Políticas
17/12/2024
Neuquén
El gobierno contrata a ART Horizontes Seguros S.A. para negar los accidentes laborales
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Corresponsal.
La abierta guerra de carpetazos entre el gobernador y el conjunto de bloques patronales contra la vicegobernadora por la declaración de “inhabilidad moral”, y el contraataque de ésta denunciando al gobernador, ha tenido esta semana nuevos episodios.
Tras el proceso en curso en la Legislatura para la destitución de la vicegobernadora, donde una comisión investigadora presentó un informe, que poco tiene de investigación y mucho de corte y pegue de informes de distintos organismos y del Ministerio Público Fiscal, este mismo ministerio se enteró sorpresivamente que la vicegobernadora, y ex intendente de Plottier, había realizado contrataciones para obras con una empresa fantasma.
La vicegobernadora respondió con munición gruesa, cuando expone la contratación directa, por decreto, de la aseguradora Horizonte S.A. (del gobierno rionegrino) para brindar los servicios de ART para los empleados del Estado provincial.
El gobierno respondió, tal vez afectado por la denuncia, que la contratación directa por casi 80.000 millones de pesos se debió a que “la alícuota propuesta es de 1,98%, inferior a la actual que asciende a 2,89%, representando para la Provincia de Neuquén un ahorro anual de $8.779.615.103” (Resolución del Directorio del BPN S.A., 12/05/2024), tirando por elevación contra la contratación más cara del anterior gobernador, Omar Gutiérrez del MPN.
Este intercambio de carpetazos demuestra que tanto el gobernador como la vicegobernadora conocían mutuamente sus manejos irregulares con fondos públicos, pero se callaron la boca hasta que estalló la crisis institucional por el proceso de destitución de la segunda. Hay que considerar que si el Ministerio Público Fiscal demuestra que en su período como intendenta realizó acciones de fraude al fisco, el gobernador eligió como compañera de fórmula a una persona que no tenía “ficha limpia”.
Horizonte S.A. una línea hacia atrás
El decreto del Ejecutivo provincial se publicó resumido en el Boletín Oficial del 26 de abril de este año bajo el Nº 365. Allí se autoriza lo actuado por el Banco Provincia del Neuquén S.A. con respecto a la contratación como ART para todas/os los empleados de “la Administración Pública Provincial Centralizada, Descentralizada, Organismos Autárquicos y Empresas del Estado Provincial dependientes del Poder Ejecutivo Provincial del Estado” por la suma de $79.701.894.333,63, “conforme la masa salarial informada por el Poder Ejecutivo, según sueldos al mes de enero del corriente año”.
El BPN S.A. actúa, dice el decreto, como “agente institorio de seguros de la Provincia”. Y se hizo por contratación directa. El Decreto tiene alguna incoherencia. Por ejemplo afirma en los considerandos que la “propuesta económica formulada” por Horizonte S.A. Aseguradora incluye también al personal del “Banco Provincia del Neuquén y la Fundación del Banco Provincia del Neuquén”. Estos dos últimos organismos no están incluidos en la parte resolutiva, a pesar de figurar en la parte de Términos y Condiciones del documento preliminar suscripto con la ART, que el BPN S.A. elevó al Ministerio de Economía.
El monto aceptado en el decreto mencionado más arriba incluiría también (no queda detallado en los considerandos) la suma fija por agente, establecida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que para el mes de mayo (el inicio de la contratación) era de $615 por empleada/o. Hay que sobrentender que el monto contratado es por el año de vigencia de la contratación directa (prorrogable por otro año).
La masa salarial de enero 2024, según el propio gobernador, fue de aproximadamente $110.000 millones. El 1,98% de la base imponible para la ART (que incluye las sumas no remunerativas) sobre ese monto, puede deducirse en alrededor de $2.200 millones mensuales, a lo que debe agregarse la suma fija de $615 por cada una/o de los 72.132 empleados de la Provincia (según el contrato), o sea unos $44 millones más. Anualizando la sumatoria de ambos conceptos, y considerando trece salario anuales, tendríamos un monto de alrededor de 30.000 millones. Muy lejos del monto contratado en forma directa con Horizonte S.A.
