A medida que se acerca la fecha en que se debe reunir la Constituyente, resulta cada vez más más claro que ésta corre más el riesgo de desintegrarse bajo el impacto de las contradicciones de la situación actual, que de coronar el propósito de asegurar la continuidad del régimen cavallo-menemista.

El fin de semana pasado, según informan los diarios, Menem le dio un primer “puntapié” en el trasero al “pacto de Olivos” al acordar con Cavallo la exclusión del temario de la Constituyente de los asuntos “habilitados” fuera del “núcleo de coincidencias básicas”. Alegando la necesidad de “defender el plan económico”, Cavallo impuso que se dejaran fuera del orden del día las cuestiones de ecología, de competencia y de coparticipación federal, que se encuentran planteadas en la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución. Se han descartado, de este modo, no se sabe si con el acuerdo de Alfonsín o no, puntos considerados vitales por varios partidos provinciales y en especial por Angeloz.

Constituyente clandestina

Pero no solamente esto: de acuerdo a La Nación (24/4), “de los 90 días de plazo original, apenas se piensa en 45 días”. Las razones de este procedimiento sigiloso es que “el gobierno, dice La Nación, no parece en condiciones de abrir el pacto, ni de tratar los temas habilitados fuera de éste”. De prosperar este intento, el gobierno que convocó a la Constituyente y pretendió imponerla incluso por la fuerza de un plebiscito fraudulento, ahora recula y plantea una Convención semiclandestina y amputada de la mitad de su temario.

Otra manifestación de la descomposición del proceso constitucional es la información que han brindado coincidentemente La Nación y Página 12 (22/4), sobre la maniobra que se está montando bajo la supervisión de Adelina de Viola, para que los partidos provinciales de Jujuy, Neuquén, Chaco y Tierra del Fuego otorguen los votos necesarios para aprobar la reelección inmediata, en el caso de que la UCR deserte del “pacto de Olivos”. Los provinciales negociarían la aceptación de la reelección a cambio de la eliminación de la posibilidad de elegir un tercer senador por provincia.

UCR en coma

Es indudable que la posibilidad de hundimiento del “pacto de Olivos” pasa, junto al retroceso electoral y político del peronismo, por la descomunal crisis del radicalismo. La totalidad de los opositores a Alfonsín han coincidido, con gradaciones variables de vergüenza o desvergüenza, en que es necesario separar el acatamiento del pacto Menem-Alfonsín de la interna partidaria destinada a destituir al presidente del radicalismo. El más franco en este sentido ha sido Angeloz, quien ha reclamado, por este motivo, que la reorganización de la UCR, tenga lugar recién en setiembre; Storani, De la Rúa y Casella han coincidido con el cordobés, aunque con un leguaje menos claro y mayor dosis de demagogia. El problema es que Alfonsín no acepta esa reorganización, porque implicaría su renuncia como presidente de la UCR y elecciones para todos los cargos. La obstinación con que los “antipactistas” del radicalismo defienden la necesidad de cumplir con el “pacto de Olivos”, traduce su temor de que el estallido del “pacto” podría afectar la “gobernabilidad” del menemismo.

La misma conciencia de “hombres de Estado” se manifiesta en el PJ, donde la necesidad de defender por motivos  de “estabilidad” la vigencia del “pacto”, pasa todavía por encima de la conveniencia de deshacerse de él para poder sacar la reelección sin la necesidad de tener que votar simultáneamente la segunda vuelta electoral. Pero es innegable que la decisión de Menem de excuir los puntos habilitados fuera del “núcleo básico” constituye un principio de ruptura del “pacto” y que este hecho debilita la posición de la UCR para cumplir con él.

Iglesia

Un frente de tormenta que también amenaza hacer naufragar a la Constituyente es el enfrentamiento en la provincia de Buenos Aires, suscitado por la falta de una mayoría que permita la reelección de Duhalde. En respuesta a esta situación, Duhalde ya ha dicho que los radicales podrían estar desatando “una caja de pandora” (Clarín, 24/4), lo que constituye una amenaza de proceder a fuertes represalias políticas.

La presión disolvente sobre la Constituyente parte también de la Iglesia —un “factor de poder” interesadamente disimulado por la gran prensa y por parte de los políticos capitalistas. La Nación informa (25/4) la constitución de “una Asociación Civil en Defensa de la Confesión Católica del Presidente, integrada por laicos de conocida actuación” y recuerda que “la Conferencia Episcopal Argentina… no emitió una opinión concluyente sobre el tema”. Refresquemos, por nuestra parte, que el Episcopado se manifestó partidario de introducir reformas clericales al texto constitucional, para lo cual sería necesario “abrir el paquete”, que no las contempla. La Nación concluye en que todo esto es “Una razón más para insistir en la necesidad de que las reformas incluidas en el Núcleo de coincidencias básicas sean evaluadas separadamente…”. Claro que si esto ocurre, la Constituyente puede terminar sus días en la nada con mayor rapidez que en la variante del cumplimiento del “pacto”.

Por si el embrollo no fuera ya bastante grande, una corriente de “politicólogos” estaría evaluando que la segunda vuelta electoral, impuesta por Alfonsín en el “pacto” como supuesta garantía contra una reelección de Menem sin una mayoría adecuada, perjudicaría ahora al propio radicalismo y hasta podría facilitar su disolución. El motivo es que el sistema de dos vueltas inhibe o atenúa la polarización entre los partidos principales ya en el primer turno, lo que en la actualidad podría dar al Frente Grande la oportunidad de disputar la segunda colocación a la UCR y sacarle, en consecuencia,  a los radicales la posibilidad de ir al ballotage. La estruendosa derrota electoral del 10 de abril ha puesto a la UCR en contradicción con la reforma del sistema electoral, la más apetecida por la totalidad de sus dirigentes.

