24/01/2002 | 738

La concertación de la UIA y el Tesoro Yanqui

Si a alguien le cabe todavía alguna duda de que el golpe devaluador de Duhalde ha sido el resultado de una conspiración del Tesoro norteamericano con los saqueadores de la Unión Industrial, debería leer Clarín del martes 22. La nota, firmada por Marcelo Bonelli, anuncia la formación de «una comisión de expertos de 4 países» para «asesorar» a Duhalde. El objetivo de la comisión es armar «el consenso internacional» de apoyo al gobierno argentino. El «encargado de avanzar en la integración de la comisión» es «una figura de Washington», el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias. Pero lo verdaderamente jugoso de la nota es lo que sigue: «Desde mediados de año Iglesias está encargado del caso argentino por pedido expreso de la administración republicana. Su trabajo fue silencioso y durante sus gestiones con el anterior gobierno de Fernando de la Rúa propuso una salida similar a la que aplica ahora el propio Duhalde. Iglesias fue quien… invitó al Frente Productivo a exponer un plan de crecimiento frente a funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario. A su vez, un ex economista del BID, Ricardo Haussmann, propuso internacionalmente el programa de pesificación de la economía argentina». La nota termina señalando algunos de los puntos del programa de este frente yanqui-nacional: «el saneamiento de los bancos en dificultades», o sea subisidos del Banco Central o estatización de la deuda de sus clientes; «reformulación de la banca oficial», es decir retirarla del mercado comercial en beneficio de los pulpos privados; «instrumentación de la pesificación», lo que no es otra cosa que la licuación de la deuda en dólares del «Grupo Productivo», a costa de los ahorristas, que verán desvalorizados sus depósitos bancarios. Como se puede leer en otra página del mismo diario, este plan cuenta con el apoyo, entre otros, de Barello, Einaudi, Navajas Artaza y Leone, o sea de Fiat, Techint, Exxel y Acindar-Belgo Mineira, respectivamente.


Son los intereses de esta alianza los que dictan la política oficial. De un lado, la burguesía nacional, que pretende licuar su deuda, y del otro el capital norteamericano, que pretende ocupar el lugar de la banca europea y nacional en un nuevo ciclo de especulación financiera y de control industrial. A la luz de esto, no es un accidente que la Mesa de Concertación se encuentre formada por la Iglesia y las Naciones Unidas. Como señala Raúl Delatorre en Página/12 (22/1), «la pesificación… (que) transforma (las) deudas de los grupos exportadores en moneda devaluada, mientras siguen recibiendo ingresos en moneda fuerte … favorece a grandes grupos como las industrias siderúrgicas y alimentarias, y las cerealeras y aceiteras». El periodista también recuerda acertadamente que «la propuesta tiene un llamativo parecido a la que impulsaba la mesa del consenso que intentaba conformar la Unión Industrial, Confederaciones Rurales Argentinas y la CGT de Hugo Moyano, que además contaba con la participación de enviados de la Pastoral Social de la Iglesia».


Concertación de los saqueadores


La Concertación constituye, por lo tanto, el taparrabos político-espiritual de un plan de saqueo económico. Proyecta a escala nacional lo que el Banco Provincia de Duhalde y Ruckauf realizó en la provincia de Buenos Aires, cuando estatizó recientemente unos dos mil millones de dólares de los capitalistas industriales y agrarios de Buenos Aires. El equipo del Provincia regentea hoy el Ministerio de Economía. Realiza, casi al milímetro, la exigencia que Macri formulara en octubre pasado, de estatizar la deuda privada. En este desfalco consiste el planteo de Duhalde de gestar la «alianza con la producción», de la que son principales beneficiarios también los exportadores agrarios de capital extranjero.


