"A confesión de partes, relevo de pruebas". Este principio jurídico les cabe enteramente a la CGT de Hugo Moyano y a su asesor laboral, Héctor Recalde, así como a los diputados Claudio Lozano y Alicia Castro.

En un escrito presentado ante el Ministerio de Trabajo, distribuido por la agencia Nac&Pop, Recalde sostiene que la nueva ley laboral "sigue los lineamientos del artículo 26 creado por la ley Banelco al permitir que el convenio colectivo posterior de igual ámbito se negocie en perjuicio de los trabajadores en relación al convenio colectivo anterior. Tal solución de la ley (que ratificaría en la materia a la ley Banelco) vulnera el principio de progresividad de los derechos sociales que goza de jerarquía constitucional" (subrayado PO).

Según Recalde, el nuevo texto también "mantiene un insuficiente plazo de preaviso durante el período de prueba y deroga la integración del mes de despido cuando el preaviso es efectivamente otorgado". Otra: "Mantiene el insuficiente piso indemnizatorio en un mes de sueldo, en lugar de dos meses tal como se preveía con anterioridad a la ley 25.013" (Erman González). Otra: "Ratifica la reducción de los aportes patronales que ya demostró su fracaso y sólo generó una regresiva distribución de la riqueza". Otra: "Mantiene el artículo relativo a la reglamentación de la huelga en los servicios esenciales".

Todo esto, sin embargo, no impidió a Moyano y a sus diputados afines apoyar y votar la ley que Recalde califica como sosías de la Banelco.

Claudio Lozano, en una nota de opinión en Página/12 (1/3), dice, por su lado, que la nueva ley "mejora la ley Banelco", pero no aporta ni una sola pista que fundamente ese juicio. Sin reparar en contradicciones, sostiene, sin embargo, que la nueva ley no cambia la "matriz conceptual" de los �90, "ya que hace de la reducción del costo laboral el mecanismo de generación y fomento del empleo". La ley mantiene, también según Lozano, "la vigencia de dos contratos basura de uso permanente en las grandes empresas: pasantías y aprendizaje, libera de responsabilidad a la empresa principal ante casos de fraude laboral cometidos por contratistas, mantiene el subsidio a las ganancias empresarias al promover la reducción de las contribuciones patronales… (y plantea) un régimen de estabilidad impropio, que no protege al trabajador del despido arbitrario o discriminatorio" (Página/12, 1/3).

Pero Lozano vota la ley que no cambia la "matriz de los 90, ni protege al trabajador "del despido arbitrario", y que además mantiene los subsidios a las grandes patronales.

También Alicia Castro vota a favor, aunque sostiene que "con esta norma se verán reducidos los montos indemnizatorios y (que) la protección contra el despido arbitrario se verá afectada" (reduce de dos sueldos a uno el piso de la indemnización por despido sin causa).

Recalde, Lozano y Alicia Castro inauguran un nuevo tipo de corruptela, que por ahora no necesita pasar por una Banelco para alcanzar sus propósitos.