06/12/2000 | 691

La ciudad expulsa a los vecinos

El negocio


En la traza de lo que iba a ser la Autopista Central (AU3), proyecto de la dictadura militar nunca concretado, se asientan más de 1.100 familias que ocupan en su mayor parte tierras y viviendas que son propiedad del Gobierno de la Ciudad. Llevan veinte años reclamando la vivienda y creyeron obtenerla con la sanción de una ley (324/2000) que dispuso el congelamiento de los desalojos, la instauración del «comodato» (figura jurídica que otorga el uso de un bien por determinado tiempo) y, atiéndase bien, un plan de «soluciones habitacionales múltiples» financiado con la venta de los inmuebles más valiosos de la vieja traza. Un sector de ésta, que va desde la calle Congreso hasta Avenida de los Incas y abarca 18 manzanas, contiene la posibilidad de un enorme negocio inmobiliario. En palabras de los funcionarios aliancistas, «sobre la zona Este de la traza, se extiende el barrio de Belgrano R, con viviendas de gran categoría». Puede afirmarse que la existencia de la traza frenó la expansión del proceso de renovación edilicia hacia Colegiales y Coghlan. Esta presión, unida a la falta de terrenos en la zona permite afirma que estamos ante las tierras de mayor valor económico de toda la traza, con precios de mercado que oscilan entre 650 y 1.000 pesos por m2, valores que podrían multiplicarse según las iniciativas de ‘renovación urbana’. El negocio se trasluce cuando los mismos funcionarios señalan que «la recuperación del sector 5 (así se lo llama en el proyecto) es una pieza clave en términos económicos. El acuerdo por parte de los vecinos ocupantes para trasladarse a otros sectores de la traza constituye quizás el mayor aporte que cualquiera de los sectores implicados haya realizado hasta ahora a la concreción del programa».


Al día de hoy, lo único que se ha puesto en marcha es este negocio inmobiliario. La Secretaría de Planeamiento Urbano ha concluido el proyecto que concibe algunas obras públicas (avenidas con forestación), un proyecto inmobiliario con edificios de 7 ó 9 pisos que instalaría una «muralla de cemento» en el barrio, y una inversión que supone «la participación del sector privado» (presentación de la Unidad Ejecutora del programa). Como la condición es el desalojo de las viviendas ocupadas, se han habilitado siete lugares con la promesa de un plan de vivienda para 100 familias, cifra es que además sólo una quinta parte de las afectadas en el sector.


Expulsión


¿En qué consiste la «salida habitacional»? En préstamos de hasta 30.000 pesos a cancelar en 30 años, un monto que impide acceder a una vivienda para una familia de 4 ó 5 integrantes (el 51% pertenece a esta franja), y mucho menos en la zona. Los préstamos prevén, para el compañero que pasa a ser desocupado, sólo una mora de seis meses. El que está desocupado es directamente desalentado.


Fuera de esto ¿qué? Fuera de esto más de 150 familias tienen intimaciones de desalojo llevados adelante por el propio Gobierno de la Ciudad, por los consorcios de edificios y por Aguas Argentinas, que ha llegado, en muchos casos, al corte del servicio. Según una denuncia hecha en la última reunión de seguimiento, camiones de la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) trasladan nuevos ocupantes al margen de la organización creada por los «viejos» asentados, lo que parecería ser una política de división.


Esto no es improvisación. Es una política consciente de expulsión de los trabajadores sin vivienda dejando «pudrir» una situación y avanzando raudamente hacia la concreción del negocio inmobiliario involucrado.


Como bien denuncia una de las organizaciones, «la sola no prestación del comodato revela una estrategia maliciosa ya que la sola presentación de este instrumento en los juicios de desalojo impulsados por la Municipalidad y el Gobierno de la Ciudad permitiría el cierre de causas».


El PO plantea:


* Suspensión de todos los desalojos, entrega de los comprobantes de comodato a todos los afectados.


* Condonación de las deudas de los inmuebles con Aguas Argentinas y los consorcios (por expensas) hasta el año 2000, y exención para los desocupados.


* Ningún traslado parcial, plan de vivienda para las 1.100 familias en un plazo no superior a dos años, sobre la base de la escrituración de los inmuebles que habitan (900 inmuebles de la traza corresponden a la Ciudad), de la autoconstrucción o construcción con créditos que no superen el 15% de los ingresos del grupo familiar, incluyendo a los desocupados, que deben ser amparados por una moratoria hasta tanto obtengan trabajo.


* Organización y funcionamiento en común del cuerpo de delegados de la ex AU3.


* Plan de lucha por los reclamos.

 

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