Es completamente falso que el acuerdo en torno a las obras sociales que firmaron Menem y Gerardo Martínez beneficie al movimiento obrero.

¡No en vano la patronal salió a celebrarlo!

Jorge Di Fiori, por ejemplo, “patrón” de la Cámara de Comercio, dijo que “lo más importante parece ser que esto consolida el sistema jurídico y asegura que la CGT no vaya a plantear después cuestiones ante los Tribunales”(Clarín, 22/9).

El “patrón” de la Unión Industrial, el “negrero” Blanco Villegas, dijo, por su lado, que “es mejor tener algo menos pero con sustento legal y no tener algo que no puede ser duradero en el tiempo” (Clarín, 22/9).

El mismo libreto repitió a los cuatro vientos Cavallo: “el sistema gana en seguridad jurídica y sostenibilidad en el tiempo, ya que desaparece la amenaza de los juicios” (Clarín, 25/9).

¿Qué festejan? Que a cambio de un miserable descuento en la rebaja de los aportes patronales a las obras sociales, que irá a parar a la “caja” de la burocracia, la dirección de la CGT dio su pleno acuerdo:

1) a un decreto que ya se encuentra en vigencia, anticonstitucional (de ahí la preocupación de que la CGT pudiera ir a los Tribunales) que inicia la privatización de la salud en los términos pactados con el Banco Mundial;

2) a la rebaja, de un 30% a 80%, de los aportes patronales a la jubilación, a las asignaciones familiares, al PAMI, al Fondo de Empleo y de un 17 % a las obras sociales. Significa una transferencia de 4.000 millones de dólares por año a las grandes patronales, a costa de los jubilados, de los desocupados y de los trabajadores;

3) a la eliminación de la actual cobertura médica universal y a la puesta en vigencia, “en 60 días”, de una cobertura mínima, asistencial, es decir, de sobrevivencia, llamada PMO (Programa Médico Obligatorio);

4) al desmantelamiento del PAMI, con la transferencia de 500.000 pensionados a la Secretaría de Acción Social, sin garantía de prestación médica y la pérdida de los beneficios de turismo para los jubilados.

Es una entregada en toda la línea. En lugar de aprovechar la crisis política del gobierno proimperialista, para acabar con los ataques al pueblo; en lugar de aprovechar la enorme reacción popular a la  catástrofe económica para arrancar los reclamos al gobierno; en lugar de esto, la dirección de la CGT ha salido a socorrer al gobierno y a las grandes patronales, hundiendo aún más las jubilaciones, las asignaciones familiares, el subsidio por desocupación, la salud obrera.

Está claro que el “cese de tareas” del 6 de setiembre fue, para la burocracia, sólo una carta de negociación, sin que ello signifique que haya logrado resolver nada. Porque el acuerdo sólo demora por unos veinte meses la “libre afiliación” a los Sistemas de Salud, es decir, la privatización, coincidiendo con los plazos de la “transición” establecidos por el Banco Mundial.

La privatización de la salud se implementará con “financiamiento del Banco Mundial y del BID para la reestructuración del sistema, por unos 600 millones”(Clarín, 25/9). Para que no quepan dudas, al día siguiente, Cavallo disolvió los Institutos Mixtos, eliminando los aportes patronales adicionales.

Estamos ante un ataque gravísimo: el robo de la salud; el desfinanciamiento del PAMI para su privatización; el congelamiento de por vida de las jubilaciones en 150 pesos mensuales.

Los Gerardo Martínez y sus secuaces firmaron el acuerdo con la intención de recibir el “financiamiento” preparatorio de la privatización del Banco Mundial y buscar durante la “transición” un pulpo bancario o asegurador como “socio”, para entregar las obras sociales. Como ya ocurre con las AFJP y las ART, la burocracia quedará asociada a las migajas que le tiren los grandes capitales.

El acuerdo significa que el episodio del “cese” del 6 de setiembre pasado ha concluido; la burocracia cegetista aprovechó la tregua que desde el 6 le dieron las burocracias del MTA y del CTA, para “arreglar” con Menem y Cavallo la satisfacción de sus “apetitos”. Pero aun después de este acuerdo criminal, los Palacios, Moyanos y De Gennaro tampoco se han pronunciado. Todas las fracciones de la burocracia se han puesto de acuerdo, al menos en los hechos, para darle un respiro a un gobierno que se encuentra en demolición.

Mientras las provincias se sublevan unas tras otras, la consigna de la burocracia sindical de “oposición” es la que acuñó la UTPBA: “la mejor opinión es el silencio”.

Llamamos a repudiar el acuerdo de la burocracia cegetista mediante pronunciamientos.

Llamamos a reclamar la anulación de la rebaja de los aportes patronales y a que el Estado asegure la financiación del sistema de salud.

Llamamos a defender las obras sociales contra la privatización, y a ponerlas bajo el control democrático de los trabajadores.

Llamamos a reclamar el restablecimiento del sistema previsional estatal, del 82% móvil y el control de las Cajas por los obreros y los jubilados. Abajo las AFJP y las ART, por el restablecimiento de la ley de accidentes de trabajo.

Llamamos a reclamar a las direcciones de los sindicatos y del CTA y MTA un inmediato plan de lucha.