En una entrevista de la que participaron Gerardo Martínez (Uocra) y Teddy Karagozian (empresario textil), el burócrata sindical confirmó que el nivel de empleo actual de la Construcción es igual a 40 años atrás, a poco de eliminarse las indemnizaciones laborales por medio del Fondo de Cese Laboral, para abaratar “costos laborales”.

El dirigente de la Unión Obrera de la Construcción, y ex “Batallón 601” de la dictadura militar, señaló que a su ingreso al Uocra, bajo la dictadura en el ´79, el empleo se encontraba en unos 360.000 trabajadores formales, misma cantidad que existe a la fecha, descartando que la eliminación de derechos laborales haya implicado una tendencia alcista en las contrataciones y /o regularización de trabajadores.

Un resumen de las estadísticas publicadas por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), con datos desde el 2007, da cuenta de que esta regulación laxa le otorgó versatilidad a las patronales para tomar y deshacerse de personal según la demanda del mercado, lo que solo redundó en un beneficio para los capitalistas de la construcción.

Beneficios patronales

El régimen especial de la construcción, consagrado en la ley 22.250 con el aval del entonces secretario general de la Uocra, Rogelio Coria, incorpora el instituto del Fondo de Cese Laboral, o Fondo de Desempleo, reemplazando la indemnización por despido. Esto supone el aporte de un 12% mensual, durante el primer año, y un 8% en adelante, que va a integrar un fondo bancarizado que se devuelve al trabajador con su desvinculamiento de la empresa.

Por esta vía, los trabajadores son quienes, en los hechos, se pagan su propia indemnización, sin tener lugar a reclamo por despidos injustificados y por cifras y valores inferiores a los que se manejan en sede judicial. Además, este instituto también absorbe el beneficio de adicionales por antigüedad, algo que prácticamente no existe en la industria de la construcción.

Tal como lo expresó Gerardo Martínez, la existencia de este Fondo de Desempleo, el cual es pretendido por las patronales para toda la industria y los servicios, como uno de los ítems de una eventual reforma laboral, no implicó un crecimiento en la nómina de trabajadores registrados, ni en la generación de empleo, sino más bien una mayor versatilidad para las constructoras y contratistas. Se estima que un 15% del total de la nómina de trabajadores de la construcción se renueva año tras año, lo que da cuenta de una industria con un empleo altamente volátil y sin garantías de estabilidad.

Esta flexibilidad se refleja también en que los niveles de empleo se mantengan en el mismo umbral de hace más de 40 años, contra una población total y laboral que se ha ido incrementando. Incluso actualmente se ubican en 65.000 puestos de trabajo menos de lo que podría considerarse la media de los últimos años.

Y esto no es porque haga falta el trabajo, sino porque lo que prima es la superexplotación de los obreros y los aumentos de los ritmos de producción. Es lo que se desprende de los últimos números del Indec respecto al salto de las horas trabajadas (132%) en relación a la incorporación de nuevos trabajadores (34,8%).

Una reforma laboral que ataque las indemnizaciones por despidos implicaría una estación más del recorrido de ajuste que plantean las patronales, y dotaría de facultades ultradiscrecionales a los capitalistas para imponer su disciplina y voluntad en los lugares de trabajo. No para generar empleo, sino para manipular y adaptar el trabajo existente a su rentabilidad y mayores beneficios.

Para generar empleo hay que terminar con el parasitismo capitalista y la huelga de inversiones. Para frenar con la desocupación hay que avanzar en la protección y ampliación de los derechos laborales; con el reparto de las horas de trabajo sin disminución salarial, y un plan de obras públicas, viviendas y reactivación de la industria, financiado con la nacionalización de la banca, el comercio exterior, el no pago de la deuda externa y un impuesto a las grandes fortunas.

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