Argentina está entre los países que mayor impunidad le otorgó a la constructora brasileña Odebrecht, salpicada en el escándalo de pago de coimas en varios países de América Latina y de blanqueo de esos activos. Este adalid de la patria contratista reconoció abonar en nuestro país sobornos por al menos 35 millones de dólares para que se le adjudiquen licitaciones de la obra pública, pero una investigación publicada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas reveló que esa cifra puede trepar hasta 59 millones. Pero no solo se tendió el operativo de impunidad sobre la constructora para garantizar a su turno la impunidad de los responsables políticos, por lo que no hay al momento ni una condena en la causa. No se repatrió ni medio centavo de esos fondos.

La constructora pagó aproximadamente 25 millones de dólares por la licitación para extender las redes del gasoducto, 14 millones por la Planta Potabilizadora en Paraná de las Palmas, de AySA, y otros 20 millones por el soterramiento del tren Sarmiento, que finalmente quedó inconcluso aportando todavía mayores irregularidades.

Al día de hoy, Odebrecht está suspendida en el registro de contratistas del Estado, por lo que no puede obtener licitaciones. Eso es todo. No se logró ninguna condena judicial ni se le aplicó ninguna multa a la empresa, ni a los funcionarios públicos y directores de la firma en funciones al momento de los hechos. De aplicarse una sanción de este tipo por el total de las coimas pagadas, bien se podrían recaudar casi 60 millones de dólares para invertir, por ejemplo, en un plan de obras públicas genuino, lejos de las garras de estos grupos parasitarios. Es una necesidad urgente en un país donde falta hacer de todo, y donde hay miles de desocupados y trabajadores informales que demandan trabajo genuino. Y esto cuando, por el contrario, la nueva ministra de Economía Silvina Batakis anunció un plan de ajuste fenomenal sobre la obra pública para cumplir las metas anuales que reclama el FMI.

En efecto, la piedra angular del problema es que Odebrecht hizo sus negociados de la mano de todos los que nos gobernaron. En la causa por corrupción fueron imputados desde el exministro de Obras Públicas kirchnerista Julio de Vido, el exdirector de la AFI macrista Gustavo Arribas, la empresa Calcaterra, del primo del propio Mauricio Macri, a De la Sota y otras decenas de funcionarios, empresarios y “dueños del poder”, de ambos lados de la “grieta”. Muchos lograron garantizarse la absolución, pero aquella causa iniciada bajo la denominación del “Lava Jato” expuso a todo un régimen político que mantiene negocios con la patria contratista, y que, claro, no empieza ni termina en Odebrecht. Recordemos también la famosa “causa de los cuadernos”, donde todos los capitalistas resultaron exentos de cualquier condena judicial, retratando a un manto de impunidad que se sostiene en el tiempo.

Tanto es así que en 2017 el vicepresidente para América Latina de la firma, Luiz Mameri, declaró como arrepentido y precisó información clave. La constructora operaba de manera clandestina con una caja paralela para pagar coimas, la “caixa 2”, como la definió Marcelo Odebrecht. Pero también para financiar campañas políticas: en el país reconocieron formalmente haber contribuido con medio millón de pesos a la campaña electoral de Macri en 2015, aunque fuentes internas de la empresa aseveraron que también aportaron a la campaña de todos los otros candidatos. El candidato del kirchnerismo en aquel entonces, el hoy ministro de Producción Daniel Scioli, la ahora integrante de Juntos, Margarita Stolbizer, y el ahora presidente de la Cámara de Diputados del gobierno, Sergio Massa.

Hubo una sola excepción: Odebrecht no financió la campaña del Frente de Izquierda – Unidad. Somos los que luchamos por ponerle punto final a este régimen de corruptelas y saqueo de una clase capitalista parasitaria que supo tejer todo tipo de negocios con los Estados, incluso a costa de fugar permanentemente la riqueza del país con el aval de quienes nos gobiernan.

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