La masacre de Puerta 8, dijimos, está lejos de terminarse. El gobierno intentó dar por zanjado el asunto con la deportación del “Paisa”, al que presentaron como el jefe de la banda. No obstante, la notoria precariedad en sus condiciones de vida (así como la insignificante suma de dinero que se le encontró: $30.000) dista mucho de lo que puede esperarse de un capo narco. En medio de una investigación hermética y de la que poco se tenía conocimiento, ahora surgió un nombre fuerte, que ya sí se trataría de uno de los “pesos pesados”: Max Alí Alegre. “Alicho” dirige desde la cárcel una banda que controla la venta en el territorio, y se presume que la mitad de la misma está compuesta por efectivos policiales (La Nación, 12/2).

Así se desprende de expedientes judiciales y de llamadas auditadas en el marco de la causa, donde los narcotraficantes hablaban sin atenuantes de cuánto recaudaron en un día y cuánto le tributaron a la policía. O donde le solicitaban a una vendedora que “preparen polvo similar a la cocaína” para plantar en una zona que sabrían que sería allanada por la fuerza.

La mayor parte de los acusados son agentes de la Bonaerense, pero también hay implicados de la Federal. Aunque no solo se trata de una cuestión meramente recaudatoria o de manejo de cajas negras, sino que incluso los policías provinciales habrían actuado al menos en una ocasión por orden de “Alicho” para amedrentar a la “competencia”. El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, dijo impúdicamente luego de Puerta 8 que “siempre hay algún policía implicado”, individualizando las responsabilidades sobre un aparato represivo descompuesto, particularmente la Bonaerense, que es garante estructural del narcotráfico y el delito organizado.

La mitad de los integrantes del grupo narco al que se le atribuye la adulteración de la cocaína, eran canas. Sin embargo Berni no desplazó ni a un comisario por esta masacre. El tipo llamó a descartar la merca que el propio Estado puso en el bolsillo de la gente.

— Vanina Biasi (@vaninabiasi) February 14, 2022

En Argentina el 95% de las causas son a usuarios (consumidores) o a la venta en menudeo ¿No está claro que la cabeza del narcotráfico es el Estado? pic.twitter.com/Qotlah3Qms

— Gabriel Solano (@Solanopo) February 14, 2022

La millonaria red de cajas negras circulaba, según las fuentes judiciales, por al menos tres organismos policiales: la Jefatura Departamental, el Comando de Patrullas y la División contra el Narcotráfico. “El Papa”, otro de los Bonaerenses en cuestión, llegaba a recaudar hasta $12 millones semanalmente. El citado artículo de La Nación recuerda que durante el año pasado, en un allanamiento a un búnker de la zona, se encontraron también sobres con dinero en efectivo listos para ser entregados, y que se titulaban “Com, Dep y Nar”. Es decir, Comando, Departamental y Narcotráfico. Como “no se pudieron establecer pruebas”, valgan las comillas, sobre el circuito del dinero, la causa fue archivada por el Ministerio Público.

El desastre de Puerta 8 muestra una vez más que el narcotráfico y la policía bonaerense van de la mano. Kicillof y Berni sostienen a todo un aparato corrompido que persigue consumidores y es socio de los narcos. Las muertes son su responsabilidadhttps://t.co/gLuhDjvsgc

— Guillermo Kane (@guillekane) February 14, 2022

Y es que los vínculos de la Bonaerense (como de la Federal) y el aparato represivo todo con el delito son innegables a esta altura. Cada una de las 24 muertes de Puerta 8 de las que se tuvo conocimiento durante el primer día, así como las posteriores, las que no entraron en el “contador” oficial, son responsabilidad directa del Estado. Como se puede ver en el caso, las fuerzas policiales actúan de conjunto con el aparato de la Justicia así como con el poder político. Basta con decir que el ministro de Seguridad, Sergio Berni, no retiró ni a un alto mando de la fuerza provincial, ni en este caso ni en otros que han tenido lugar, como el tiroteo narco en San Rudecindo el año pasado. Cuando “las papas queman” caen los eslabones débiles de la cadena: se apartan efectivos, se inician sumarios, en la mayoría de los casos queda todo en la nada; pero nunca se toca a los comisarios, jueces, fiscales y funcionarios.

Terminar con el narco, cuyas millonadas son a su vez blanqueadas a través del sistema financiero, demanda un verdadero programa de transformación social que parta por desmantelar el aparato represivo del Estado, triplicar el presupuesto en salud y las inversiones a la atención sanitaria pública de los adictos, que jueces y fiscales sean electos y revocables mediante el voto popular y que, en esencia, gobiernen los trabajadores y no los que por décadas vienen sacando tajada del delito organizado.

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