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La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner compareció ante el juez Julián Ercolini en la causa que se le sigue por el presunto reparto direccionado de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez.

En las puertas de Tribunales, CFK caracterizó su citación como una maniobra para tapar el “desastre económico” del macrismo y reclamó una auditoría sobre toda la obra pública. La ex presidenta exhibió un apoyo político raleado: fuera de su círculo íntimo (Bonafini, D’Elía, Kicilof), no había nada. El único intendente presente fue Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas. La convocatoria tampoco suscitó ningún tipo de movilización popular.

En su momento, el kirchnerismo prendió el ventilador para defenderse de las acusaciones de corrupción: difundió un listado con los principales beneficiarios de la obra pública que incluía en los primeros lugares a Techint, Electroingeniería, IECSA (de Calcaterra, primo de Mauricio Macri), el Grupo Roggio y la brasileña Odebrecht, entre otros, y donde el Grupo Austral de Báez aparecía algo más relegado.

Las internas de la patria contratista se colaron cuando el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediak, afirmó que las empresas de Báez cobraban antes que las demás y tenían anticipos de obra, mientras el resto arrastraba deudas.

Fue el propio Chediak el que reconoció el entramado de corrupción político-empresarial en la obra pública poco después de la detención infraganti del ex secretario de obras públicas del kirchnerismo, José López, con millones de dólares encima. Chediak, que luego relativizó sus dichos en la justicia, habló de una comisión del 15% que los empresarios pagaban a los funcionarios públicos para asegurarse la adjudicación de obras, un sistema que se conocía en el mundillo empresario como “Movicom” –antigua empresa de telefonía móvil- porque las cifras de las obras llevaban adelante el número “15” en concepto de coima a los funcionarios estatales.

El entramado de corrupción con la obra pública no es patrimonio exclusivo del kirchnerismo sino que envuelve a todo el régimen político. Las contratistas han hecho negociados fabulosos –tanto lícitos como ilícitos- con el kirchnerismo y con el macrismo. Han formado parte de la base social del gobierno K y del gobierno porteño.

La otra cara de la moneda es la situación de los obreros de la construcción, con los sueldos más bajos de la industria, trabajo en negro y todo tipo de accidentes laborales.

CFK encuadró su citación dentro de lo que sería una persecución regional que involucraría también a Lula. Pero lo que tienen en común ambos procesos es la colusión de negociados entre los partidos del régimen y la burguesía nacional. Con más rigor, Cristina debería haberse referido a un “Petrolao” criollo.

La citación se produce en momentos en que el gobierno intenta avanzar en el Parlamento con un proyecto de asociación pública-privada para la obra pública, que permitiría “eludir licitaciones, adjudicar de manera directa, evitar controles establecidos en la ley de obras públicas y peajes, permitir el pago en moneda extranjera, remover el ‘compre nacional’ y, por fin, hacer cargo al Estado de todas las responsabilidades en los pasivos ambientales” (PO 1434). Por ahora, ésta quedó frenada en el Parlamento.

Por eso, las declaraciones del jefe de Estado frente a la citación de la ex presidenta – "queremos que nunca más las obras sean sinónimo de corrupción”- son pura hipocresía. En todo caso, lo que está en debate es la formación de un nuevo esquema de negocios y una rediscusión de sus beneficiarios capitalistas.