productivo provincial.

Alfredo Morhun, asesor del senador Jorge Bodega, presentó las pruebas de la coima. Morhun denunció que Bodega recibió 400.000 pesos para restar su voto a la oposición a la privatización del Banco de Córdoba, de Epec y del juego. También es evidente por las declaraciones de Morhun y de otros empleados del bloque (como Adriana Lequizamón) la participación del presidente del Senado y vicegobernador de hecho, Carlos Presas, en la compra del senador. Presas sostuvo que «los costos políticos nosotros los pagamos en dólares». Morhun dice: «‘Todavía estoy esperando que contesten Chacho y Horacio Viqueira’. Con ello volvió a denunciar que el Frente Grande conocía la maniobra denunciada y sin embargo la ocultó. ‘No hicieron nada’…» (La Mañana de Córdoba, 14/2). Cuando Bodega cambió su voto y surgió la presunción de coima, el Chacho declaró que no se podía hacer una «oposición feroz» a las privatizaciones.

Todo esto ocurre cuando el propio proceso de privatización se estanca a pesar de la Ley dictada con coimas. Epec debía estar entregada a fines del año pasado, luego ello se postergó para marzo, y hasta ahora ni noticias; con el banco sucede algo similar. La razón es que la crisis financiera ha hundido el valor patrimonial de las empresas a privatizar. La empresa AES, interesada en Epec, sugirió al gobierno provincial en noviembre la necesidad de postergar el proceso de privatizaciones porque «la crisis política y económica afecta el proceso de reforma del Estado … hoy por hoy no hay mercado para financiar la compra» (La Voz del Interior, 10/11/2000). Las cotizaciones por las empresas a privatizar caen como resultado de la propia ‘oferta’ del mercado.

La situación ha llevado al delarruista Olivera, presidente del Banco Nación, a manifestar interés por el Banco Provincia; la ‘contradicción’ (la privatización se convertiría en una estatización) sólo se explica por el interés de impedir que se caiga la privatización del Córdoba. ¿De la Rúa salva a De la Sota? En este caso agravará la crisis dentro del radicalismo, de cara a las elecciones de octubre.

De la Sota había anunciado en su discurso a la Legislatura el 1/3 que «la Provincia está dispuesta a aceptar hasta un 60% del precio de las empresas a privatizar en certificados de cancelación de la deuda pública» (Comercio y Justicia, 2/3). El gobierno está desesperado por fondos; el endeudamiento provincial alcanza niveles escandalosos, el año pasado se tomaron 500 millones de deuda para solventar gastos corrientes y vencimientos y ya «en lo que va de este año la Provincia dio a conocer tomas de crédito por 184 millones de dólares» (ídem, 23/2); es decir, en dos meses, más de la tercera parte que en los 12 meses anteriores.

Las finanzas públicas están en la lona por la caída de la recaudación, sólo disimulada por la moratoria, pero este año la situación se agravaría notablemente; sobre todo por el parate de la industria, ya no sólo de la automotriz (clave en la provincia) sino también de la lechera. Para completarla, el Pacto Fiscal con la Nación preblindaje, deja a la provincia con menos recursos. De la Sota ya recurrió a birlarle 10 millones a docentes y empleados públicos desconociéndoles las actualizaciones de los montos por antigüedad, para lo cual se valió de las obligaciones que emergen del Pacto Fiscal 3.

El diputado cavallista Lamisovsky (de abierta simpatía con De la Sota) calculó que «en los últimos 5 años la evasión fiscal en Córdoba sumó los 8 mil millones de pesos y que buena parte de ese dinero fue al exterior y volvió con autopréstamos» (La Voz del Interior, 26/2), sumando así a Córdoba a la onda del lavado de dinero; no vaciló en ligar al mecanismo de lavado los 800 millones de dólares que quedaron de clavo en los bancos Provincia y Social y que primero Mestre, y luego De la Sota, estatizaron aumentando el rojo de las finanzas públicas y la miseria de los cordobeses.

En este cuadro no queda otra salida que sacarse de encima a De la Rúa y a De la Sota y reorganizar todo la provincia y la nación de cabo a rabo, partiendo de los intereses de las masas; es decir, una Asamblea Constituyente soberana que imponga el reparto de las horas de trabajo, el subsidio de 500 pesos para los desocupados, el salario minimo legal en 600 pesos, la reestructuración de la industria en función de las necesidades de las masas, la apertura de los libros de las empresas y del Estado, y la creación de impuestos a los grandes capitales para impulsar un plan de desarrollo y dar satisfacción a los reclamos de los explotados.

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