Políticas
5/7/2024
La campaña de fake news, al borde de los procesamientos
Defendamos a las organizaciones piqueteras, defendamos al Partido Obrero.
Seguir
Movilización piquetera contra el hambre y el ajuste.
En los últimos días hemos visto una serie de fake news en torno a la causa persecutoria contra el Polo Obrero, armada en base a “filtraciones” truchas de parte de la Justicia. La aparición sostenida de notas de este tenor tiene que ver con el interés del gobierno de condicionar el conjunto de la investigación y fundamentalmente, ahora, el dictado de los procesamientos. El objetivo del gobierno es desarticular al conjunto del movimiento piquetero, para golpear la capacidad de movilización y de resistencia al ajuste y la política antiobrera en curso. Ese es el objetivo de Patricia Bullrich, y por eso el gobierno sigue defendiendo el incumplimiento de Pettovello de la obligación de distribuir la comida almacenada en los galpones de Desarrollo Social, y sus curros con la OEI, a la cual le transfirió 21.000 millones de pesos sin que aportara compras de un paquete de fideos hasta el día de hoy. En este cuadro, las “noticias” sostenidas sobre la causa apuntan a un objetivo concreto: condicionar los procesamientos, reclamar prisiones preventivas y, en suma, colocar el aparato mediático al servicio de golpear a las organizaciones que se movilizan consecuentemente contra el gobierno de Milei.
Los programas y el Potenciar Trabajo: ¿quién le debe a quién?
Los medios mienten abiertamente presentando al Polo Obrero como actor de una desviación de fondos del Estado. En realidad es absolutamente al revés. Como lo mostramos en la indagatoria de Eduardo Belliboni, el Polo reunió, para instalar cientos de comedores populares en todo el país, los recursos que el Estado, que tiene la obligación de llevar adelante esta tarea, no volcó en la misma por su política de ajuste y miseria. Cuando solamente un horno vale más de un millón de pesos, el esfuerzo colectivo, de organización, de haber organizado y arrancado al Estado esta asistencia contra el hambre, coloca abiertamente el saldo del lado del Polo así como de todas las organizaciones del movimiento piquetero. El intento de criminalizar este autofinanciamiento no solamente apunta a golpear la capacidad de movilización y de lucha de las organizaciones sino que, además, encubre el abandono del Estado de la obligación de atender a la crisis social en los barrios más empobrecidos del país, que fue cubierto, justamente con la lucha y la organización para arrancar lo más elemental: el alimento.
Este encubrimiento del Estado se desarrolla plenamente en la acusación de extorsión, en la cual el Estado sostiene que quienes se movilizaban lo hacían “obligados” por las organizaciones. En realidad, quienes se movilizan lo hacen obligados por la falta de trabajo y el hambre, que son responsabilidad del propio Estado. Cuando deposita la carga de la “obligación” en las organizaciones, lo que hace el Estado es exculpar su propia responsabilidad de un lado, y del otro criminalizar lo que es el ejercicio del derecho a la protesta social.
Fake news alimentadas desde el Poder Judicial
El programa Potenciar Trabajo tenía asignados fondos en base a convenios para capacitación, construcciones, talleres y herramientas. La narrativa de los medios de comunicación sobre la rendición de los convenios omite totalmente toda la enorme actividad que durante cuatro años se desarrolló con recursos totalmente exiguos. Se construyeron sedes en barrios de todo el país, destacándose las de La Matanza, Neuquén, Soldati, entre otras, que funcionan intensamente como centros comunitarios. Se dieron cientos de cursos de capacitación y se desarrollaron actividades productivas de todo tipo: desde talleres de maquinaria gráfica, seguridad e higiene, textiles, de estampado, sublimado, pintura, música, arte en los barrios, edición audiovisual, hasta huertas comunitarias. Además se llevaron adelante campañas de ESI en los barrios, se desarrolló una tarea muy intensa en el terreno de la organización de la mujer y la lucha contra la violencia de género. Y de concientización sanitaria, como la enorme tarea frente al dengue, con volanteadas en decenas de barrios en todo el país.
Toda esta tarea es ignorada por los medios y la Justicia, que en cambio se encargan de una narrativa sobre rendiciones y facturas para embarrar a la organización. En primer lugar, presentan los 360 millones de pesos de convenios suscriptos por el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor como una suma enorme cuando, en realidad, se trató de un período de 4 años para una organización que llegó a tener organizados más de 70.000 compañeros del programa. Una parte ínfima del presupuesto que iba fundamentalmente a organizaciones vinculadas con el gobierno de Alberto Fernández.
