El presupuesto nacional 95 establece el desmantelamiento y privatización de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en conformidad con el “decretazo” (1540) que decidió dividir la CNEA entre, de un lado, “Nucleoeléctrica”, con las centrales de Atucha I y II, Embalse y la hidroeléctrica Río Grande, y, del otro,  “Atómica”, a cargo del ciclo de combustible, la planta de agua pesada y la explotación de uranio. De acuerdo al proyecto, “las partidas para la CNEA se verán reducidas a l70 millones de pesos”, mientras que el Estado dejará de aportar para terminar la construcción de Atucha II, que “deberá ser solventada por ‘Nucleoeléctrica’, empresa a privatizarse en  1995” (Ambito, 15/9/94).

De este modo, por sólo 600 millones de dólares, el Estado se desprenderá de activos en los que invirtió 8.500 millones de dólares, entregará dos centrales nucleoeléctricas que proveen el 15%  de la energía eléctrica argentina y se hará cargo de la finalización de las obras de Atucha II, incluida la responsabilidad en caso de daño.

Atucha fue instalada con tecnología de la alemana Siemens, mientras que la central de Embalse fue diseñada por la canadiense AECL; ambas son las principales interesadas en la privatización. En cuanto a los locales, “(los) más audaces no dudan en mirar particularmente hacia la CTMSG y EPEC, socios de la Fundación Mediterránea junto con las petroleras Astra, Esso y Shell” (Acción, 2a Agosto).

“Privatización”, parte II

El “decretazo” menemo-cavalliano es la puntada final de un proceso de desmantelamiento y “privatización” que comenzó hace mucho tiempo. “Con las empresas satélites, acá el proceso de privatización ya empezó”, señala un técnico. La propuesta de Mondino, quien renunció recientemente como presidente de la CNEA, partía de una CNEA encabezando “el holding de las ocho empresas satélites, entre las que se cuentan las plantas de producción de combustibles y tubos de zircaloy -CONUAR y FAE- manejadas mayoritariamente por Pérez Companc” (ídem). Los grandes beneficiarios de los 600 millones de dólares volcados cada año a la CNEA han sido los grandes contratistas, como KWU de Alemania o Pérez Companc, y los bancos imperialistas que financiaron a tasas usurarias las construcciones atómicas.

Ahora viene la entrega total de un negocio súper-rentable, y la “puesta bajo la alfombra” de una verdadera “bomba” ecológica. “Nadie dijo que estas centrales durarían sólo treinta o cuarenta años y … nos (dejan) residuos que permanecerán peligrosos durante el siguiente millón de años” (ídem).

La vía muerta del plebiscito

El desmantelamiento y la entrega de la CNEA están acompañados de despidos. Desde 1989 hasta ahora el plantel se redujo de 6.200 a 4.800 personas, y se estima que ahora quedarán en la calle las dos terceras partes de los “sobrevivientes” , y que los científicos y profesionales serán las primeras víctimas. La batalla contra la “privatización” de la CNEA debe centrarse , por lo tanto, contra los despidos.

ATE (CTA), responsable sindical del sector, ha planteado impulsar el reclamo de un plebiscito para que  el Congreso trate  un proyecto de ley contra la privatización. Esta es también la política de la UCR y del Frente Grande. Se trata de una vía muerta para la lucha. El objetivo de la campaña sería juntar 600.000 firmas a favor de un proyecto de  ley de iniciativa popular, habilitado por el artículo 39 de la nueva Constitución. Este establece que con la firma del 3% del padrón se podrán presentar proyectos de leyes que el Parlamento deberá considerar … dentro de los siguientes l2 meses. Pero el artículo exige, para entrar en vigencia, su previa reglamentación legal, es decir que todavía no habilita a nada. El texto que se presenta a la firma miente, por lo tanto, acerca del alcance que tendría el derecho de iniciativa popular, porque oculta que no sanciona leyes, y miente acerca del carácter de la reforma, cuando dice que “acentúa el concepto de la soberanía popular”. El nuevo seudo “derecho de iniciativa popular” no le otorga ninguna iniciativa de nada, porque siguen siendo los legisladores los que deberán votar las leyes (lo novedoso hubiera sido que un proyecto de ley avalado por un conjunto de ciudadanos pudiera ser sometido a plebiscito y aprobado). El proyecto de ley que presenta ATE deja, además, en manos de la Presidencia de la Nación, “explotar en forma segura y eficiente todas las instalaciones (de la CNEA)” y tampoco se opone a la “privatización” , ya que dice que «el Poder Ejecutivo se abstendrá de producir por decreto modificaciones a la CNEA que alteren el espíritu del art. lº de esta Ley” (organismo único, autárquico y dependiente de la Presidencia de la Nación), es decir, mantiene la privatización “periférica” de las plantas satélites.

No al engaño. Para luchar contra los despidos y las privatizaciones es necesaria la movilización de los científicos y trabajadores de la CNEA, del CONICET, de los empleados públicos que el proyecto de presupuesto pone “en disponibilidad”, de los jubilados y activos en defensa de las Cajas provinciales, de los beneficiarios del Pami, de los docentes y estudiantes afectados por la ley de educación.