Aunque el gobierno y la oposición se empeñen en hacer girar el debate electoral en torno a los matices de una agenda dictada por el FMI, la crisis capitalista -con su secuela de despidos, cierres y deterioro general de las condiciones de vida de la población-  sigue escalando. 

La producción fabril se contrajo en mayo 6,7% interanual. El empleo registrado privado presentó una caída interanual de 2,8% (construcción – 8,1%; industria – 4,7%; y en comercio, restaurantes y hoteles la caída fue 3,9%). Los concursos y quiebras aumentaron un 71% con respecto al mismo período de 2018. Y así podríamos seguir.

Mientras la otra curva, la de los precios, va en sentido contrario: según el dueño de Maxiconsumo (uno de los dueños de la maquinita de remarcar) la inflación “changuito” ya supera el 60% interanual. 

La burocracia, tanto la pretendida “combativa” como la de la CGT -alineada con la fórmula de los Fernández- y el grupito de Barrionuevo -que tributa a Lavagna-  han reforzado su línea de “no hacer nada” para –dicen– no alimentar la campaña del macrismo contra los sindicalistas, que busca explotar el rechazo a las prácticas gangsteriles de la burocracia (y de paso torpedear a los sindicatos como tales).

La mala prensa de los aliados sindicales de los Fernández apuntala la línea de parálisis ante la ofensiva patronal para “votar bien en octubre”.  Como reveló Eduardo Van Der Kooy en Clarín, la orden de moderación de CFK tuvo como destinatarios a Pablo Biró, de Aeronavegantes, que reemplazó los paros por la lectura de un comunicado al final de cada vuelo, y a los Moyano; según Clarín hubo un cónclave del núcleo duro de los delegados Camioneros para instruirlos sobre esto. En esa orientación entran desde ya los movimientos sociales del triunvirato y la centroizquierda de las CTA. 

Contra el reforzamiento de la tregua de la burocracia, un reguero de luchas expresa el esfuerzo de los trabajadores por hacer frente a la debacle económica y social: la ocupación de Molinos Minetti, que arrancó el compromiso de pago de la totalidad de la deuda patronal; el acampe de más de un mes, en condiciones climáticas  tremendas, de los trabajadores de Tecnomyl de Tierra del Fuego, contra despidos y rebajas salariales; las ocupaciones de la papelera Ansabo y la alimenticia Suschen (Mielcitas), contra el vaciamiento; la lucha de BIO Ramallo en defensa del convenio aceitero; la rebelión (una más) de los estatales de Chubut por el cobro de sueldos y el corte de prestaciones de la obra social provincial; la paritaria exitosa del Sutna; la enorme lucha salarial de la docencia autoconvocada salteña (que al momento de escribirse estas líneas era brutalmente reprimida por el gobierno de Juan Manuel Urtubey), entre varias más. 

Cuando la burguesía y sus partidos debaten por dónde transitará el próximo ajuste y la implementación de las reformas -laboral y previsional- que exige el FMI este reanimamiento de los conflictos  es un factor de enorme significación. 

Tanto los acuerdos “flexibilizadores” sectoriales, que impulsa el ministro Dante Sica, como el proyecto “alternativo” presentado por el kirchnerismo (con el pomposo título Agenda Urgente para una Sociedad de Trabajo, que incluye una rebaja segmentada de las contribuciones patronales y la rediscusión de los convenios colectivos) conducen a una mayor explotación de los trabajadores.

Cada una de las luchas mencionadas ha recibido, y recibe, el apoyo práctico del PO y el Frente de Izquierda-Unidad, a través de su militancia y sus candidatos. En esta tendencia combativa debe apoyarse nuestra campaña y nuestro esfuerzo por promover un paro activo de 36 horas y un plan de lucha escalonado, para derrotar al régimen del FMI e imponer otra salida: que la crisis la paguen los capitalistas; no al pago de la deuda; nacionalización de la banca y el comercio exterior, para destinar el ahorro nacional a la industrialización del país, la educación y la salud. 

El voto al FIT-U significa una adhesión a esta orientación de lucha.