El Tribunal Oral Federal de Jujuy finalmente condenó a Milagro Sala a una pena de 3 años de prisión en suspenso por haber instigado a un escrache contra el gobernador Gerardo Morales, ocurrido en 2009. Los fundamentos finales serán dados los primeros días de febrero, pero la defensa ya anunció que apelará el fallo. Otros dos integrantes de la Tupac Amaru, Graciela López y Ramón Salvatierra, fueron condenados a tres y dos años, respectivamente, por “daño agravado”.

 

El gobierno persiguió afanosamente este fallo porque necesitaba una condena que justifique un año de detención de Sala sin sentencia. Su querella había solicitado la pena máxima de 8 años de prisión. Por el contrario, una absolución hubiera significado una desautorización, especialmente después de los reclamos internacionales de la ONU y la OEA. Morales reunió a la mesa nacional del comité de la UCR para que respalde su posición, organizó un multimillonario acto-festival el 9 de diciembre “por la paz y las libertades civiles” y montó una campaña mediática utilizando otros casos de agresiones por parte de la Tupac Amaru a trabajadores, cuando no era esto lo que se estaba discutiendo en la sala. El juicio estuvo atravesado por todo tipo de irregularidades y testimonios inconsistentes. Su resultado arroja un grave antecedente contra la protesta y las luchas sociales.

 

Apenas un puñado de ex funcionarios kirchneristas y algunos militantes de la Tupac se movilizaron al juzgado a aguardar la sentencia. Al momento de pronunciar sus últimas palabras, Sala ensayó una suerte de breve descargo político que redundó en los lugares comunes sobre “devolver la cultura del trabajo” y una defensa lateral al kirchnerismo.

 

Un proceso de larga data

 

El procesamiento de Sala por el escrache a Morales fue la espada de Damocles que pendía sobre la cabeza de Milagro desde el 2009 y fue utilizado por el kirchnerismo como un elemento para “contener” a la Tupac.

 

Recordemos que ésta fue una de las pocas causas contra Sala que siguió su curso, mientras las demás se cajoneaban.

En 2015, Sala solicitó una probation en esta causa y la Justicia -cuando todavía gobernaba el kirchnersimo- se la denegó. En abril de 2015, después de una movilización de más de 5.000 mil personas, solicitó la suspensión del juicio a prueba y ofreció a cambio realizar tareas comunitarias en la Secretaría de Prevención de la Drogadicción provincial y pagar una multa de 10.000 pesos. Tampoco tuvo resultado.

 

Cómo sigue

 

El gobierno ha armado una seguidilla de procesos que busca mantener a Sala detenida indefinidamente. Desde ya, Milagro va a continuar presa por las otras causas que tiene pendientes. El juicio contravencional por el acampe es la próxima instancia que le espera. Queda claro que el gobierno de Morales sólo ha podido avanzar en causas vinculadas a la protesta social, mientras encuentra terribles límites para avanzar en las que tienen que ver con desvío de fondos, corrupción y asociación ilícita, porque involucran a todo el entramado político y empresarial de la provincia, inclusive dirigentes nacionales.

 

Desde el Partido Obrero repudiamos este fallo y denunciamos la puesta en escena ordenada por Morales. Todos los abusos cometidos en este proceso, mañana podrán ser  utilizados contra los luchadores. Reclamamos la absolución de Sala en las causas que afectan el derecho a la protesta y el cese de su detención arbitraria, mientras se consustancian las demás causas judiciales en las que se la investiga.