La “emergencia económica” decretada por Ibarra viene reflejándose en materia de vivienda. No se adjudican viviendas y la entrega de créditos está virtualmente paralizada. Además, hay ataques contra las familias beneficiarias de distintos programas habitacionales (leyes 324 y 177).

La CMV pretende forzar a las familias que ocupan viviendas comprendidas en la traza de la Autopista 3 (ley 324) a firmar un comodato totalmente tramposo, que les obligaría a pagar un canon mensual, además de los servicios, tasas e impuestos. También deberían hacerse cargo de la deuda acumulada por esos mismos conceptos en el pasado. El Gobierno de la Ciudad ya ha girado a alguno de los afectados el monto de las deudas con Aguas Argentinas y por los alquileres (canon) acumulados, en el que se incluyen también intereses. Los deudores, a partir de la firma del comodato, deberían asumir todos los gastos de conservación de los inmuebles, cuyo deterioro es muy pronunciado (ya que se trata de inmuebles expropiados afectados a la construcción de la autopista que quedaron a la deriva cuando no se consumó la obra), pero no se les reconocen las mejoras que hagan en la construcción, financiadas de su propio bolsillo, como parte de pago de la futura vivienda a la que accedan. El comodato tiene como fecha de vencimiento el 8 de febrero de 2003, es decir, se trata de un virtual convenio de desocupación. Vencido ese plazo, el Gobierno de la Ciudad estaría facultado para desalojar al vecino. El gobierno no ha cumplido con su obligación al entregar las viviendas ocupadas, los terrenos para autoconstrucción ni los créditos para la compra de viviendas, pero quiere obligar a los vecinos a pagar como si fueran dueños de un inmueble que no les pertenece.

Ley 177

Una situación parecida se da con las familias que habitan los complejos habitacionales, encuadrados en la ley 177. Los beneficiarios del plan, que estaban listos para firmar las escrituras de los departamentos que ocupan, se han visto sorprendidos al constatar que la deuda que les queda por pagar es muy superior a la que ellos estimaban. Se han encontrado con que en los registros que lleva el gobierno, faltan pagos que los vecinos ya hicieron durante estos años y, además, que los pagos han sufrido un desagio en función del período que se abonó, con lo cual las cuotas abonadas con anterioridad al ‘91, cuando se sancionó la convertibilidad, han quedado reducidas a migajas. Asimismo, la pretensión de la CMV es incluir en el saldo de la hipoteca y en el cálculo de las cuotas respectivas la deuda con Aguas Argentinas, cuando en su momento se estableció que esa deuda corría por un carril separado. Los habitantes del Barrio Illia, uno de los más humildes, denunciaron que el gobierno no se hace cargo de la refacción de los edificios, pese a que ésa era una de las condiciones previas a la escrituración.

La CMV está en proceso de demolición. Se ha abandonado cualquier pretensión de convertirla en un instrumento de vivienda popular, confinándola a la “asistencia social”.

Esta política ya ha desatado la reacción de los vecinos. En la ex AU3, sus habitantes reclaman la supresión del comodato trucho y desalojador, que se dejen sin efecto los comodatos que ya se firmaron y que se cumpla con el programa que les permita acceder a una vivienda. Como parte del movimiento de protesta, se ha formado una comisión autoconvocada, pasando por encima de los delegados, que encabezan estos reclamos.

Entre las miles de familias nucleadas alrededor de la ley 177 existe un gran clima de agitación y se están discutiendo iniciativas de movilización para exigir que se le reconozcan todos los pagos efectuados y que no haya ningún desagio en las cuotas abonadas. Se está discutiendo también la necesidad de revisar el modelo de escritura, teniendo en cuenta el deterioro que se ha operado en las condiciones de vida de los trabajadores en los últimos meses, incluyendo cláusulas que protejan a las familias de la desocupación. Dentro de los puntos, se incluye suprimir la cláusula de titularización de las hipotecas que habilita a la CMV a transferir la cartera de créditos a un banco. Los vecinos no quieren correr el riesgo de que el destino de su vivienda esté en manos de un especulador inmobiliario o un operador financiero privado.