“Necesitamos ayuda!” “¡Estamos muertos de hambre!”
“¡Nos quedamos sin nada, perdimos todo!”

Esos gritos, lanzados al paso de la caravana presidencial en Tartagal, hicieron que Cristina Fernández descubriera la “pobreza estructural” (La Nación, 12/2) ¡aunque el intendente Sergio Leavy y el vicegobernador Andrés Zottos le organizaron una recorrida que no incluía las zonas más pobres!  

La Presidenta anunció un plan de reconstrucción de 500 viviendas -después el número se aumentó a 627- pero nada dijo de la paralización de las obras de canalización del río Tartagal por la falta de los fondos federales comprometidos. Y debe tenerse en cuenta que esa canalización apenas empezaría a constituir un principio de solución para una parte del problema, pero en modo alguno sería el plan integral, el plan de alcance que esa zona necesita contra este tipo de desastres.

Aun así, aun frente al anuncio de reconstrucción de unas cuantas viviendas destruidas mientras se deja el río tal como está, la gente desconfía: “Habrá que ver si hacen algo… ya son muchas las veces que han prometido cosas y después no tuvimos nada”, dice un poblador (ídem anterior).

Atienden su juego

A la corrupción conocida se añade una incompetencia asombrosa. Después de cuatro aludes, el quinto encontró a los poderes estatales sin siquiera un plan de emergencia que permitiera al menos coordinar la ayuda. Una falsa alarma acerca de un supuesto nuevo alud provocó incluso una pelea entre el intendente y el vicegobernador en público, delante de las cámaras de televisión.

Esa Tartagal destruida permitió saber, por ejemplo, que el Sistema Federal de Emergencia (Sifem) ni siquiera se reúne. Ese organismo pasó a depender en 2004 del Ministerio del Interior, y Aníbal Fernández se lo llevó consigo cuando se constituyó el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Fernández, aunque según se supone tiene a su cargo el Sifem, no apareció por Tartagal ni se refirió al asunto, ocupado en debatir con los opositores la cuestión de la boleta electoral única.  

Por su lado,  los Cascos Blancos, ese invento menemista, mandaron a Salta tres funcionarios – sí, tres-  aunque tienen un presupuesto de 9 millones de pesos.
En definitiva, además de corruptos son inútiles.

Depredadores

Pocos desastres fueron más anunciados que el alud en Tartagal. Después del desastre de 2006, un informe de la Universidad Nacional de Salta (UNS), Diagnóstico y evaluación de la cuenca del río Tartagal y área de influencia, elaborado por los ingenieros Claudio Cabral y Gloria Plaza, advertía que una nueva catástrofe era inminente porque “la cobertura vegetal ha sido alterada y modificada” (los desmontes), de modo que se ha multiplicado la erosión y sus efectos. “La vulnerabilidad de la cuenca del río Tartagal a nuevos eventos catastróficos es altamente probable”, añadían los especialistas universitarios. La calamidad les dio la razón.
Ahora, el Ejército busca explosivos empleados por Repsol-YPF para sus tareas de exploración petrolera. Esos explosivos han sido arrastrados por el lodo y pueden provocar desastres adicionales. Por lo demás, los expertos atribuyen a la actividad de las petroleras mucha más responsabilidad que a los sojeros en la generación de la catástrofe.

Además, aun sin aludes, “empresas de hidrocarburos, sojeras y madereras son denunciadas por arrasar monte nativo y expulsar de sus tierras a pobladores ancestrales” (Página/12, 15/2). Sistemáticamente, los campesinos sufren ahí desalojos violentos, expulsión hacia los márgenes de las ciudades y la destrucción del monte.

Alejandro Guerrero