El miércoles 15, la Cámara de Diputados del Congreso votó un proyecto oficialista para crear una nueva empresa de “navegación aérea” (Eana S.E.) como Sociedad de Estado.

Se trata de los controladores aéreos que manejan las torres de control de los aeropuertos, pieza clave del tráfico aéreo. La historia de este servicio y sus trabajadores con el régimen K es significativa. El sector estuvo militarizado por largos años bajo dirección directa de la Fuerza Aérea. La crisis saltó en 2007 con varios accidentes de aviación y un fuerte caso de contrabando de droga con España en vuelos sin control. Néstor Kirchner tapó el problema pasando a los controladores a la administración civil (Anac).

Los trabajadores del sector entraron a afiliarse a diversos gremios (particularmente a Apta) y comenzaron a hacer reclamos. Una gran huelga por tiempo indeterminado -que dejó los aeropuertos parados durante varios días- llevó en 2011 a la presidenta CFK, a volver a traspasar las torres de control a manos de la Fuerza Aérea.

Ahora, antes de irse, CFK los vuelve a sacar de la jurisdicción militar, pero creando la nueva empresa Eanase. El kirchnerismo hace un poco de demagogia antimilitar para maquillar la nueva creación. Pero se trata de parte del Estado burgués. Civil o militar es el mismo Estado de la burguesía: no cambia el carácter de clase. Aunque para los trabajadores no es indiferente trabajar o no bajo disciplina militar. Contra la militarización no hacía falta constituir una nueva empresa del Estado, bastaba con decidir qué pasaba al ámbito civil aerocomercial.

Eanase será una empresa autónoma que aún estatal, se regirá por el derecho privado. Sus trabajadores pasaran a depender de la ley de Contrato de Trabajo. Se preserva el derecho del personal transferido a la estabilidad laboral -es decir a la prohibición de despido sin causa y sin sumario previo. Esto no abarca a los nuevos. Por otro lado, rigiéndose por el derecho privado puede hacer compras sin licitación y tiene menores contralores estatales. En un plan de reequipamiento (compra de radares, etc.) se abre la oportunidad de buenos negociados. Antes de irse los Kámpora se reservan espacios de poder y de negocios.

Un punto central es que se declara a la nueva empresa como “servicio público esencial”, lo que significa que tiene restringido el derecho de huelga. El Estado puede fijar ‘guardias mínimas' especiales y reglamentar el ejercicio de la huelga. Este punto fue apoyado por la oposición derechista (UCR, etc.) que se opuso a otros aspectos. Justamente, el diputado Pablo López del PO-Frente de Izquierda denunció que la declaración de ‘servicio esencial' ” no tiene que ver con el hecho de que el Estado garantice dicho servicio, sino con poner limitaciones a la posibilidad de lucha de los trabajadores, lo que implica una medida antihuelga, que nosotros lógicamente rechazamos”. Son los trabajadores los que sabrán votar las medidas de servicio mínimo en caso de emergencia. Rechazamos la injerencia del Estado sobre el derecho de huelga.

López también denunció que la conformación de una Sociedad de Estado es una rendija abierta para la posterior privatización (como sucediera en el pasado con YPF). No olvidemos que se cobran cifras importantes por las tasas de servicios a las aerolíneas (250 millones).

Llamó la atención el voto del bloque de Unidad Popular, liderado por Lozano, que resolvió abstenerse, señalando su acuerdo con la conformación de la empresa como Sociedad de Estado. No se trata como formalmente se presentó en otros casos que pasara del terreno privado al estatal, sino que es el movimiento inverso, conforma una empresa que más adelante puede intentar ser privatizada. ¿Será porque las burocracias sindicales (ATE, Apta) podrán integrar un “consejo consultivo”? Esto se llama participacionismo: integración de las direcciones sindicales a las empresas y al Estado.