La quiebra de TBA -de los hermanos Claudio y Mario Cirigliano- es el desbarranque de uno de los grupos económicos que constituyeron el riñón del kirchnerismo. En los años 2011 y 2012, el grupo llegó a recibir 150 millones de pesos anuales de subsidios del Estado.

 

A los negocios del grupo, que empezaron con Menem, se fueron sumando nuevos filones, que fueron resultado de sucesivos favores del Estado. Cirigliano se quedó con el grupo Plaza, armado sobre la quiebra de decenas de líneas de colectivos absorbidas a precios de remate. El menemismo también le otorgó la explotación de la ex Fábrica Militar General San Martín, donde operaron Emprendimientos Ferroviarios (Emfer) y Tecnología Avanzada en Transporte (Tatsa).

 

Cuando la jueza Hualde decidió dictar la quiebra de quienes están siendo juzgados por las masacres de Flores y Once, los Cirigliano ya habían emprendido una larga retirada de sus negocios y concesiones, tratando de evitar que estos activos puedan ser embargados por las víctimas de estas masacres.

 

 

El vaciamiento

 

Así, el grupo Plaza fue desplazado con el consentimiento de los Cirigliano de la concesión de todas las líneas de colectivos de Bahía Blanca. Algo similar pasó en la capital de la Pampa. Después de su desplazamiento del ferrocarril Sarmiento, los talleres de Emfer-Tatsa sufrieron un brutal desmantelamiento. Además, Cirigliano sostiene esa misma orientación de vaciamiento sobre las once líneas de Ecotrans, que sólo funcionan por la lucha de su cuerpo de delegados para que no se desguace una empresa en la que trabajan 1.250 choferes.

 

Tras declararse la quiebra de TBA, los familiares de las 51 víctimas de las masacres de Once y Flores temen -con justa razón- que los Cirigliano no afronten los reclamos indemnizatorios millonarios y que esa responsabilidad le sea transferida al Estado.

 

La caída de los Cirigliano es el derrumbe de una política y de una orientación social que involucra a un arco político que se extiende del menemismo a los K, pasando por el gobierno de la Alianza. Hay que expropiar todos los bienes de los Cirigliano, abrir una investigación sobre sus cuentas en el exterior y deben ir presos por los asesinatos impunes de Once y Flores. El Estado deberá asegurar la continuidad laboral de todo el personal de las empresas del grupo y de sus servicios, que debe estar unido al control de los trabajadores sobre todas las líneas de pasajeros que actualmente están a su cargo, de manera de velar por una reorganización general que tenga en cuenta y privilegie el interés de choferes y usuarios.

 

Lo mismo vale para las indemnizaciones de las víctimas del derrumbe ferroviario, asociado a las patotas sindicales y camarillas empresariales que lucraron con miles de tercerizaciones y que fueron responsables directas de la muerte de Mariano Ferreyra.