Ha trascendido periodísticamente que la canciller Susana Malcorra ha enviado una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, planteando: “deseo ponerme a su entera disposición para abordar la cuestión de las acusaciones de abusos sexuales y explotación por Fuerzas Internacionales de Mantenimiento de la Paz en la República Centroafricana, entre diciembre de 2013 y junio de 2014”. Esto debido a que Malcorra fue, durante ese período, jefa de gabinete del secretariado de la ONU y ha sido acusada por funcionarios de Derechos Humanos de dicha entidad de haber cajoneado estas denuncias, persiguiendo a quienes las llevaron adelante y creando un manto de impunidad sobre estos aberrantes crímenes sobre niños.

 

El diputado del PO-FIT, Néstor Pitrola, puso a votación en la Cámara de Diputados, un proyecto de resolución solicitando la presencia del jefe de gabinete para que explique si el gobierno nacional tenía conocimiento de estas denuncias cuando nombró a Susana Malcorra, canciller del nuevo gobierno. Y si ocultó los antecedentes para ayudar a blanquear la cuestionada imagen de la ministra, que ahora se ha presentado como candidata para ocupar el cargo de secretaria general de la ONU. La resolución propuesta por Pitrola reclamaba la renuncia de Malcorra como ministra.

 

Puesto a votación su tratamiento (necesitaba tres cuartas partes) fue rechazado. Pero, en ese momento estalló una crisis, porque salió a luz que se había pactado en forma secreta, entre el oficialista PRO y el FpV, que el tema no se iba a tocar en una audiencia de la canciller ante la comisión parlamentaria de relaciones exteriores.

 

Es necesario convocar a una interpelación ante la Cámara de Diputados a la canciller y al Jefe de Gabinete.

 

Explicación que oscurece y encubre

 

En su carta al presidente de la Cámara, la canciller intenta adelantar una defensa de su accionar. De la misma, surge que ante denuncias concretas del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, que se contactó telefónicamente con Malcorra, en marzo de 2015, para solicitar una reunión por este tema, ésta le envió a “funcionarios” de “ética” “para que puedan brindarle asesoramiento respecto a las reglas y procedimientos aplicables a la situación”. En otras palabras: propuso cajonear las denuncias y evitar que tomaran estado público.

 

Segundo: Malcorra señala que las acusaciones de pedofilia y trata sexual caen sobre tropas francesas Sangaris, que “no constituían Cascos Azules” de la ONU. Sin embargo, las denuncias plantean que en los delitos de pedofilia están acusados tanto miembros de las tropas Sangaris como de los “cascos azules”.

Por último, la misma Malcorra plantea que un panel armado por la Secretaría General de la ONU para investigar estas acusaciones habría dictaminado que “la conducta de la jefa de Gabinete fue desconsiderada (…), pero no constituiría ‘un abuso de autoridad’”.

 

Lo concreto es que los funcionarios de la ONU denunciantes fueron perseguidos y obligados a renunciar y que hasta la fecha la impunidad se ha instalado sobre estos crímenes aberrantes.

 

Malcorra debe renunciar. El gobierno debe explicar por qué la nombró, conociendo estos antecedentes. Por su interpelación en la Cámara de Diputados.