Sobre esta suma, se arma la primera fake sobre las rendiciones. En el mes de mayo, luego de los allanamientos, sostenían que se había rendido solamente el 30% de los recursos dados por el Estado. Esta mentira se fue derrumbando, porque estaba rendido el 80%. Recién en la semana del 20 de mayo el Ministerio de Desarrollo Social intimó a rendir los montos restantes. En la actualidad, aunque está rendida la totalidad con excepción de saldos menores correspondientes a convenios en los que de todas formas se finalizaron las construcciones y tareas planteadas, los medios siguen sosteniendo que existen 80 millones sin rendir, una mentira que apunta a consolidar el relato del desvío de fondos de los programas.
La segunda fake news de los medios se refiere a Editorial Rumbos, que facturó al Polo Obrero fundamentalmente por impresiones y papel, en el marco de los convenios. Los medios insisten en presentarla como una empresa fantasma, cuando ha editado decenas de libros, el periódico Prensa Obrera y otros materiales a lo largo de muchos años. En su indagatoria, Eduardo Belliboni presentó folletos que fueron la base de masivos cursos en todo el país, muchos de los cuales inclusive tuvieron certificación a los asistentes y cursillistas, y que representaron una experiencia educativa de gran importancia para miles de compañeras y compañeros que tienen enormes dificultades para acceder a la educación formal.
La siguiente fake news de los medios dominantes, en consonancia con la investigación judicial, es la compra a Coxtex por computadoras en el marco de los convenios, insistiendo en que se trató de una compra fraguada y de una factura trucha. Inclusive, fantasean con una relación entre el Polo Obrero y ¡Lázaro Báez!, a partir de los vínculos entre el escribano que certificó esta sociedad. Pero omiten que en el momento de ser presentada, la factura fue validada por la Afip. La realización de una compra a una empresa, para estos medios, equivale a haber montado una sociedad que presentan como una mafia.
Por último, la exhibición de cheques que fueron utilizados como forma de pago, exhibiendo particularmente la firma de Eduardo Belliboni, tomando como prueba de culpabilidad, cuando el funcionamiento normal de cualquier entidad implica la emisión de cheques, que luego son frecuentemente endosados como medio de pago por empresas o comercios, una práctica habitual y frecuente en la vida económica.
Las mentiras de Clarín y La Nación persiguen desacreditar a las organizaciones piqueteras, mientras les cuidan los intereses a los Calcaterra o Caputo, los verdaderos artífices del fraude y el vaciamiento nacional.
Defendamos a las organizaciones piqueteras, defendamos al Partido Obrero
Como lo denunciamos en nuestra denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta causa es fundamentalmente una persecución política. En los próximos días, la Justicia deberá resolver sobre los procesamientos de los compañeros, y mostrar cómo va a encarar la investigación de aquí en más. El argumento que toman el juez y los medios, de inventar un fraude en función del financiamiento partidario, apunta a tomar medidas legales contra el Partido Obrero. Un anticipo de esto lo tuvimos cuando se allanó la sede del Partido, a la cual se inspeccionó con cámaras integralmente a pesar de dar negativo el pedido original, que era un allanamiento a Editorial Rumbos. Si la justicia avanza en esta dirección, dará un paso enorme en la política que promueve el gobierno nacional, de golpear las libertades democráticas y cercenar el ejercicio de derechos constitucionales. El Partido Obrero tiene presentados sus balances en tiempo y forma frente a todos los juzgados con competencia electoral, y han sido, en general, aprobados desde 1983.
Hay que recordar que solamente dos veces desde 1983 fueron allanados locales partidarios, una en 1989, y la otra este año, ambos fueron los locales del Partido Obrero. El ensañamiento judicial se explica a la luz del rol que juega nuestro partido en la lucha de clases, promoviendo la intervención de los trabajadores y siendo una oposición política consecuente, y socialista, a los gobiernos capitalistas del hambre y la entrega. La falta de antecedentes en este sentido es sintomática, en un país donde expresidentes, gobernadores y diputados acumulan causas y condenas, jamás la Justicia avanzó contra los partidos porque su ilegalización o las sanciones que impidan presentarse representarían un golpe a los derechos democráticos del electorado y de sus afiliados. Un paso en esta dirección, en relación a un partido opositor como el Partido Obrero, representaría un salto en la tendencia a transformar a la Argentina en una suerte de dictadura civil por parte del gobierno de Milei. Le viene como anillo al dedo a un gobierno que mantiene presos políticos, cercena el derecho a huelga, condiciona los poderes del Estado extorsionando y atacando las libertades democráticas elementales. Nuestra campaña y nuestra defensa, en cambio, hunden sus raíces, como el Partido Obrero, en todas las causas populares de este país. Con esta fuerza tenemos que enfrentar y derrotar este intento reaccionario.
