El proceso judicial que se está llevando adelante para esclarecer el crimen de Paulina Lebbos puede terminar derrumbando todo el muro de impunidad que desde el poder político se montó desde el primer día del crimen para que el mismo quedara impune.

En diciembre de 2013 fueron condenados tres altos oficiales de la policía por encubrimiento agravado. En el juicio oral, los policías condenados realizaron declaraciones para defenderse destacando que cumplían órdenes de sus superiores. Estos ex jefes policiales y otros altos funcionarios que integraban el Ministerio de Seguridad participaron del juicio como testigos, pero entraron en tales contradicciones que varios de ellos quedaron imputados en la causa como partícipes de acciones de encubrimiento agravado y a varios de ellos podrían dictárseles la prisión preventiva.

Un escenario judicial de este tipo llevaría el caso hasta la propia barba del poder político. En este marco, se ha transformado en una pieza clave la situación del fiscal Carlos Albaca, quien tuvo en su poder la causa de Paulina Lebbos durante siete años completamente paralizada. El accionar de este funcionario judicial fue tan escandaloso que, al tomar estado público y trascender nacionalmente, obligó al gobierno nacional a iniciar una investigación y a precipitar su renuncia a la causa.

Paralelo a ello, Albaca, para protegerse de un eventual juicio político o el pedido de destitución por parte de la Corte, presentó su renuncia condicionada en la justicia para acogerse a la jubilación con el beneficio del 82%.

Alperovich actuó en forma rápida emitiendo un decreto de aceptación al pedido de Albaca. Pero la situación del fiscal quedó en un limbo, pues la Anses dictaminó que Albaca no reúne las condiciones para jubilarse con el 82% (le faltan ocho años de aporte).

Dos pedidos de juicio político al fiscal quedaron en suspenso en la legislatura. Lo que avanzó en las últimas semanas fue el sumario administrativo que el año pasado inició la Corte Suprema para investigar la conducta de Albaca frente al caso Lebbos. Albaca, para defenderse, realizó declaraciones formulando hipótesis sobre el crimen de Paulina que nunca incluyó en el expediente y que básicamente concluían en que nunca se probó que hubiera habido un homicidio y que la muerte de Paulina habría sido producida por la propia víctima, por su conducta sexual y en paralelo efectuaba una serie afirmaciones agraviantes contra la familia Lebbos. En ese descargo, Albaca se lavaba las manos de todo, señalando que su intervención en el caso era de conocimiento del jefe de fiscales, Luis Di Mitri, y que nunca le hicieron observaciones. Di Mitri, quien hace un año atrás salió en defensa de Albaca, destacando que las demoras en la investigación eran por cuestiones técnicas, ahora, dando una voltereta de 180 grados, declaró que nunca tomó conocimiento del expediente, y que el único responsable de la causa era Albaca. En simultáneo, Di Mitri presentó la renuncia como jefe de fiscales para acogerse a la jubilación.

Frente a todo este escenario, Alperovich tiene que decidir si mantiene o no el decreto de aceptación del pedido jubilatorio de Albaca en condiciones en que éste no puede jubilarse. La Corte, a su vez, tiene que concluir el sumario y dictaminar si pide la destitución de Albaca o no, y qué actitud piensa asumir frente a la conducta de Di Mitri. La Legislatura tiene que decidir si frente a todos los elementos en curso inicia el proceso de juicio político o no.

Toda la situación se presenta como en una partida de ajedrez, en un gran zugzwang, donde todas las instituciones tienen la obligación de realizar una movida, y cualquiera sea esa movida van a quedar en peor situación, inclusive pueden llevar al jaque mate, en este caso al poder político.

En este marco, el pueblo tiene que hacer su propia movida independiente, redoblando la movilización para reclamar la destitución de Albaca y Di Mitri, para que sean procesados por encubrimiento agravado junto a los demás ex jerarcas de la policía y del Ministerio de Seguridad, lo que implicaría dar un fuerte impulso a la lucha por desmantelar el aparato de encubrimiento del crimen y poder avanzar por esa vía en desentrañar quiénes sus autores materiales.

Daniel Blanco @danielblancopo