Políticas

20/10/2016|1433

La batalla contra el aumento de la luz


El gobierno convocó para el 28 de octubre a una audiencia pública para imponer un nuevo aumento de tarifas en la luz. Luego de esta convocatoria, un juez federal anuló el tarifazo hasta tanto se realice esa audiencia. Un mecanismo semejante al del gas.


 


Se trata de imponer la revisión tarifaria integral, un tarifazo sistemático y dolarizado para rescatar a las privatizadas, responsables de la destrucción de la infraestructura existente en la distribución eléctrica en CABA y el Gran Buenos Aires. Mientras consumaban ese vaciamiento, sus accionistas lograron construir verdaderos emporios eléctricos, como el caso del reciente comprador de Petrobras y dueño de Pampa Energía, Marcelo Midlin, forjado en la era K.


 


Como declaró en La Nación: “pudimos comprar muchos activos y establecer una base muy sólida (…) nos permitieron construir una base de activos muy valiosa: 2.500 megavatios de energía eléctrica; Edenor; una parte de Transener que compramos; también una parte importante de TGS. Estamos muy contentos mirando para atrás”.


 


¿Qué inversiones?


 


De acuerdo a lo que detalló Aranguren ante el foro empresarial, Edesur “invertirá 3.300 millones de pesos hasta fines de 2017 para ampliar su capacidad de generación y transporte de energía eléctrica” y la compañía Edenor “inyectará 5.000 millones de pesos”. Considerando la cantidad de usuarios que abastecen, da una inversión por usuario menor a $2. Con las tarifas a aprobar se les asegura una rentabilidad en un 80% más alta que la que lograron con el tarifazo de enero (margen bruto anual de 12.300 millones de pesos para Edesur).


 


El informe entregado por Edenor y Edesur, a requerimiento del ENRE, rechaza el resarcimiento a los usuarios por energía no suministrada o por daños en los electrodomésticos. Es claro: seguirán los cortes.


 


Este tarifazo, junto con el del gas, el agua y el que se viene en el transporte, desencadenarán mayores aumentos de precios. Por otra parte, el llamado “consumo excesivo” no es responsabilidad de la población, deviene del equipamiento con menor costo inicial pero mayor consumo (estufas eléctricas), construcción de viviendas sin aislación adecuada o íntegramente equipadas con energía, en este caso, para evitar los costos de las instalaciones de gas. Las distribuidoras confiesan que no invertirán en medidores inteligentes que permiten el ahorro energético.


 


Continuidad menemista


 


El blindaje estatal a las compañías ha sido sistemático desde el menemismo hasta hoy. El kirchnerismo compensó a las distribuidoras con subsidios por sus compras de energía en el mercado eléctrico mayorista. En 2014 el Estado también le cubrió los salarios. En 2015 se les reconoció mayores costos teóricos, lo que les produjo un incremento en el patrimonio de las empresas.


 


Nuestros diputados, legisladores, dirigentes sindicales darán una batalla política en esta audiencia.


 


Ningún tarifazo, cese de las concesiones y pago de las penalidades por los cortes. Que se abran las cuentas.


 


Nacionalización integral de los servicios, bajo control de los trabajadores.