Como sabemos, el mes de enero se caracterizó por una fuerte aceleración inflacionaria liderada por el rubro alimentos, el cual aumentó 4,9% y llegó al 9% en los productos estacionales. Los cálculos privados arrojan que en febrero continuará esa tendencia alcista, con precios particularmente enardecidos en el caso de la carne y los vegetales, que representan el 75% de la mesa de los argentinos.

¿Qué pasa con la carne?

En enero, la suba de la carne fue del 2,3% a nivel general, sin embargo, los cortes populares treparon hasta un 6,2%, según los datos relevados por el Centro de Estudios de Economía Política (Cepa), perjudicando principalmente a las familias trabajadoras. Lo anterior evidencia el fracaso del programa Cortes Cuidados del gobierno, que desde su implementación no ha evitado ningún aumento.

El pretexto era la disminución en la oferta debido a las inclemencias del clima: altas temperaturas, sequía y fuertes lluvias posteriores. Ahora bien, el Mercado de Liniers ya recompuso su stock, no obstante, en las primeras dos semanas de febrero el precio del ganado de a pie subió 14%, denotando una fuerte remarcación. Ocurre que, como denuncia el propio gobierno, estamos frente a un sector ultraconcentrado, donde apenas 10 frigoríficos concentran un tercio del total de la faena y los sobreprecios son moneda corriente, sin embargo, el oficialismo no toma ninguna medida para desmonopolizar la industria ganadera, ni siquiera avanza en la apertura de los libros para evaluar los costos reales, por el contrario, viene de ampliar los cupos de exportación.

Hortalizas al rojo vivo

Como resultado de la escasez en la oferta por razones climáticas y la alta demanda estacional, el mes pasado se disparó el precio de hortalizas como la lechuga (51%), el tomate (82%), la papa (14%) y la cebolla (11%). Las consultoras privadas calculan que en febrero el alza en las frutas y verduras continuará, ya que solo en una semana el aumento fue del 2,8%. Frente a esta realidad, la secretaría de Comercio Interior tiene en carpeta implementar un plan de compras adelantadas a través del Mercado Central, que es una sociedad estatal, para adquirir sin intermediarios cierta cantidad de toneladas de cebolla, tomate y papa, que conforman el 40% del consumo de verduras. Para ello, se contempla un fondo estatal de aproximadamente $650 millones y el objetivo es incentivar la oferta y fijar un precio de mercado a fin de amortiguar los efectos de la estacionalidad. La idea es que esta mercadería a un precio más accesible llegue a los barrios por intermedio de los intendentes.

La medida cuenta con el anodino Mercado Federal Ambulante como antecedente, donde, a instancias de Paula Español al frente de Comercio Interior, el Mercado Central montaba esporádicamente ferias en los barrios, que, como sabemos, no movieron el amperímetro de la escalada inflacionaria. A su vez, la suma contemplada para el fondeo servirá para comprar una mínima parte de la demanda de hortalizas, con lo que la mayoría de la población seguirá recurriendo al canal tradicional.

Luego, la iniciativa no atiende otro aspecto de enorme incidencia en la volatilidad de los precios de las hortalizas: la merma en la producción por falta de recursos y cómo afectan las condiciones climáticas en la cosecha y por lo tanto en la oferta. Son explotaciones familiares a pequeña o mediana escala las que llevan adelante la producción hortícola del país, donde el grado de innovación tecnológica para mejorar la productividad de la tierra muchas veces es muy precario.

La única herramienta crediticia que le facilita el gobierno a la agricultura familiar es un préstamo a través del Banco Nación a tasa subsidiada, pero sumamente restrictivo y con un monto máximo de apenas $100.000, cifra completamente insuficiente para realizar las inversiones adecuadas. De este modo, son muy pocos los pequeños productores que pueden acceder a un invernáculo o comprar un sistema de riegos localizados de alta frecuencia, por mencionar algunos elementos indispensables para aumentar la producción.

A modo de ejemplo, se estima que la producción de tomate con pocos medios tecnológicos (con riego por surco, al aire libre) da como resultado 1.000 cajones por hectárea, en cambio, cuando se lleva a cabo bajo invernáculo y utilizando la ferti-irrigación, se pueden obtener hasta 12.000 cajones por hectárea. Sin embargo, generalmente no se cuenta con esos recursos: en el caso de la provincia de Buenos Aires, que concentra el 19,7% de la producción hortícola del país, solo entre el 25% y el 30% de las quintas posee invernáculo.

Puntualmente con las hortalizas, el alza en los precios no se debe ni a la concentración monopólica de la producción, ni a la remarcación que realiza la industria alimenticia, ya que el 85% de las mismas se consume “al fresco”, ni al acople directo de los precios internacionales de las materias primas puesto que el 94% de la producción hortícola está destinada al mercado interno. Ahora bien, sí afecta de forma directa la concentración capitalista de la tierra, dado que los terratenientes atan el precio del arrendamiento a la cotización de la soja -hoy en alza-, lo cual eleva los costos de aquellos productores hortícolas que no son propietarios y deben arrendar la tierra que trabajan. Por otra parte, que la venta de fertilizantes y agroquímicos se encuentre bajo el dominio de un puñado de multinacionales, como Monsanto y Syngenta, también deja en desventaja a quienes viven de la agricultura familiar y actúa sobre los costos y el volumen de la producción de hortalizas.

Como vemos, al gobierno plantea aumentar la oferta de papa, tomate y cebolla pero no toma ninguna medida efectiva en esa dirección. Por el contrario, le otorga prebendas a los sectores de exportación, generadores de divisas,  favoreciendo que avancen únicamente cultivos como la soja, el trigo y el maíz -desmontes mediante- en lugar de destinar la tierra para crear nuevos cordones verdes donde se desarrolle la horticultura. En este punto, la iniciativa de poner cada tanto algunos puestos en los barrios con frutas y verduras más baratas provenientes del Mercado Central funciona como tapadera de una política orientada al agronegocio.

Conclusión

En definitiva, no es posible combatir la inflación de los alimentos frescos sin que la producción de los mismos esté planificada al servicio de las mayorías. Esto significa poner la tierra bajo control social -de trabajadores y pequeños productores-, nacionalizar bajo control obrero el comercio exterior, el complejo agrícola y la industria alimenticia, así como también orientar el crédito en mejorar la productividad de la tierra a partir de nacionalizar la banca y que esta sea gestionada por los trabajadores. La recomposición de los ingresos de la población trabajadora, por medio de un salario mínimo de $130 mil y paritarias indexadas a la inflación, junto con la eliminación de impuestos al consumo como el IVA, forman parte de este programa. Una perspectiva diametralmente opuesta al inminente pacto con el Fondo Monetario, el cual acentuará la entrega y el saqueo de los recursos naturales y confiscará aún más los ingresos de los trabajadores.

 

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