Retroceso del régimen

La razón de todas estas contradicciones, que bien podrían resultar insolubles, es la derrota electoral sufrida por el menemismo y los pactistas el 10 de abril. La reforma constitucional tiene la pretensión de crear un régimen semi-plebiscitario (gobierno de la unidad más uno); con un Poder Ejecutivo, además de mayoritario, con sus poderes reforzados; estableciendo una virtual dictadura civil de base electoral que simplemente desconozca las limitaciones del parlamentarismo. Pero el 10 de abril el candidato a Bonaparte se achicó a las dimensiones de intedente de pueblo, y sus aliados ocasionales fueron sometidos al escarnio. El retroceso del menemismo, incluso contando con el apoyo del otro partido “mayoritario”, de un lado, y la reforma plebiscitaria de la Constitución, del otro, se encuentran en una contradicción que sólo puede ser resuelta por un atropello constitucional contra la mayoría del electorado o con la disolución de la Constituyente.

Obviamente, el retroceso peronista-radical (dos millones de votos en seis meses) es una consecuencia del derrumbe en perspectiva del plan económico; de las infinitas penurias que ha causado a las masas; y de la tendencia a la rebelión de los explotados.

La posibilidades que todas estas contradicciones ofrecen para hacer fracasar la Constituyente y su objetivo reaccionario, desnudan con enorme nitidez las posiciones miserables del Frente Grande, que reclama “abrir el paquete” establecido en el “pacto”, en una misma línea con La Nación y el Episcopado, como si la discusión “punto por punto” modificara la posibilidad que tiene la ficticia mayoría pactista de imponer la reelección y el gobierno por decreto, y aun la posibilidad de conseguir el apoyo, por añadidura, de una cierta cantidad de partidos provinciales que dependen económicamente del oficialismo.

Frente Grande

En un artículo para Clarín (25/4), que supera mucho de lo conocido en materia de obsecuencia, tanto en lo que se refiere al contenido como a la forma, es decir, en el estilo, el Chacho Alvarez reclama el voto “punto por punto” como “un gesto democrático” de los pactistas, lo cual en nada les impediría a éstos “cumplir sin más (con) los compromisos asumidos frente a sus votantes”. Es decir que el Chacho Alvarez no solicita “abrir el paquete” para derrotar al “pacto” sino para que éste salga airoso o victorioso de cualquier manera. Alvarez reclama el voto “punto por punto” para poder votar él, así lo dice, los puntos del paquete con los que está de acuerdo, y no tener que verse obligado a rechazarlos si vienen atados. Para Alvarez los convencionales pactistas tienen nada menos que el deber de votar a favor de cada uno de los puntos del “pacto”, esto —dice— en virtud de los “compromisos asumidos con los votantes”. Reclama el salvataje de la porquería, no enviarla al tacho de basura. Alvarez desborda su propia obsecuencia cuando amenaza con calificar a los pactistas como“menos confiables que la mafia”, si no votan los puntos del pacto. En momentos en que el pacto siniestro hace aguas por todos lados, el mandamás del Frente Grande publica un alegato en favor de su cumplimiento.

“Nadie tendría que desandar sus compromisos con la gente”; así se refiere Alvarez a la necesidad, para él, de que los convencionales pactistas refrenden el “pacto” — eso sí, “punto por punto”. De este modo, el frentegrandista Chacho Alvarez ha superado a los propios pactistas, y esto de puño y letra, en la obsecuencia al “pacto”. Con esto, Chacho Alvarez se manifiesta como el más grande defensor de la reelección de Menem, de su mandato de diez años, y de todas las otras yerbas que esgrimió en la campaña electoral para mejor atraer a los incautos.

Sin embargo…, porque hay un sin embargo. Sí, el Frente Grande reclama “abrir el pacto” para legitimarlo, no para derrotarlo, y para encubrir su complicidad con los pactistas a los ojos de quienes lo votaron. Sí, el Chacho exige que los pactistas “cumplan democráticamente” con sus electores, pero él no quiere hacerlo con los suyos, ante quienes se comprometió en procurar la derrota del “pacto” y de sus signatarios. Sin  embargo… los pactistas, a pesar de los elogios y de las garantías, temen que “abrir el paquete” constituya un salto a los desconocido. Pero si no se “abre”, el Frente Grande no podría encubrir nada con su voto; no sólo debería votar en contra sino hasta estaría obligado a denunciar el voto atado de los pactistas, como si ese voto no estuviera igualmente atado aun si se vota “punto por punto” y, si como quiere Alvarez, cumpliendo con los electores. Ante esta impasse, se entiende la información de La Nación de que “no se descarta la posibilidad de que (el FG) determine que, en caso de que el paquete de Olivos no se abra… todo el bloque se retire del recinto”. A esto llegamos.

Disolución

Es necesario impulsar una clarificación de las contradicciones políticas de la Constituyente; de la conspiración política que pretende salvarla a costa de los derechos del pueblo y de los reclamos del electorado, el 10 de abril; y reforzar la campaña de reclamo de disolución de la Constituyente reaccionaria y de retiro en masas en los partidos populares que hicieron campaña electoral contra el pacto de Olivos.