Tuvieron que pasar exactamente 30 años desde el golpe de los Videla y Massera para que se produzca la primera condena contra un represor de la última dictadura militar. Pasaron, además, diez años desde que al ahora condenado “Turco Julián” se le iniciara una causa, luego de que pasara por distintos programas de televisión para reivindicar su labor criminal en varios de los campos de concentración de la época. Esta bestia dijo entonces “que volvería a hacerlo”, siendo que se le acusa, entre otras cosas, de torturar hasta la muerte a un secuestrado en silla de ruedas, de abusar de la mujer y secuestrar a su hija.

Esta rata de albañal era, de todos modos, un sádico más de la numerosa tropa de acción de los genocidas que siguen impunes. Ahora uno de los subordinados va a la cárcel como si se castigara simplemente un “exceso”. Un comunicado de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos concluye con toda razón: “regla de tres simple: una condena después de un proceso de ocho años; 30.000 desparecidos… 240.000 años”. El juicio al “Turco Julián” tuvo inclusive algo de farsa siniestra cuando se puso de relieve que el fiscal acusador — que pidió la mínima pena aplicable al caso— fue un colaborador del Ejército durante la dictadura, según consta en la causa sobre los crímenes en el I Cuerpo de Ejército.

La “Justicia”, entonces, es también un aguantadero. No hace mucho tiempo un comunicado de varios organismos de derechos humanos denunciaba el bloqueo sistemático a las causas contra los genocidas en la Cámara de Casación, que es el tribunal que recibe los recursos jurídicos destinados a la Corte Suprema y es utilizado por los defensores de los milicos y sus cómplices para dilatar las causas. Son integrantes de este “ilustre” tribunal figuras como el juez Bisordi, que califica de “delincuentes terroristas” a las víctimas de la dictadura.

Por eso, si la “primera condena” demoró 30 años, el viejo diario colaboracionista de los Mitre tiene que admitir ahora que “en las demás investigaciones el panorama es aún peor: en el expediente de robo de bebés, la Cámara Federal dispuso ya el año pasado la liberación de ocho militares por el vencimiento de sus prisiones preventivas…; a ese fallo les siguieron y les seguirán otros similares” (La Nación, 5/8). Así, “primero” comienza a llegar la muerte de los criminales (ídem).

Kirchner se lamentó públicamente de la “lentitud” de los juicios, pero ni siquiera dio curso al pedido de remoción de los jueces y fiscales de la Cámara de Casación. Treinta años y una condena: ¿no es una radiografía lapidaria de la miseria moral y política de nuestros “demócratas”?