El cobro del impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores, que ha sido objeto de numerosos conflictos, sigue horadando el ingreso real de una cantidad creciente de los trabajadores. En la medida que la actualización del mínimo no imponible es anual, la inflación sobrepasa rápidamente las actualizaciones dispuestas. Esta actualización, por otra parte, se toma de una estadística de salarios denominada Ripte, que excluye todas las sumas no remunerativas, que componen una parte significativa de los acuerdos salariales. Los ajustes del mínimo no imponible son por ende tardíos y limitados. El ajuste de principio de 2020 fue de 44,27%, mientras que la inflación a lo largo del 2019 llegó a acumular 53,8%. (iProfesional,19/11) En el propio 2020, a pesar de una recesión que remite al 2001-2002 la inflación acumulada para octubre ya llegaba al 26,9% (Ámbito Financiero, 12/11). El enorme desfasaje en la actualización del índice afecta no solo la cantidad de trabajadores que se ven afectado, sino la proporción del salario que es descontado.

La conclusión es clara: en plena crisis social y económica reforzada por la pandemia, se mantiene una exacción sobre los asalariados que no tiene nada que ver con “privilegios” ni “lujos” como lo han defendido en el pasado distintos funcionarios. En Clarín (19/11) se marca que con la canasta de pobreza en 50 mil y el mínimo no imponible en 73 mil, el porcentaje del sueldo más bajo que paga ganancias ha pasado en unos años del 40% al 68,3%.

Esta fuerte carga sobre los trabajadores agrava un cuadro de paritarias a la baja con respecto a la inflación y de desmejora de los salarios reales. El salario promedio de bolsillo de los trabajadores en blanco está apenas por encima de la canasta de pobreza. La mitad de los trabajadores formales tienen sueldos de menos de 41.500 pesos, a una distancia muy grande de la línea de pobreza.

Es violento el contraste entre esta exacción que se coloca a un sector de los trabajadores y la negativa del gobierno a imponer un impuesto a las riquezas como planteo el FIT. La “contribución solidaria” que hizo votar el Frente de Todos fue presentada por sus propios autores como indolora para los empresarios. Aparte, han sido excluidas una enorme cantidad de capitalistas del alcance de la ley. Y es por única vez.

Por el contrario, el pago de ganancias sobre salarios alcanza cada vez a más trabajadores, afecta a sus ingresos todos los meses y genera un perjuicio económico muy sentido en la economía de cada familia obrera afectada.

Está a la orden del día discutir en todos los sindicatos la necesidad de un plan de acción también por la abolición del impuesto al salario, o sea la aplicación de ganancias a la cuarta categoría. “El salario no es ganancia” como lo han planteado los plenarios convocados para luchar por este reclamo por la dirección clasista del Sutna incluso antes de haber ganado el sindicato nacional. El silencio de la CGT y las CTA también en este tema refuerza su complicidad criminal con el gobierno y las patronales.