En estos días se produjeron en la provincia de Río Negro una serie de allanamientos judiciales a las constructoras ECA, Eraiki SA y Urban SA, en relación a una investigación por sobreprecios en el Plan Federal de viviendas Techo Digno.

Si bien este plan fue impulsado por el gobierno kirchnerista (entre 2012 y 2015), los desmanejos involucran también a los municipios que debían ejecutar las obras, muchos de ellos en manos de otras fuerzas políticas (como Viedma, donde gobiernan los radicales). Los municipios involucrados son Viedma, San Antonio, Conesa, Sierra Grande, Río Colorado, Choele Choel, Godoy, Cervantes, Fernández Oro, Cinco Saltos, Cipolletti, Campo Grande, Jacobacci y Bariloche.

El Estado se encargó de pagar a las empresas por viviendas que llevan años sin terminarse. 

Un dato altamente llamativo es que, pese a las investigaciones en curso, la empresa ECA sigue al frente de los planes de vivienda como en el caso de General Godoy, y otras como Eraiki SA están a cargo de la ciudad judicial de Villa Regina, obra del Plan Castello.

La estafa con la obra pública por parte del Estado y las empresas privadas se combina con el problema de la falta de vivienda que afecta a miles de familias en la región. Ni el oficialista Alberto Weretilneck ni los Soria ofrecen una salida a esta problemática.

Desde el Partido Obrero en el FIT Unidad planteamos la apertura de los libros contables de los municipios y el desarrollo de un plan de viviendas populares bajo control de los trabajadores.