La decisión de Axel Kicillof de concentrar el manejo de todas las policías municipales bajo su autoridad y la del Ministerio de Seguridad es otro capítulo de los choques entre el gobernador y el aparato de intendentes del PJ. Es también una respuesta al fracaso del levantamiento de los bloqueos y toques de queda dispuestos por los jefes comunales pejotistas y de Cambiemos. No solo los bloqueos continúan, sino que crecen en número y extensión bajo el impacto de la pandemia en la provincia de Buenos Aires que se acerca a su pico de infectados en las próximas semanas. Esta escalada contra los intendentes tuvo otro episodio la semana pasada cuando el Ministerio de Seguridad provincial “instó a los efectivos a dejar de responder a las directivas locales” (La Política online, 28/3). Un llamado abierto a la desobediencia de la policía municipal como parte del reforzamiento de la Bonaerense y del gobierno de Kicillof.

En su disputa con los intendentes el gobernador tiene un aliado en el “camarada de la fuerza”, término que utiliza Berni para dirigirse a los efectivos policiales ratificando que es un representante de las fuerzas represivas en el gobierno de la provincia. Por extensión un aval a las patoteadas, gatillo fácil y negociados e ilícitos de todo tipo de la “maldita policía”. El tándem Kicillof-Berni no limitó su compromiso a “inundar las calles con la policía” para contener los desbordes que pudiese provocar el descontento popular. Berni anunció también la incorporación de agencias de seguridad privada a los operativos policiales por el coronavirus. Aquí no hay “voluntariado” sino otro curro privatista que pagará la provincia. Desde el gobierno, Berni lubrica a los pesados de la Bonaerense con un negocio que beneficia a los excomisarios y altos mandos retirados que son, en su mayoría, los dueños de estas agencias privadas. El control de las policías municipales amplía los negocios de la Bonaerense y quita "caja" a las intendencias. 

Varios medios de prensa señalan incluso una oposición abierta de Berni al llamado “plan operacional” que plantea dividir la provincia en tres zonas donde actúen las FF.AA. en “tareas sociales”, y que tiene el sello del albertismo y la jefatura de gabinete de Santiago Cafiero. Estamos ante una pelea por el control del aparato represivo que agrega nafta al fuego en la disputa entre el cristinista Kicillof y el gobierno nacional que busca un entendimiento directo de Alberto Fernández con los intendentes para el envío de fondos. El “cierre de fronteras municipales” y la respuesta de Kicillof a los intendentes “rebeldes”, tirándoles a Berni y la Bonaerense por la cabeza, tienen un hilo conductor en la crisis política y en la desconfianza a la capacidad del gobierno provincial para enfrentar las enormes consecuencias económicas y sociales que provoca la pandemia. Que Berni sea el vocero de los “centros de aislamiento” es una confesión anticipada del colapso de los 77 hospitales públicos bonaerenses que necesitan entre 14.000 y 18.000 camas de internación. 

En conferencia de prensa Berni hizo saber que de aquí en más “los efectivos responden solo al jefe de la fuerza”. El mando unipersonal que exige Berni confirma el peso que ha ganado de la mano del gobernador “nacional y popular”. Kicillof, que llegó a la gobernación como vocero de Cristina, ata su suerte a un confeso derechista y represor de trabajadores como Berni. La comparación con la pareja Cristina–Milani es inevitable. El Partido Obrero denuncia este curso represivo que transforma la cuarentena en un confinamiento intolerable y carcelario para miles de bonaerenses que están desocupados, precarizados, no tienen agua, viven hacinados, y carecen de los servicios más elementales. ¡Fuera la policía de los barrios! Los trabajadores tenemos que poner en discusión y organización el control popular en la cuarentena.