Aunque el decreto no lo dice, si se hubiera incluido la evolución salarial por IPC para el año de la contratación directa, dicha evolución debería superar de mayo 2024 a abril 2025 el 165% para llegar al monto contratado de casi $80.000 millones. Dado que incluyendo el IPC de noviembre, la variación desde enero 2024 hasta ese mes es del 86%, el IPC debería incrementarse en los próximos cuatro meses en un porcentaje igual al que se incrementó desde enero hasta noviembre inclusive. Debería ocurrir una devaluación violenta para que eso ocurra. Sin embargo no es lo que prevé el gobierno, que calcula para todo el 2025 un incremento del IPC del 18,3%. Algo no cierra en esta contratación directa.
Beneficios para el BPN S.A., padecimientos asalariados
La oferta de Horizonte mantiene el pago de una “comisión” del 5% de la prima para el BPN S.A. en concepto de gastos de administración. O sea la nada despreciable suma de $4.000 millones en el año.
Tal como lo presenta el gobierno, estaríamos ante un ahorro para el fisco, una ventaja de ingresos para el BPN S.A.. Lo que no dice ni el decreto, ni el directorio del banco (que actúa como agente institorio según el Decreto 2748/96) es que los que no se benefician pero sí lo pagan con su salud son las y los trabajadores dependientes del Estado neuquino.
Es que los rechazos de accidentes laborales sufridos, por ejemplo, en las escuelas, es una figura reiterada de esta ART. Lo mismo que su atención, e incluso las entrevistas médicas, se hacen en forma virtual, a veces de la sede de Horizonte S.A. en la CABA, otras desde su sede en Viedma. Esto viola el punto d de los requisitos establecidos en el documento preliminar, que obliga mediante declaración jurada tener con sede en Neuquén “oficinas propias de atención comercial, de denuncias y reclamos”, o “instalarlas en un plazo no mayor a 60 días desde la confirmación de la oferta”. A pesar de haber constituido una sede en Neuquén se atiende a distancia.
Se rechazan muchos casos de violencia contra la docencia diciendo que no se trata de un hecho “súbito y violento”, por no existir lesiones físicas. Pero la docencia es violentada de forma “súbita” cuando una persona mayor ajena a la escuela, la amenaza de muerte. Para la ART esto no constituye un accidente laboral, aunque las definiciones normativas sobre violencia, incluso del propio Consejo de Educación, catalogan como tal no solo a las agresiones físicas, sino verbales, psicológicas o simbólicas (por ejemplo aquellas referidas al género).
Ni hablar que cuando no tiene más remedio que considerar un accidente laboral por existir lesiones físicas, manda antes de los diez días a seguir el tratamiento en forma privada a las o los accidentados. Esto porque a partir del día 11º la ART se debe hacer cargo de los salarios de los mismos. Y por supuesto, a pesar que la ART está obligada a pagar los gastos de traslado para exámenes médicos periódicos, no los reconoce. Ni hablar que no hay capacitaciones en seguridad laboral, indicaciones con cartelería en los lugares de trabajo, ni la cantidad de obligaciones que las normativas exigen a las ART. Son constantes las denuncias que llegan al sindicato en ese sentido y los reclamos realizados a través de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (la Comisión 9) sin que ésta actúe a favor de las y los accidentados.
También la ART se ha negado a reconocer enfermedades de las cuerdas vocales (enfermedad profesional docente), aduciendo que se trata de padecimientos de vieja data o adquiridos fuera del ámbito laboral.
En síntesis, el ahorro real para el fisco es el padecimiento de 72.132 empleados estatales de Neuquén que tenemos cobertura de ART solo formal. En los hechos estamos desamparados. Un tema muy sentido que se debe incluir en el pliego de reclamos, porque la violencia hacia la docencia promovida desde el Estado, es cada vez mas frecuente y furibunda, y esto se debe considerar accidente laboral, o el maltrato de parte de las o los funcionarios