Políticas
16/9/2025
La causa por el fentanilo contaminado apunta a las responsabilidades política del gobierno
Investigan a los funcionarios de la Anmat y el Iname por cubrir las irregularidades de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.
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Fentanilo contaminado.
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó el secuestro del celular de Nélida Agustina Bisio, titular de la Anmat, en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que ya se cobró más de un centenar de vidas. La medida incluyó allanamientos en domicilios particulares de funcionarios, en el Iname y en las sedes centrales de la Anmat. Entre las apuntadas está también la desplazada Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Iname, quien ocultó información clave sobre las irregularidades de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo. Pero la responsabilidad de los funcionarios no es individual, sino las responsabilidad política de un gobierno que para colmo tiene como Ministro de Salud a un lobbista de los grandes laboratorios.
El operativo judicial confirma lo que venimos denunciando: la masacre sanitaria no fue un accidente sino el resultado de una cadena de responsabilidades políticas, empresariales y estatales. La Anmat detectó en diciembre de 2024 fallas críticas en las plantas de Ramallo que comprometían directamente la calidad y seguridad de los medicamentos, pero no se clausuró de inmediato ni se retiraron los lotes del mercado. El veneno siguió circulando hasta mayo de 2025, cuando ya se contaban decenas de muertos.
La complicidad del Estado con los laboratorios es evidente. Mientras el ministro Mario Lugones sigue respaldando a Bisio, las familias de las víctimas deben peregrinar hospital por hospital para reconstruir el listado de fallecidos, porque el sistema de reporte es voluntario y cada clínica privada decide si informa o no las muertes vinculadas al fentanilo. En otras palabras: si un hospital no reporta, la muerte no existe para el Ministerio de Salud. El régimen de privatización y desregulación de la salud convierte la vida de los pacientes en una variable de negocio.
El encubrimiento es una suerte de política de Estado. Desde 2018 los inspectores del Iname registraban falencias en HLB Pharma y Ramallo. Pero el kirchnerismo, lejos de investigar, encubrió: sus diputados rechazaron una comisión parlamentaria para esclarecer las responsabilidades políticas. Así se protege a García Furfaro y a toda una red empresarial que creció gracias a licitaciones millonarias, con la complicidad de intendentes, burócratas sindicales y funcionarios de turno.
La red de impunidad involucra además al narcotráfico. El desvío de fentanilo al mercado ilegal ya fue señalado por la fiscalía, esto mientras el gobierno de Milei blanquea capitales, habilita la importación sin controles y destruye al organismo que fiscaliza la producción de medicamentos.
Nada de esto se resuelve si como propuso el ministro provocador Sturzenegger directamente cerraran la Anmat. El plan motosierra que vacía hospitales y programas de salud pública no va a traer ningún beneficio sanitario. El "desregulador" simplemente actúa como comisionista de los pulpos farmacéuticos multinacionales que quieren copar el mercado argentino desplazando a los laboratorios "nacionales", que tienen en Lugones a su espada dentro del gobierno.
Frente a esta masacre, los familiares de las víctimas ya se están organizando. Su denuncia es clara: clínicas, laboratorios y Estado son responsables. La justicia solo puede lograrse a través de la lucha popular, contra un régimen que nos condena a morir por falta de controles, por la rapiña empresarial y por los ajustes criminales. La salida es poner fin al negocio capitalista con la salud y avanzar en el control de los trabajadores sobre el sistema de salud y la producción de medicamentos.
