En enero de 2016, mediante un decretazo que luego convalidó el Congreso, Macri liquidaba las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital. De un plumazo, clausuraba definitivamente el episodio de la “batalla cultural”, lo que revelaba menos la fortaleza de Cambiemos que la absoluta precariedad del armado de la legislación K. De hecho, la mentada ley antimonopólica había cerrado su ciclo en 2014 con la promulgación de la ley de las telefónicas (Argentina Digital) que habilitaba el ingreso de éstas al mercado audiovisual; con el fracaso de la escalada contra el grupo Clarín y con el derrumbe de la burguesía “nacional y popular” de medios que, tras enriquecerse con la pauta publicitaria, dejaba a cientos de trabajadores en la calle.

 

Como se recordará, el DNU de Cambiemos disolvía los organismos de “control de medios” del kirchnerismo para crear otro todavía más centralizado y dependiente del Poder Ejecutivo (ENACOM); además, favorecía una mayor concentración en la televisión abierta y por cable, extendía los plazos de las licencias y, sobre todo, autorizaba la propiedad cruzada: que los grupos audiovisuales puedan acceder al mercado de las telecomunicaciones y que las telefónicas puedan entrar al negocio del cable.

 

Los fundamentos del decreto argüían la tendencia inevitable a la convergencia digital planteada por las nuevas tecnologías –una vez más, “no se puede tapar el sol con las manos”. Pero la apelación a la racionalidad tecnológica apenas disimulaba una nueva intervención del Estado para redistribuir el fabuloso negocio de la infotelecomunicación. Más que digital, la convergencia del macrismo es la del capital.

 

Un año después, otro DNU

 

Aquel decreto sólo abrió un primer capítulo de una guerra de intereses entre las pocas corporaciones que monopolizan el mercado.

 

El principal favorecido por la nueva reglamentación era el grupo Clarín, que, desde entonces, se preparó para desembarcar en el “liberado” mercado de las telecomunicaciones que le habilita el cuádruple play (telefonía fija y móvil, internet y televisión por cable). El grupo -que ahora cierra AGR y despide trabajadores-, no paró de crecer y por doble vía: en marzo del año pasado, a través del fondo buitre Fintech, de David Martínez, que controla el 40% de Cablevisión, compró Telecom. Luego, embolsó a un grupo de compañías de telefonía celular (Trixco SA, Skyonline Argentina SA, Netizen SA, Infotel SA y Callbi SA) y a fin de año completó la compra de Nextel con la que ya empezará a brindar servicio de 3G y 4G. Si a esto se le suma el “premio” de una nueva y jugosa pauta publicitaria: cartón lleno.

 

Pujas

 

Los restantes grupos recusaron el DNU por ser “restrictivo”. A DirecTV, controlada por la estadounidense AT&T, se le prohibía expresamente brindar su servicio por Internet (si bien lo venía haciendo desde el gobierno anterior y lo siguió haciendo bajo este con un permiso precario). La “discriminación” fue denunciada no sólo por lobistas como Claudio Loser (ex director del FMI) sino hasta por el ex presidente Obama quien, según recoge la prensa, habría llamado directamente a Macri.

 

El macrismo se ha empeñado en soldar una alianza con el grupo Clarín. El gobierno, asediado en múltiples frentes,  busca los servicios de la “Corpo” de cara a unas elecciones de las cuales teme salir perdidoso. Esta entente tiene su precio y es una fuente de choques con los grupos empresarios rivales. En resumen, la crisis política se ha colado en la economía y los negocios.

 

El macrismo ha tratado de calmar las aguas, compensando a las telefónicas con otras concesiones: por caso, se las habilitó para desembarcar en el mercado audiovisual pero tras un período de dos años que podía extenderse por uno más. No parece que haya sido suficiente.

 

Telefónica amenazó con llevar el reclamo al CIADI y, en el reciente viaje a España, incluso los medios oficiales se hicieron eco de los pedidos de Felipe Rajoy y el lobista Felipe González, para que se les garantice el negocio en el más breve plazo.

 

Como resultado de estos reclamos, Macri dispuso un nuevo decretazo. A partir de enero de 2018, las telefónicas podrán ofrecer servicio audiovisual y DirecTv hasta recibió una mención a medida, que la habilita a brindar el servicio adicional por banda ancha.

 

La ley del capital

 

A pesar de haber sido conformada ya hace un año la comisión especial para la redacción de una nueva ley de medios apenas ha funcionado. Pero nadie se desvela demasiado y mucho menos los grandes grupos. Los sucesivos decretazos ya delinearon los puntos centrales que procuran satisfacción garantizada para esos grandes grupos. “La mejor ley de medios es la que no existe”, decía en noviembre del año pasado el ministro de Comunicaciones, el milico Aguad.

 

Entretanto, avanza la nueva redistribución que abrió el gobierno. Viacom, uno de las cinco megacorporaciones que controla la industria cultural en el mundo, compró recientemente a Telefé por 345 millones de dólares. Este mes se anunció la venta del 40% de las acciones del grupo Narváez al dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, quien a partir de ahora compartirá junto con el grupo Vila el control de América TV, A24 (el canal de noticias), Radio La Red, Primicias Ya y el Canal 10 de Junín. Y tras el melancólico final de “Fútbol para Todos” recrudece la enorme disputa en la que están embarcados Fox, Turner, ESPN, Cablevisión, Torneos.

 

“Hora de welcome y no de go home”, celebraba anticipadamente el columnista Pablo Sirvén (La Nación, 20/11/16). Casi sin respiro, pasamos de la impostura de la “democratización de la palabra” a la más cínica defensa de la colonización financiera del sistema de medios y comunicación, la cual deberá abrirse paso a través de pugnas económicas y políticas.

 

La convergencia de los negocios de las telecomunicaciones supone el avance de la concentración monopólica, la fusión de empresas, su “racionalización” (despidos), y el ataque a la organización obrera independiente (AGR), un proceso que comenzó con CFK. y que necesitará doblegar una resistencia obrera. Ésta tendrá que ser el punto de reagrupamiento desde el cual plantear la defensa de la libertad de expresión, que es antagónica a los monopolios capitalistas.