La masacre por consumo de cocaína envenenada proveniente de Puerta 8 está lejos de terminar. El gobierno buscó cerrar el asunto deportando al “Paisa”, al que presentaron como jefe de la banda. Pero la precariedad en sus condiciones de vida y la insignificante suma de dinero que se le encontró, 30.000 pesos, distan mucho de lo que se espera de un capo narco. De una investigación hermética, de la que poco se sabía, ahora surgió un nombre fuerte, que sí se trataría de un “peso pesado”: Max Alí Alegre. “Alicho” dirige desde la cárcel una banda que controla la venta en el territorio, y se presume que la mitad de la misma está compuesta por policías.

Así se desprende de expedientes judiciales y de llamadas auditadas en la causa, donde los narcos hablaban sin atenuantes de cuánto recaudaban en un día y cuánto le tributaban a la policía. O donde solicitaban a una vendedora que “preparen polvo similar a la cocaína” para plantar en una zona que sabrían que sería allanada.

La mayor parte de los implicados son de la Bonaerense, pero también hay de la Federal. No solo se trata de una cuestión recaudatoria o de cajas negras, sino que incluso los policías provinciales habrían actuado al menos en una ocasión para amedrentar a la “competencia”. El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, dijo impúdicamente luego del episodio que “siempre hay algún policía implicado”, individualizando las responsabilidades sobre un aparato represivo descompuesto que es garante estructural del narcotráfico y el delito.

La millonaria red de coimas circulaba, según las fuentes judiciales, por al menos tres organismos policiales: Jefatura Departamental, Comando de Patrullas y División contra el Narcotráfico. “El Papa”, otro Bonaerense implicado, llegaba a recaudar hasta 12 millones de pesos semanalmente. Vale recordar que durante el año pasado en un allanamiento a un búnker de la zona se encontraron sobres con efectivo que se titulaban “Com, Dep y Nar”. Es decir, Comando, Departamental y Narcotráfico. Como “no se pudieron establecer pruebas” sobre el circuito del dinero, la causa fue archivada por el Ministerio Público.

Los vínculos de la Bonaerense (como de la Federal) y el aparato represivo con el delito son innegables. Cada una de las 24 muertes de Puerta 8 de las que se tuvo conocimiento así como las posteriores, las que no entraron en el “contador” oficial, son responsabilidad del Estado: las fuerzas policiales actúan de conjunto con el aparato de la Justicia y con el poder político. Basta con decir que Berni no retiró ni a un alto mando de la fuerza provincial, ni en este caso ni en otros que han tenido lugar, como el tiroteo narco en San Rudecindo el año pasado. Cuando “las papas queman” caen los eslabones débiles de la cadena. Se apartan efectivos, se inician sumarios, en la mayoría de los casos queda todo en la nada; pero nunca se toca a comisarios, jueces, fiscales ni funcionarios.

Terminar con el narco, cuyas millonadas son a su vez blanqueadas a través del sistema financiero, demanda desmantelar el aparato represivo del Estado, triplicar el presupuesto en salud y la inversión en atención sanitaria pública de los adictos, que jueces y fiscales sean electos y revocables mediante el voto popular y que gobiernen los trabajadores, y no los que por décadas vienen sacando tajada del delito organizado.

https://prensaobrera.com/politicas/del-pacto-venenoso-con-el-fondo-a-la-masacre-de-la-cocaina-envenenada/