La resolución emitida por el gobierno, a través del Procurador del Tesoro, Carlos Zanini, para habilitar que el exvicepresidente Amado Boudou pueda cobrar su “pensión vitalicia” de unos $350 mil mensuales (y una retroactividad que estaría por encima de los $20 millones), a la que se hizo acreedor por el solo hecho de haber estado en ese cargo durante un mandato de cuatro años, es una cachetada en la cara de los millones y millones de jubilados que el gobierno mantiene cobrando apenas $17.000 mensuales, luego de haber aportado a las cajas durante 30 o 40 años.

Este afrenta sin pudor por parte del gobierno que venía a atender “primero a los que menos tienen” volvió a colocar sobre la mesa -y con crudeza- el tema de las llamadas jubilaciones de privilegio, de las que gozan, entre otros, los altos funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como las altas jerarquías de la iglesia, como los obispos y los arzobispos.

Colocados en el terreno de la defensa general de esas prebendas, los críticos políticos y mediáticos de que se le “devuelva” la pensión a Boudou, cuestionan la decisión oficial simplemente porque el exvicepresidente está con una condena encima por desfalco al Estado. Pero abogan por el sostenimiento del régimen diferenciado para todos los demás.

Estos privilegios de los cuales no goza, claro está, ningún trabajador, tienen como única justificación el pago de un retiro con la mayor opulencia para quienes se encargan de sostener un sistema general de privilegios para toda la clase capitalista. El régimen de este tipo de jubilaciones está precedido por salarios de los “privilegiados” que oscilan hoy entre los 300 mil y los 700 mil pesos mensuales y que se trasladan al retiro porque, como jubilación o pensión, reciben entre el 82 y el 100 por ciento del sueldo en actividad.

Durante su vida en el cargo, los jueces de la Corte (al igual que los obispos y arzobispos) suman otros beneficios como estar exceptuados de pagar el Impuesto a las Ganancias, que alcanza a una abultada cantidad de trabajadores de ingresos medios y medio altos. Y, al retirarse, para la jubilación de ninguno de los privilegiados rige el máximo que tienen los empleados en relación de dependencia que, cualquiera sea su salario, no cobran más que ese tope establecido, que hoy está un poco por encima de los 100 mil pesos.

Para los trabajadores y trabajadoras, la jubilación es un salario diferido que se nutre de los aportes que se realizan durante su vida activa y que tiene como objetivo cubrir sus necesidades luego que dejen de trabajar. Lejos están de esto las jubilaciones de, por ejemplo, los presidentes y vices, que reciben sus suculentas “pensiones” con apenas cuatro años “de aportes” o las de los jueces o las de los obispos y arzobispos (a los que mantiene el Estado con suculentos salarios), que tienen ventajas similares.

Para que nada se escape la escala de mayores privilegios, en el caso de los presidentes y vices, la ley establece que sus jubilaciones serán equivalentes al 100 y al 75 por ciento, respectivamente, de los salarios de un juez de la Corte, que habitualmente están por encima de los haberes del Ejecutivo. Esa es la razón por la cual Boudou ve crecer aún más el monto de lo que ya hubiera sido una abultada jubilación.

Y los haberes previsionales de este sector no han recibido recortes o depreciaciones, como sucediera con el resto de las jubilaciones y pensiones ordinarias. Esto porque sus salarios (y, correlativamente, sus jubilaciones y pensiones) se aumentan por fuera (y por encima) de los sueldos y los haberes previsionales de los trabajadores.

Los jueces, por ejemplo, se “concedieron” aumentos de sueldo por un total del 69% en el año 2019, casi el doble de la media que recibieron los trabajadores que revistan en blanco. Y el presidente, según el último dato conocido -del 2019- tiene un salario básico que supera los $300 mil.

Alrededor de este tema de los privilegios, el gobierno nacional armó un escenario mediático en marzo pasado con el proyecto de ley para “liquidar” las jubilaciones de ese tipo para jueces y altos funcionarios del poder Judicial y del personal diplomático.

El proyecto, finalmente aprobado poco antes del inicio de la cuarentena, lejos está de “liquidar” ningún privilegio jubilatorio, solo establece algunas modificaciones al sistema, la principal de las cuales es que aumenta el aporte personal de los alcanzados por la nueva ley del 11% al 18%, pero mantiene los haberes previsionales similares a los salarios y con la misma movilidad que estos.

Es que el sostenimiento de las jubilaciones y los sueldos de privilegio para los máximos responsables de la estructura del Estado capitalista, es la manera de mantener disponible y bien pago a un personal político que la administre en función de sus intereses de clase y aplique los ajustes y golpes sobre los trabajadores que les resulten necesarios.

En el derrotero que siguen los regímenes jubilatorios esto se muestra con meridiana claridad. Mientras se mantienen casi inalterables esos sistemas para ese personal político, la burguesía ha lanzado una ofensiva para directamente liquidar el régimen jubilatorio ordinario logrado por luchas incansables de los trabajadores a lo largo de más de 100 años y reemplazarlo por una mísera pensión a la vejez.

El ministro de Trabajo nac&pop, Claudio Moroni, reconoció en marzo pasado que, en lugar de mejorar las jubilaciones, desde el Ejecutivo impulsarán “sistemas adicionales” y “cajas compensatorias”. Una confirmación de que el objetivo es convertir a la jubilación en un ingreso asistencial.

Las jubilaciones ordinarias que, mayoritariamente, ya están muy lejos de cubrir el costo de la canasta básica, parten de salarios deprimidos que, para una franja creciente de trabajadores, tampoco alcanzan al mínimo necesario de subsistencia. Y van por más.

No es solo Boudou, hay que liquidar todos los regímenes de privilegio. Y reponer todos los derechos despojados a trabajadores y jubilados. Hay por delante una pelea por la subsistencia, contra la miseria, por salarios mínimos que cubran el costo de la canasta familiar, que las jubilaciones mínimas alcancen al 82% del sueldo en actividad.