El costo de este saqueo es sencillamente enorme, entre otras cosas porque la UIA reclama una pesificación de 1 a 1, en lugar de 1,40. Si al tipo de cambio oficial se ha estimado el costo en más de 20.000 millones de dólares, al viejo cambio la suma sobrepasa los 30.000 millones. Pero la «patria productiva» exige también la pesificación, o directamente la estatización, de su deuda privada con el exterior, que es del orden de los 45.000 millones de dólares, sin importarle, claro, que entre los beneficiarios estarían Telefónica o Repsol. Aunque la pesificación del «corralito» ha provocado una euforia de compras de acciones bancarias, ya que los bancos no deberán devolver los depósitos en dólares sino en pesos, al mismo tiempo ha abierto un fuerte frente de crisis, porque la pesificación podría ser aplicada a los 60.000 millones de dólares de bonos nacionales y provinciales que fueron transformados en préstamos bancarios al Estado, en octubre pasado. Finalmente, como el grado de la licuación de deudas y de confiscación de los pequeños ahorristas, dependerá del nivel que adquiera la cotización del dólar, existe una fuerte acción especulativa a favor de la mayor desvalorización posible del peso. El costo para los trabajadores sería, entonces, catastrófico incluso para el parámetro de catástrofe actual. En dos oportunidades, La Nación (18 y 21/1) se atrevió a conjeturar que semejante nivel de crisis podría provocar la caída del gobierno.


«Que se vayan todos»


Evitar este desenlace es el cometido que se ha asignado la Concertación. El gobierno le ha dado a las conclusiones a las que arribe, un carácter «vinculante». El duhaldista Diaz Bancalari, que confirmó este dato (La Prensa, 21/1), aportó también un planteo clave para caracterizar a la Concertación: «para lograr (‘la pacificación’), dijo, es imprescindible identificar a los grupos de provocadores organizados…», es decir al movimiento piquetero, a los partidos combativos, al movimiento de Asambleas Populares. Al mismo tiempo, los «concertadores» decidieron invitar al diálogo a un abanico que va de la Unión Europea a la CCC, a D´Elía y Castells. Es decir, que la Concertación es conciente de que para proceder con el saqueo económico, es necesario emprender una tarea política contrarrevolucionaria en todos los planos, que le da una importancia enorme a la cooptación de las organizaciones populares con tendencias colaboracionistas, como ya lo ha hecho con las CGT y la CTA.


Las Asambleas Populares que se desarrollan en todo el país, no parecen dispuestas, sin embargo, a dejarse cooptar. Su reivindicación general es muy clara: «Que se vayan todos». Tampoco admiten que el saqueo capitalista sea una inevitabilidad impuesta por la circunstancia de «que los dólares no están». Es así que plantean el no pago de la deuda y la nacionalización del sistema bancario.


El conjunto de la situación demuestra que se desarrolla una crisis de poder y mucho más profunda aún que la que derribó a De la Rúa. Como bien lo sintetizó un ex funcionario de la Alianza, lo que está en juego es el nivel de ingresos en que se apoyará una nueva estabilización. «Venimos —dice Miguel Bein (Cronista, 21/1)—, de 7.000 dólares de ingreso anual, transitamos a los 4.000 y no sabemos dónde se terminará». Lo que no dice el economista, sin embargo, es que a 7.000 dólares de ingreso por persona, el ingreso promedio de los trabajadores ocupados y en los planes Trabajar llegaba a los 200 pesos mensuales, por lo cual a un ingreso nacional medio de menos de 4.000 dólares, el del pueblo trabajador llegaría a ser inferior a los 100 pesos por mes. Este es el precio y la base de la estabilidad que aspira a conseguir Duhalde.


Se trata de una meta inadmisible para los trabajadores. Por eso llamamos a multiplicar las Asambleas Populares y la unidad en la acción de los trabajadores y la clase media; a intensificar los cortes de ruta y calles y los cacerolazos; y a preparar de este modo una gran huelga nacional. Para que la crisis la paguen los banqueros y patrones ladrones, nacionalizando la banca bajo control obrero y repudiando la deuda externa; y para «que se vayan todos» y la totalidad del poder pase a manos de una Asamblea Constituyente libre y soberana.


 


 


Todos al Cacerolazo el viernes 25 de enero


• Que se vayan todos

• No al pago de la deuda externa

• Nacionalización de la banca, las AFJP y las empresas privatizadas

• Juicio y castigo a los asesinos del 19 y 20 de diciembre

• Devolución de los depósitos. No al ‘corralito’

• Renuncia de la Corte Suprema de Justicia

(Programa votado en la Asamblea de Coordinación de las Asambleas Populares de la Ciudad de Buenos Aires, realizada en Parque Centenario el 20 de enero)

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