En octubre, según los datos del Indec, una familia de cuatro integrantes necesitó $139.938 para no ser pobre y $62.106 para no caer en la indigencia. Tanto la Canasta Básica Total (CBT) como la Canasta Básica Alimentaria (CBA) treparon por encima de la inflación general, perjudicando particularmente a los sectores populares, quienes destinan la mayor parte de sus ingresos en la compra de alimentos y artículos de primera necesidad.

En octubre, la CBT (que define la línea de la pobreza) aumentó un 9% y la CBA (que determina el umbral de la indigencia lo hizo en un 9,5%. A su vez, la primera acumuló un incremento del 83,5% en los primeros diez meses del año y del 93,1% en términos interanuales, mientras la segunda trepó 88.4% y 100,8% respectivamente. Todos índices que superaron a la inflación general, ya que esta varió 6,3% en octubre, 76,6% en el acumulado 2022 y 88% interanual. En ese sentido, que el precio de la canasta de alimentos se haya duplicado de un año a otro habla un régimen que gobierna al servicio del agronegocio y la industria alimentaria, a costa del plato de comida de las mayorías.

Así las cosas, se acentúa la distancia entre el incremento del costo de vida y el de los ingresos de los trabajadores. Ya en septiembre, el índice salarial había variado un 7,2% menos que la CBT y 10,9% menos que la CBA. A su turno, el índice salarial en el sector no registrado aumentó en los primeros nueve meses del año un 49,9%, cuando la canasta de pobreza lo hizo en un 68,4% y la de indigencia en un 72,1%.

Un deterioro del bolsillo popular, resultado del reguero de paritarias a la baja y extensión del trabajo informal que han consagrado las patronales, con la anuencia del gobierno y la burocracia sindical. Este mismo pacto antiobrero se evidencia en las cifras irrisorias del salario mínimo, que hoy se halla en $57.900, por debajo de la línea de indigencia de octubre, al igual que lo estará la jubilación mínima en el mes de diciembre, con aumento y bono incluido.

A su vez, el gobierno deja que los montos de las prestaciones y programas sociales pierdan constantemente contra la inflación, con lo cual cada vez sirven menos a la hora de paliar el hambre de los sectores más vulnerables. En octubre 2021, el programa Potenciar Trabajo cubría el 51% de la canasta alimentaria, mientras que en octubre 2022 representa un 25% de la misma. En cuanto a la Tarjeta Alimentar (para familias con dos hijos), en octubre del año pasado se podía comprar con ella el 29% de los productos de la canasta alimentaria, y, al cabo de un año, solo alcanza para pagar el 21% de estos. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo general equivalía al 16% de la canasta alimentaria de octubre 2021 y ahora solo abarca el 11%. Esta pérdida del poder de compra de la asistencia estatal da la pauta de hasta qué punto el oficialismo se vale de la escalada inflacionaria para licuar el gasto público y perseguir las metas de ajuste del FMI.

Quienes nos gobiernan imparten la doctrina del hambre, en beneficio de los capitalistas y el Fondo Monetario. Debemos ganar las calles para recomponer nuestros ingresos, reclamando un sueldo inicial de $190 mil, aumentos salariales indexados a la inflación y trabajo bajo convenio para todos. Sobran los motivos para que irrumpa un paro nacional y un plan de lucha en Argentina.